En este espacio les proponemos recorrer aquellas noticias que salieron publicadas en los medios durante los meses de septiembre, octubre y lo que paso de noviembre de este año. Los artículos que Ud. encontrará en nuestra selección, tratan temas vinculados a la salud y sus ámbitos: científico, político, institucional, comunitario y gremial.

Los medios de comunicación seleccionados para este resumen son, en su gran mayoría, periodísticos y de gran repercusión en la opinión pública a nivel nacional. Pero también escogimos algunos artículos de publicaciones especializadas, o institucionales, que divulgan temáticas específicas vinculadas a la salud.

Sabemos que la velocidad con que se suceden los acontecimientos muchas veces atentan contra la comprensión de los mismos. Quizás el recorrido por estas noticias ayude, poniendo la mirada en el pasado, a entender nuestro presente.

ADN CIUDAD 08/08/08

La Ciudad insiste

El Ejecutivo porteño solicitó a la Justicia que deje sin efecto la medida cautelar por la cual suspendió la licitación que llamaba a concurso para construir un Centro de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires solicitó que deje sin efecto la medida cautelar por la cual suspendió la licitación que llamaba a concurso para construir un Centro de Salud Mental en Olivera al 500, Parque Avellaneda, dependiente del Ministerio de Salud porteño. El recurso de reposición fue presentado el miércoles por el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, ante el Juzgado de feria de primera instancia Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Los fundamentos del escrito señalan que, a la hora de dictar la medida cautelar contra la construcción del Centro de Salud Mental, el juez Hugo Zuleta no tuvo en cuenta que el Código de Planeamiento Urbano permite la instalación de ese tipo de establecimientos asistenciales, a condición de que pertenezcan a la Red Sanitaria de la Ciudad, como efectivamente es el caso.

El texto indica que el predio de Olivera al 500 “se encuentra zonificado como 'U2'. La zonificación U2 supone una urbanización especial que contempla la edificación de conjuntos habitacionales con entornos parquizados, y donde es admitida la instalación de equipamientos compatibles con el uso residencial”.

“Dentro de éstos se encuentran los establecimientos educativos, cuarteles de bomberos, comisarías, oficinas dependientes del Gobierno de la Ciudad y centros de salud”, puntualiza. Además señala que “para esta zonificación, el Código de Planeamiento Urbano determina normativa de tejido y usos particulares compatibles con la calificación R1b1 y R2b2”.

“Bajo estas calificaciones -prosigue el texto -, si bien se prohíbe el uso para la instalación de ciertos centros de salud privados, se admite especialmente la instalación de cualquier tipo de 'Centro de Salud Mental' siempre y cuando éstos pertenezcan a la Red Sanitaria de la ciudad de Buenos Aires”.

Cabe recordar que, la medida de “no innovar” fue pedida por los vecinos del barrio Alvear, quienes -junto al diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)- vienen reclamando que el sitio elegido para la construcción del Centro siga siendo un espacio verde.

PAGINA 12 14/08/08

El privilegio de pertenecer

El gobierno de la ciudad les concedió vacantes a diversas universidades privadas para que sus alumnos de Medicina hagan residencias en hospitales porteños. La UBA advirtió ayer que implica una transferencia de recursos del sector público al privado.
Aprobada por Mauricio Macri, la concesión a universidades privadas de vacantes para realizar prácticas en los hospitales porteños generó el rechazo de la comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También, de todo el espectro político opositor al gobierno de la ciudad, que ayer presentó en la Legislatura un proyecto de declaración contra la iniciativa. Los estudiantes de Medicina advierten que la concesión provocará una “pérdida de plazas para residentes provenientes de la universidad pública”, perjudicando el Estado a una de sus propias instituciones, en favor de la educación privada. En la actualidad, los 32 hospitales de la ciudad no tienen ni siquiera plazas suficientes para los miles de alumnos de la UBA.

El malestar académico fue manifestado ayer por profesores, graduados y alumnos, en el Consejo Superior de la UBA. El cuerpo declaró que la medida de Macri “representa un riesgo para la defensa de los intereses de la educación pública” e “implica un uso indebido de la infraestructura y de los recursos humanos de los hospitales dependientes del sistema público de salud, generando una transferencia directa de recursos del sector público al privado”. Tras expresar su “más profunda preocupación por la firma de los convenios”, solicitó a la Legislatura porteña que los derogue.
Los convenios que dispararon el conflicto fueron firmados a principios de mayo entre la ciudad y las siguientes instituciones privadas: Universidad Austral, Fundación Barceló, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, Fundación Universitaria René Favaloro, Universidad Maimónides, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista de La Plata, UCES, Universidad del Salvador y Universidad Abierta Interamericana. Todas ellas fueron autorizadas a realizar “sus actividades académicas y capacitación de grado y posgrado”, a cambio de abonar “el 10 por ciento de la remuneración bruta del residente de primer año”.

“El gobierno de la ciudad está atentando contra la educación pública. Los estudiantes de la UBA vamos a terminar perdiendo las pocas plazas que tenemos en los hospitales porteños”, exigió Yamila Aparicio (QRS), presidenta del centro de estudiantil de Medicina.

