Al nuevo Programa de Salud Mental presentado por el Gobierno de la Ciudad debemos reconocerle la capacidad que ha tenido para alentar el debate sobre las distintas concepciones que existen con respecto a este tema. En general las discusiones giraron en torno a la falta de comunicación y planificación oficial, al negocio inmobiliario e incluso alguien afirmó que no existe ningún programa. En este artículo la Lic. María Cristina Paladino, Presidente de la Asociación de Profesionales en Servicio Social de la MCBA y Secretaria Gremial de la Federación de Profesionales, nos muestra la otra cara de esta realidad: los pacientes.
A continuación el texto de la Lic. Paladino.

El actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado ante la opinión pública un ambicioso Programa de Salud Mental. El mismo fue diseñado de manera inconsulta, sin tener en cuenta los puntos de vista de aquellos que cotidianamente trabajan en el área y además no es preciso en cuanto a la viabilidad de su aplicación.

Para rediseñar el abordaje a la salud mental es fundamental conocer la Ley 448, favorecer su difusión y exigir su cumplimiento. También se tiene que considerar el problema desde una mirada diferente, que tenga en cuenta los derechos de quienes sufren padecimientos mentales, de aquellas personas que están excluidas del contexto social. No hace falta cerrar establecimientos asistenciales ni desarmar redes funcionantes. Lo que se impone es optimizar los recursos existentes a través de una mirada integradora que no considere al enfermo mental como objeto de políticas focalizadas y acotadas, sino que considere a la salud mental como otro elemento a incorporar dentro de amplias políticas sanitarias, no fragmentadas ni discriminatorias.

El pensamiento de la  Institución que presido es que la atención de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires debe ante todo dignificarse, tanto en lo que se refiere a la atención de los pacientes como a las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en el área.

Es imprescindible considerar al enfermo mental como sujeto de derecho, fortaleciendo sus vínculos, consensuando con él sobre cual puede ser la mejor forma de abordar su enfermedad. Hay que respetar sus sentimientos, asegurarle la posibilidad de acceder a un trabajo y a una vivienda digna, y sobre todo hay que promocionar en la sociedad la importancia de ayudar, apoyar y asistir a las personas con esta patología, sin excluir y sin discriminar.

Diferentes experiencias sobre la implementación de políticas en salud mental en otros ámbitos sociales han demostrado que la única manera seria de abordar el tema es estableciendo medidas progresivas, consensuadas y viables, que permitan la paulatina integración de los pacientes recuperados y la asistencia eficaz, profesional y permanente de aquellos que no podrán ser externados.

La creación de instancias intermedias de atención es auspiciosa, siempre que anteceda a la externación y al desmantelamiento de grandes instituciones hospitalarias que, más allá de una razonable necesidad de ser modernizadas, sirven en la práctica como el único espacio de contención para muchos seres olvidados por la sociedad y por los gobiernos.

Cada paso debe ser tomado con seriedad y responsabilidad, procurando el aporte de todos aquellos profesionales y trabajadores involucrados. Las políticas deben ser concensuadas poniendo siempre la mirada en el paciente, a quien debemos respetarlo e integrarlo a la vida comunitaria y social.