En la Legislatura porteña, el edil Martín Hourest (bloque Igualdad Social) elaboró un proyecto de declaración en contra de lo firmado por Macri, sosteniendo que “estos convenios implican un paso hacia la privatización segmentada de los hospitales de la ciudad, y un subsidio encubierto a la educación privada, ya que la contraprestación convenida es irrisoria”. La iniciativa fue acompañada por diputados de todo el arco opositor y fue presentada ante la Comisión de Labor Parlamentaria. Pero la mayoría macrista votó en contra. La oposición intentará hoy que se trate sobre tablas, mientras frente a la Legislatura, desde las 19, diversas agrupaciones estudiantiles convocaron a una concentración.

CLARÍN 19/08

El viejo proyecto que encontró su lugar

Años atrás se habló de un polo tecnológico en Barracas. El Gobierno de la Ciudad anunció su intención el año pasado de construir uno en Parque Patricios. Pero lo más concreto rodea la historia del viejo edificio de las ex bodegas Giol y Santa Ana (sobre las vías del San Martín, entre Godoy Cruz, Paraguay y Soler, pleno Palermo). La estructura enorme y abandonada se transformará en un polo científico y tecnológico, como si encabezara la idea global de los que ingeniaron la movida de Palermo Valley.

La presidenta Cristina Fernández presentó el proyecto en enero. Allí estarán las sedes del flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), de los Institutos de Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas, del Conicet, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del CAIC e, incluso, un museo. La superficie fue cedida por el ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) al Ministerio de Educación de la Nación, en 2005.

NOTICIAS URBANAS 21/08/08

Ibarra volvió a cuestionar la gestión de Macri

El ex jefe de Gobierno y actual legislador porteño, Aníbal Ibarra, volvió a lanzar críticas en contra del actual jefe comunal, Mauricio Macri. El eje de las acusaciones fue la alta subejecución del presupuesto previsto para 2008 que Ibarra le adjudica a la actual gestión. "Los datos oficiales brindados por el propio Gobierno de la Ciudad sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio demuestran que el macrismo tiene plata pero no la gasta en obras", afirmó.

La carga de cartuchos que el legislador y ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra posee para disparar contra el actual, Mauricio Macri, parece no tener fin. Una vez más la ejecución del presupuesto fue el centro de las críticas del diputado del bloque Diálogo Por Buenos Aires, quien afirmó, mediante un comunicado de prensa, que "si Macri manejara las finanzas de sus empresas como está haciendo con los recursos de la Ciudad no duraría demasiado en el directorio".

"Los datos oficiales brindados por el propio Gobierno de la Ciudad sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio demuestran que el macrismo tiene plata pero no la gasta en obras tal como dice la profusa publicidad oficial", explicó Ibarra. Luego explicitó los datos a los que hizo referencia para apoyar sus declaraciones. En primer lugar aseguró que "en el Ministerio de Desarrollo Urbano sólo se gastó el 10,88 por ciento del total previsto para obras, en el de Desarrollo Social sólo el 5,57 por ciento y en el de Cultura sólo el 2,37 por ciento".

"Macri habla de la educación y de las obras en escuelas, pero los números demuestran que durante los primeros seis meses de año sólo invirtieron el 6,31 por ciento del total previsto para el año (gastaron en el primer semestre 17, 3 millones de pesos sobre 274 millones de pesos previstos para todo el año)", continuó el legislador. Y agregó: "Mientras tanto hay una situación de crisis en infraestructura escolar que el Gobierno no resuelve a pesar de contar con los recursos”, agregó el ex jefe de Gobierno.
"En el área de salud pasa algo similar ya que en el primer semestre sólo gastaron el 6,29 por ciento del total previsto para obras en el año (gastaron 14, 8 millones de pesos a junio del total de 236 millones previstos para todo el 2008). Mientras Macri habla de la salud pública no invierte los recursos que tiene para mejorar hospitales y centros de salud", continuó. Luego ironizó: "Eso sí, en sueldos y gastos corrientes el gobierno macrista gastó en el primer semestre casi el 50% del total. Ahí sí son eficaces".

Para finalizar habló acerca de un pedido del actual jefe de Gobierno "para gastar mil quinientos millones de pesos más en sueldos y pagos a empresas por encima de lo previsto en el presupuesto 2008. O sea que mientras Macri no gasta lo que recauda en obras pide permiso para gastar más en sueldos y pagos a empresas", concluyó.

CLARIN  25/08/08

Denuncian irregularidades en un millonario plan de Salud

El Plan Nacer invierte US$ 430 millones para disminuir la mortalidad infantil. Lo financia el Banco Mundial y hay sospechas de sobreprecios y contratos "exorbitantes". Ya lo investiga la Justicia.

Por: Gerardo Young

Denuncias sobre pedidos de coimas, sobreprecios millonarios, encuestas infladas y auditorías millonarias que cuestan hasta cuatro veces más de lo previsto. Estas y muchas otras irregularidades se detectan en la ejecución de un programa oficial para invertir 430 millones de dólares en combatir la más imperdonable de las miserias: la mortalidad infantil.

Las sospechas apuntan contra funcionarios del ministerio de Salud de la Nación y contra el Banco Mundial, organismo que financia el proyecto, además de contra proveedores y consultores internacionales y locales. A través de un pedido de Acceso a la Información Pública, Clarín analizó la documentación de respaldo del Plan Nacer y encontró sorpresas de lo más costosas. Para empezar, la demanda de uno de los proveedores habituales del Estado que en noviembre de 2007 denunció la fabricación de una licitación, el pago de sobreprecios por varios millones de dólares y un intento de coimas de parte de "algún funcionario" del Ministerio de Salud.

En paralelo a esa denuncia, hubo otra desde adentro del Ministerio. En diciembre de 2007, un economista del Plan Nacer acusó a funcionarios del Ministerio de digitar licitaciones y otorgar "contratos exorbitantes" a consultoras y empresas de auditoría. Se refería, en concreto, a dos auditorías externas que costaron más de ocho millones de dólares aunque inicialmente estaban valuadas en mucho menos, y a encuestas locales también costosísimas, entre ellas una sobre la situación de los grupos indígenas, casi idéntica a otra que había hecho el INDEC meses antes (Ver Las Encuestas...).

El Plan Nacer es una iniciativa del ex ministro de Salud, Ginés González García, que fue aplaudida por el Banco Mundial y hoy está siendo copiada en Sudáfrica, por sus buenas ideas. Consiste en el financiamiento del sistema de salud público a través de cápitas e incentivos, que empujan a médicos y pediatras del sistema público a buscar la atención de embarazadas, neonatos y chicos de hasta seis años que no cuentan con obra social. El plan está en plena ejecución y prevé dar cobertura, hasta el 2011, a algo más de 700 mil mujeres y niños de todo el país.

Pero no es el Plan el problema, sino los contratos dentro del Plan. ¿Qué dicen en el ministerio de Salud? En medio de la ejecución del programa hubo cambio de autoridades -se fue González García-, pero trascendió que la nueva ministra, Graciela Ocaña, ya mandó a detener un pago que le pareció "poco conveniente" para la compra de un sistema de videoconferencias, valuado por el Plan Nacer en casi un millón de dólares.

Los primeros ruidos sobre este Plan datan del 15 de noviembre de 2007, cuando el empresario argentino Arturo Curátola, presidente de la empresa Melenzane S.A., denunció en Washington, ciudad sede del Banco Mundial, que se estaban pagando sobreprecios por más de 5,8 millones de pesos dentro de una licitación para adquirir heladeras para hospitales, cunas acrílicas, incubadoras y otros insumos de lo más delicados y necesarios. Según Curátola, su empresa fue desplazada de esa licitación por no haber querido pagar una coima -un "canon", según le habría dicho "alguien" al teléfono- del 10% de las órdenes de compra, que sumando toda la licitación alcanzaban los 30 millones de dólares. A raíz de eso, este empresario decidió cotejar los precios de algunos insumos pagados por el Plan Nacer. Y encontró sobreprecios en estos rubros:

Se compraron incubadoras por 782.900 pesos cuando el precio de mercado era de 562.000.
Heladeras por 3.935.000 pesos, cuando el precio de mercado era de 1.643.000 pesos. Vitrinas para medicamentos por 3.095.326 pesos, cuando se conseguían a 1.914.220 pesos.

Otros ejemplos presentados por la empresa llevaron al Banco Mundial a abrir un expediente en su oficina de Asuntos Institucionales, en Washington. Algunas fuentes consultadas por Clarín sugirieron que había sido enviada a la Argentina una misión de auditoría, aunque esto fue en parte "negado" por voceros oficiales del Banco: "No damos información sobre el estado de los casos hasta que no se terminen de analizar", explicaron voceros del organismo. Además, enviaron a Clarín un escrito de 46 carillas respondiendo a los cuestionamientos al Plan.

Apenas unas semanas después de la demanda en Washington, en diciembre del año pasado otra denuncia, pero ahora de cabotaje, irrumpió en el ministerio de Salud y pasó a formar parte de los extensos expedientes del Plan Nacer a los que accedió este diario. Ocaña, la nueva ministra, recibió un escrito de Jorge Rodríguez, economista y miembro contratado del equipo ejecutor del Plan, denunciando "irregularidades" de parte de un grupo de funcionarios de primera línea del Ministerio. A Alfredo Perazzo, hasta diciembre de 2007 Director del Área Técnica del plan, le achacó "la contratación de consultorías externas "a valores exorbitantes que nos plantean la eventual existencia de negocios sumamente turbios". Esas contrataciones fueron luego revisadas por Clarín en el ministerio de Salud.

Rodríguez cuestiona también las licitaciones y compras de insumos sanitarios, pero ya no por sus montos, sino por la calidad de la mercadería entregada. Al parecer, se han pagado camillas ginecológicas de chapa como si fueran de material antiestático, mucho más caro. Y asegura que las vitrinas para medicamentos compradas por el Plan no fueron de acero inoxidable, como exigía el contrato, sino de chapa pintada. Hay otros cuestionamientos a las contrataciones de consultores, de campañas de difusión, de sistemas informáticos y de cierto personal calificado. El contrato del Ministerio con el economista que presentó la denuncia venció en diciembre del año pasado y, según los funcionarios aludidos en su denuncia, la no renovación fue lo que generó su ira y sus denuncias. Como sea, Ocaña debió abrir un expediente interno (Ver Las denuncias) en la Auditoría interna del ministerio y el caso fue girado a la justicia federal, donde en estas horas empieza a ser analizado por el juzgado federal de Norberto Oyarbide.

A todos estos indicios hay que sumarle la crítica de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo público encargado de controlar estos programas. Según el sitio elauditor.info, que reúne los informes de la AGN, los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen graves "problemas de controles contables internos y en la selección y contratación de consultores". Lo que parece ocasional puede, entonces, acabar siendo un asunto de fondo. Mientras el Plan Nacer se ejecuta y goza de prestigio, está visto que detrás de su buena estrella pueden esconderse las miserias de siempre.

CRITICA  27/08

La venta de precursores químicos desató un pelea en el oficialismo

La senadora Sonia Escudero replicó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien había criticado el proyecto de la legisladora que sanciona el desvío de fármacos que puedan ser utilizados para el desarrollo de drogas peligrosas.

La senadora justicialista Sonia Escudero replicó hoy al ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, quien había criticado el proyecto de la legisladora que sanciona el desvío de precursores químicos, al expresar que "las objeciones" del funcionario "son totalmente infundadas".

"El ministro presentó una nota pidiendo que no se apruebe esto (el proyecto), porque dice que estamos penalizando intenciones. Los pensamientos no se penalizan; lo que nosotros buscamos es que se sancione el desvío de alguien que le vende a un fabricante y sabe que el químico va a terminar convirtiéndose en un estupefaciente", aclaró Escudero.

El control de los precursores químicos que pueden convertirse en estupefacientes cobró relevancia por el triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados empresarios supuestamente vinculados a la importación y exportación de medicamentos adulterados. El proyecto de Escudero fue aprobado por unanimidad por la Cámara Alta el pasado 25 de junio, apuntó la propia legisladora, en declaraciones reproducidas por DyN.

Escudero afirmó que "es vital la sanción de la ley, porque en la Argentina existe un vacío legal que permite el libre accionar de los laboratorios que se dedican a la fabricación de químicos que se utilizan para el desarrollo de drogas peligrosas".

"La hoja de coca boliviana no sería un estupefaciente sin los precursores químicos que se fabrican en la Argentina", ejemplificó. Fernández, recuerda la gacetilla, había señalado que la iniciativa "viola los derechos humanos, no respeta los principios del Derecho Penal Liberal, y contiene defectos de técnica legislativa".

A ello, la senadora replicó que "las objeciones son completamente infundadas, por ser incorrectas desde el punto de vista jurídico y evidencian que no se ha leído el proyecto con una atención mínima".

    
CLARIN  28/08/08

Hospitales: quinto paro en casi un mes

Los hospitales públicos bonaerenses tuvieron la atención resentida por una nueva medida de protesta de los profesionales de la salud. Es el quinto paro en poco menos de un mes dispuesto por la asociación que nuclea a los médicos (ex Cicop) en reclamo de la creación de 1.300 nuevos cargos y por un aumento salarial.

La medida tuvo impacto diferente en los 77 centros asistenciales de la provincia. Afectó en especial la atención en los consultorios externos y la realización de las cirugías programadas. Los dirigentes aseguraron que fue normal la atención en las guardias y las prácticas de emergencia.

"El Gobierno no cumplió ninguno de los compromisos asumidos en la mesa de paritarias. No se crearon los 700 puestos prometidos y tampoco hay fecha para la incorporación de los becarios", se quejó el presidente de la Asociación de Profesionales, Hugo Amor. Y denunció un "plan de vaciamiento de los hospitales" por parte de la actual gestión.

El paro, cuya segunda jornada se cumplirá hoy, se siente más en centros de salud del conurbano y en ciudades grandes del interior. El ministro de Salud, Claudio Zin, dijo que "la administración exige ciertas normas que se deben respetar. Todo está encaminado".

El sistema sanitario provincial tiene un déficit de enfermeros. De acuerdo con datos oficiales, se necesitan por lo menos 2.000 asistentes. La provincia quiere establecer una emergencia para acelerar la formación de estos profesionales y cubrir esas vacantes en los próximos años. La protesta de médicos coincidió con un paro de trabajadores del Estado que también reclaman mejoras salariales al gobierno de Daniel Scioli. Por eso, ayer en algunas dependencias administrativas no hubo atención al público.

La Fundación Favaloro cortó la atención a pacientes pobres

Las prestaciones a personas sin cobertura derivadas por el Ministerio de Salud fueron interrumpidas hace nueve meses. Pide una actualización en los montos. Entre 2003 y 2007 recibió casi 20 millones de pesos por operar a 1.732 indigentes.

La Fundación Favaloro cortó la atención de los pacientes sin cobertura social. La medida no se ajusta al legado de su fundador, René Favaloro, de no hacer diferencias entre ricos y pobres en la prestación de servicios de salud. La determinación fue adoptada en noviembre pasado y seguía vigente ayer, lo que implica que decenas de pacientes coronarios quedaron a la espera de ser atendidos por la institución.

Testimonios y documentos a los que accedió Clarín indican que la Fundación buscó presionar al Gobierno para que le dieran más plata por esos servicios, ya que considera desactualizada su retribución. Forman parte de un convenio firmado en 1979, cuando Favaloro se comprometió a operar a un mínimo de 100 pacientes pobres por año, a cambio de ayuda oficial. El convenio no tiene fecha de vencimiento, es para siempre, pero hace nueve meses que está suspendido.

En ese 1979, durante la dictadura militar, se puso la piedra fundamental de lo que es hoy el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Favaloro recibió un préstamo de seis millones de dólares del Ministerio de Salud para apuntalar la construcción, finalizada en 1992. Durante la era Kirchner también recibió dinero: casi 20 millones de pesos entre 2003 y 2007 del Ministerio de Salud por la atención de indigentes, y un subsidio de más de dos millones del Ministerio de Desarrollo Social para la compra de equipamiento. Además, Néstor Kirchner le concedió la autorización definitiva a la Universidad Favaloro para funcionar como institución privada y declaró el 12 de julio -fecha atribuida al nacimiento del cardiocirujano- como el "Día de la Medicina Social".

En la contracara, la cantidad de pacientes sin cobertura social derivados a la Fundación desde el Ministerio de Salud se redujo a menos de la mitad. De las 460 personas que se atendieron en 2003, se pasó a 399 en 2004, a 344 en 2005, a 351 en 2006 y a 178 el año pasado. Un total de 1.732 pacientes atendidos durante la presidencia de Néstor Kirchner, que se achicó a la nada en los registros oficiales desde la asunción de Cristina Kirchner.

Se realizaron intervenciones de "revascularización miocárdica, reemplazo valvular, aneurismas de aorta ascendente, corrección de malformaciones congénitas y procedimientos endovasculares". Son prestaciones de alta complejidad, donde más del 50 por ciento del costo se debe a la colocación de dispositivos que se pagan en dólares, se informó. Según el Ministerio de Salud, la suspensión de estos servicios a pacientes pobres, provenientes de cualquier provincia, fue decidida "en forma unilateral" por la Fundación Favaloro "invocando que los valores modulares (son los que se pagan por prestación, establecidos entre 1994 y 1998) no cubren los costos de las intervenciones quirúrgicas que se realizaban en el marco del convenio".

La Fundación considera "falso" que los valores establecidos para las prestaciones "se ajusten a los de mercado", como indicaron las autoridades sanitarias y asegura que entre 2006 y 2007 perdió cinco millones de pesos por dar estos servicios (ver "Con estos...").
Hace un año, la Fundación impuso una suerte de ultimátum al Gobierno para conseguir el aumento que pretendía. Hubo negociaciones, pero fracasaron. "El 13 de noviembre de 2007 se ha producido el vencimiento del plazo otorgado por esta institución para obtener un incremento en los valores de las prestaciones, fijos desde 1994", advirtió Eduardo Raimondi, vicepresidente y director general de la Fundación, en la carta donde anunció el corte de los servicios a los pacientes pobres a partir del día siguiente.

Sorprendió a los funcionarios de Salud el tono de algunos conceptos de Raimondi, quien consideró, por ejemplo, que el mantenimiento de los valores fijados antes de la devaluación "indefectiblemente llevaría al cierre de la institución" y que la búsqueda de una solución a este conflicto debería hacerse "evitando a la vez la muerte en lo institucional y la quiebra en lo económico de la Fundación Favaloro".

Raimondí señaló también que la Fundación Favaloro "es acreedora de otros organismos públicos por sumas varias veces millonarias". La atención de los pacientes pobres era una de las características históricas mencionadas en los discursos de René Favaloro sobre su centro médico, nacido sin fines de lucro y "al servicio del humanismo médico". Incluso pedidos de donaciones se hacen en nombre de esa práctica.

El Canal 7, que es del Estado, le presta sus instalaciones a la Fundación para realizar cada julio el programa "Cumpleaños por la Vida", una gran colecta pública que se hace en nombre del legado de Favaloro, Es un privilegio que no tienen por ejemplo la Casa Cuna o el Hospital de Clínicas para reforzar sus debilitadas arcas. El año pasado se recaudó más de un millón de pesos. El programa también se hizo en julio pasado.

Clarín preguntó a las autoridades de la Fundación qué pasará con los pacientes sin cobertura que esperan ser atendidos allí hasta que esto se solucione. La respuesta: "Seguramente los atenderán en el Hospital Argerich, o en el Posadas, o en el Garrahan".

Hubo milonga en el Borda

Dolores Solá pidió un coro y cuatro voces salieron a respaldarla en escena, mientras debajo del escenario del teatro del Borda, la milonga era un hecho consumado. El equipo perteneciente al Servicio 25 B, que desde hace siete años tiene -los segundos y cuartos miércoles de cada mes- clases de tango para internos y visitantes, ayer hubo milonga en el hospital de Barracas. Se hacen todos los años y esta vez se musicalizaron y quedaron enmarcadas entre las actividades del Mundial de Tango. Condujo Omar Viola, bailaron Graciela González, Juan Manuel Fernández, Marta Antón y Manolo, entre otros; y pasaron, por el escenario, Jana Purita y Carlos Durañona con sus Tangos Canallas, Dolores Solá con sus músicos y Musa Mistonga, que volvió a reunirse para la ocasión. Un espectáculo que envidiarían muchos sitios tangueros de la Ciudad. Periodistas italianos que llegaron para cubrir el Mundial, estaban conmovidos con la fiesta.

PAGINA 12

Primer paso para fijarles reglas a las prepagas

El oficialismo consiguió el apoyo de radicales, macristas, peronistas disidentes, socialistas, el bloque SI y otras bancadas para una ley que define los derechos y garantías para más de 3,5 millones de afiliados a la atención médica privada.
La Cámara de Diputados aprobó anoche con 188 votos y una abstención –de Marcela Rodríguez, de Coalición Cívica– un proyecto de ley que impone reglas de funcionamiento a las empresas de medicina prepaga. La iniciativa viene a cubrir un vacío legal inexplicable, por tratarse de un servicio tan sensible como el de la atención de la salud. Más de 3,5 millones de usuarios carecen hasta el momento de un marco legal que defina y proteja derechos elementales. La sucesión de aumentos de tarifas de las compañías del sector y la necesidad política del Gobierno de recuperar la iniciativa apuraron el tratamiento de una ley que sufrió numerosas postergaciones los últimos tres años, con un contundente rechazo y un efectivo lobby de las prestadoras. La ministra de Salud, Graciela Ocaña; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y la diputada Patricia Vaca Narvaja consiguieron hace sólo tres semanas que Cristina Fernández decidiera avanzar con el proyecto, que finalmente obtuvo el consenso casi unánime de la oposición.
El proyecto crea un marco regulatorio para la medicina prepaga. Involucra a todo tipo de prestadoras, incluidas cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, de modo de evitar maniobras de empresas que pretendieran escapar al alcance de la ley. Uno de los puntos más sensibles, el más resistido por las prepagas, es el que establece que cualquier ajuste de tarifas deberá ser permitido por el Gobierno. “La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”, sostiene la ley. Para que no queden dudas, en otro artículo se agrega que la Autoridad de Aplicación debe “autorizar y fiscalizar los valores de las cuotas y las modificaciones que propusieran” las prepagas.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley son el Ministerio de Salud y las comisiones de Defensa del Consumidor –nacional y provinciales– y de Defensa de la Competencia. Estos últimos dos entes dependen, en el caso de la Nación, de la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Guillermo Moreno. Los puntos centrales del marco regulatorio, que ahora deberá tratar el Senado –y allí se espera que las prepagas redoblen su presión para introducir cambios–, son los que siguen:
- Se crea un registro nacional de prestadoras, que aunque parezca increíble, hoy no existe.
- Los Ministerios de Salud y Economía crearán una comisión permanente con tres miembros cada uno que se encargará de autorizar aumentos de tarifas, definir las condiciones de cobertura de todos los planes y controlar su cumplimiento.
- Salud y Defensa del Consumidor recibirán los reclamos de los usuarios y de los prestadores del sistema (clínicas, profesionales) por mala atención, incumplimientos de contratos y servicios deficientes.
- Quedarán prohibidos los períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio.
- Quedará prohibido rechazar personas por enfermedades preexistentes. No habrá más derecho de admisión. Las prepagas quedarán autorizadas a cobrar tarifas diferenciales a quienes tengan enfermedades preexistentes, que serán determinadas por la Autoridad de Aplicación. Las preexistencias serán informadas por los usuarios por declaración jurada.
- Si una prepaga quiebra, sus afiliados serán redistribuidos en otras compañías del sistema con similar cobertura y pagando cuotas equivalentes. Es para evitar situaciones que se dieron en el pasado, de empresas que desaparecieron y dejaron a sus afiliados a la deriva, algunos mayores o con enfermedades graves que después no fueron admitidos por otras prepagas.
- La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión. Los mayores de 65 años pagarán tarifas diferenciales, fijadas por la Autoridad de Aplicación. Sin embargo, quienes tengan una antigüedad mayor a diez años en una empresa no cargarán con aumentos diferenciales en razón de su edad.
- El fallecimiento del titular del plan no implicará la caducidad de los derechos de su grupo familiar, que conservarán la cobertura.
- Ayer se agregó que la cobertura del grupo familiar alcanzará a las uniones civiles y a los hijos de parejas del mismo o diferente sexo.
- El recién nacido tendrá derecho a recibir las prestaciones como integrante del grupo familiar, en forma automática, sin ningún trámite. En caso de adopción, lo mismo regirá desde que se otorgue la guarda por resolución judicial. Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia.
- Los usuarios que tuvieran un plan por contratación corporativa lo conservarán si terminan su relación laboral.
- Los modelos de contratos que las prepagas entreguen a los usuarios deberán ser previamente aprobados por la Autoridad de Aplicación.
- Los usuarios podrán rescindir los contratos en cualquier momento y sin penalidad alguna, mientras que las prepagas podrán hacerlo sólo si el cliente dejó de pagar tres cuotas consecutivas.
- Se establece un sistema de categorías para que los usuarios tengan referencias claras para elegir su prepaga. Todas deben cumplir con el Plan Médico Obligatorio, pero las servicios adicionales serán reconocidos. La categoría de cada empresa figurará en los contratos.
- Se autoriza a compañías que desarrollen su actividad en una única localidad con un padrón de usuarios menor a cinco mil a ofrecer servicios parciales. Pero deberán explicar fehacientemente a los usuarios las prestaciones que cubre y las que no están incluidas.
- Para el resto de las prepagas sólo se autorizarán coberturas parciales en servicios odontológicos, emergencias médicas y traslado sanitario de personas.
- La Autoridad de Aplicación fijará los aranceles mínimos que las prepagas deberán pagar a los prestadores.
- Las prepagas deberán pagar a los hospitales públicos cuando atiendan a sus afiliados.
- Las prepagas ya no podrán recibir aportes del Fondo Solidario de Redistribución, que cubre el costo de los tratamientos de alta complejidad. Es un punto central, porque hasta ahora las prepagas se libran de pagar los casos más complejos, que son asumidos por el Estado.
- Se crea un régimen de sanciones y se determina que las prepagas deben constituir una reserva técnica para operar equivalente a un mes de su facturación.

CLARIN  01/09/08 

EDITORIAL

Irregularidades en un plan de salud

Los sobreprecios y las condiciones de contratación abusivas en perjuicio del Estado suelen ser los resultados de actos de corrupción en los procesos de adquisición de bienes y servicios. Estas prácticas afectan especialmente a la salud pública, degradando la prestación de un servicio básico. El Ministerio de Salud ha abierto un expediente en la Auditoria interna y el caso de los abusos que se habrían cometido en el citado plan ya se encuentra en manos de la Justicia federal. En ese contexto, las autoridades del área también habrían impedido que se realicen pagos considerados "poco convenientes", ya que serían desproporcionados con los bienes adquiridos.
El Plan Nacer, debe recordarse, es un instrumento destinado a disminuir el nivel de mortalidad infantil, que sigue teniendo una tasa muy elevada en nuestro país. Se trata, entonces, de una iniciativa positiva, financiada por el Banco Mundial. Pero en su ejecución es donde se habrían cometido abusos. Así, habría precios notablemente superiores a los de mercado y gastos de consultoría más elevados que lo previsto.

Los sobreprecios son uno de los aspectos que deben investigarse, junto a la denuncia de que hay licitaciones que estarían "digitadas" y que se habrían otorgado "contratos exorbitantes" a consultoras y empresas de auditoría. La Justicia tiene ahora la responsabilidad de esclarecer estas denuncias y, en su caso, sancionar a los responsables. Por otro lado, es necesario que las autoridades extremen los controles y la transparencia para prevenir nuevas irregularidades.

El Ministerio de Salud abrió una investigación sobre abusos que se habrían cometido en el Plan Nacer, destinado a disminuir la mortalidad infantil. La Justicia tiene la responsabilidad de investigar y las autoridades la de evitar nuevos delitos en el área.

PAGINA 12   03/09/08

Macri ya tiene su denuncia penal

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; los ministros porteños de Salud, Jorge Lemus, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal y el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Jorge Apelbaum, fueron denunciados penalmente por desobediencia e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es que, tras no haberse presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo para brindar explicaciones sobre incumplimientos en la prestación de servicios en el centro de evacuados, donde fueron alojados los habitantes de Villa Cartón luego de que se incendiase y donde el 13 de agosto falleció un bebe de cuatro meses, la asesora tutelar Laura Musa y el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez presentaron la denuncia “en virtud de la resistencia a las medidas adoptadas en la causa” y solicitaron su traslado al fuero penal.

Si bien la cita judicial fue con “carácter personal e indelegable”, por parte de los funcionarios de gobierno fue, en nombre de ellos, el abogado Marcelo Wagnszld, y el subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, que a pesar de justificar su presencia allí –no había sido citado– como “apoderado” de la ministra de Desarrollo Social, no pudo respaldar esa afirmación con ningún documento. Del otro lado, además de un conjunto de vecinos del barrio, estuvieron presentes la asesora tutelar y el defensor oficial.
“Sólo me dijeron que viniera”, esgrimió Wagnszld, según fuentes judiciales. Esa fue la única defensa que sostuvo el abogado –tampoco llevó ningún tipo de documentación– tras titubear ante el juez que “por motivos de inseguridad (en el barrio) se dejó de obligar al personal médico a que acuda allí”. Al respecto, la asesora tutelar consideró la decisión del gobierno porteño de no presentarse como “una señal clara de que no quieren cumplir con la orden judicial y tampoco hacerse cargo de lo que le corresponde como funcionarios públicos”. En tanto, junto con Lodeiro Martínez, presentaron a Gallardo una denuncia contra Macri y las demás autoridades ausentes por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público –aunque podrían derivar en sanciones más graves– y solicitaron su traslado al fuero penal, según aseveraron las fuentes.

Los rumores sobre la audiencia llegaron a oídos de los vecinos del barrio transitorio días atrás, quienes se acercaron hasta las puertas del juzgado para “pedir que se cumpla lo ordenado por el juez, para que no se pierda otra vida”, sostuvo Mabel, la abuela del bebé fallecido. La primera intimación judicial a las autoridades porteñas en relación al centro de evacuados ubicado en Parque Roca fue en agosto de 2007, cuando la Justicia ordenó el cumplimiento de la ley 1987, es decir, la provisión “urgente de las medidas pertinentes para garantizar adecuadas condiciones de seguridad, higiene, infraestructura, educación, alimentación y salud” a los vecinos alojados transitoriamente allí hasta que se provea de las viviendas definitivas.
Luego, se acercaron al edificio de Jefatura de Gobierno, donde funcionarios de ese edificio gestionaron una reunión entre los vecinos y el subsecretario de atención integrada de salud, Miguel Ángel Schiavone, que prometió “de palabra” una ambulancia con un médico “permanente” en el lugar a partir de hoy, explicó la mujer.

PAGINA 12   05/09/08

“La educación no es una empresa”

Contra la concesión de plazas en los hospitales de la ciudad a las universidades privadas marcharon prácticamente todas las agrupaciones de la facultad, hasta la FUA y la FUBA. El centro de estudiantes estima que 1100 alumnos de la UBA se quedarían sin vacantes.

Para exigir la derogación de los convenios firmados entre el gobierno de Mauricio Macri y ocho universidades privadas, los estudiantes de Medicina volvieron a marchar ayer hasta el gobierno porteño: “La educación no es una empresa / una empresa de papá / si privatizás la UBA / qué quilombo se va a armar”, coreaban. La Facultad de Medicina y la totalidad de la UBA consideran que esos acuerdos implican una transferencia de recursos del Estado a particulares, porque otorgan plazas para formarse en los 34 hospitales de la ciudad a los alumnos de instituciones privadas, reduciendo las vacantes destinadas a la universidad pública. Según los datos que maneja la facultad, unos 11 mil estudiantes de Medicina completan su educación en los centros de salud porteños: se estima que alrededor de 1100 se quedarían sin poder cursar.

Las cifras fueron aportadas por Medicina para fundamentar un proyecto de derogación de los convenios que Macri acordó con las universidades Del Salvador, Austral, Barceló, UCES, Adventista del Plata, Favaloro y Fundación Iberoamericana. La facultad estima que son seis mil los alumnos de 4º, 5º y 6º año cursando en las unidades hospitalarias de la UBA –son cuatro– y de la ciudad. Ahí se agregan otros dos mil alumnos cursando el Internado Anual Rotatorio y otros tres mil de las demás carreras de la facultad. “Si les dan un 10 por ciento de las vacantes a las universidades privadas, cerca de 1100 estudiantes quedarán sin posibilidades de cursar materias prácticas”, dijo a Páginai12 Yamila Aparicio (QRS), presidenta del centro de estudiantes.

Desde el centro a la izquierda, casi todas las agrupaciones de Medicina se plantaron contra la medida de Macri. Ese consenso se manifestó en la jornada de protesta realizada ayer, donde confluyeron QRS, RCP, CEPA (PCR), MST, El Gradiente, Síntesis, Movimiento Sur, también la FUBA (conducida por la izquierda) y la FUA (Franja Morada) y hasta funcionarios de la facultad.

La columna de estudiantes estaba presidida por una bandera con las manos estampadas de la comunidad de Medicina, con la inscripción “defendamos la educación pública”. La bandera estuvo tres días en el hall de la facultad, para que todos dejaran sus huellas a modo de adhesión. “El decano (Alfredo Buzzi) bajó y dejó sus manos en la bandera. También Paula Paretto, la medallista de bronce en judo en los Juegos Olímpicos”, contó Pablo Rubino, vicepresidente del centro estudiantil.

Mezclados entre guardapolvos blancos y las banderas del centro de estudiantes de Medicina, más de 500 alumnos se concentraron en la plaza Houssay al mediodía. Reforzada con no docentes, la columna enfiló por Paraguay hasta Cerrito. Allí cortaron parcialmente la 9 de Julio hasta doblar en Diagonal Norte y desembocar frente a la jefatura del gobierno porteño, en Avenida de Mayo 525. Esa fue la primera parada donde se despacharon con cantitos e insultos dirigidos a Macri. “Borombombom, borombombom, a los convenios, derogación”, era el entonado con mayor fervor.

“No soy de venir a las marchas, pero en este caso es importante que participemos todos para defender lo que es nuestro”, dijo Fernanda, estudiante de 4º año de Medicina. Ante la custodia policial en las dos entradas de la Legislatura, los estudiantes se acomodaron justo delante del acceso. Alguno ediles salieron a recibir la columna, y aprovecharon para arengarlos. “El gobierno de Macri tiene una matriz que es aborrecer lo público y creer que el Estado se gerencia como una empresa privada”, dijo Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires. También tomaron la palabra la ibarrista Gabriela Alegre y la legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía. Después los alumnos se sentaron en el piso empedrado de la peatonal y, en asamblea, resolvieron convocar a otra movilización el miércoles 10.

Un rato antes, un contingente de 25 estudiantes y representantes de sus organizaciones gremiales ingresaron a la Legislatura, donde se reunieron con diputados opositores. Les entregaron las firmas recolectadas en un petitorio para derogar los convenios y la fundamentación del pedido. Los diputados invitaron a los alumnos a presentarse en la comisiones de Educación y de Salud. Después, en la sesión de la Legislatura, la diputada Alegre presentó un pedido de informes sobre los convenios firmados por Macri, a los que definió como “anticonstitucionales”. El proyecto fue aprobado y ahora la Jefatura de Gobierno tiene 30 días para detallar el alcance de los contratos.

INFOBAE

Ciudad: Legislatura amplía $1.500 M el presupuesto

La Legislatura de la Ciudad aprobó, en general, una ampliación presupuestaria de $1.500 M para ser aplicada a incrementos salariales ya acordados, a la redeterminación de precios del contrato con los recolectores de basura y a subsidios a la educación privada. La norma fue sancionada por 36 votos a favor, de los 56 legisladores presentes, provenientes del PRO, la Coalición Cívica y el unibloque Encuentro Progresista.
 
El proyecto, en tanto, tuvo 20 votos negativos de parte de los bloques del Frente para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Nueva Izquierda, el Socialismo e Igualdad Social.
 De hecho, los diputados de los bloques kirchneristas y de Diálogo por Buenos Aires habían propuesto un despacho alternativo que proponía una ampliación presupuestaria, pero de cerca de $800 millones. Esa partida era para ser aplicada a salarios, al Hospital Garrahan, a comedores comunitarios y escolares, a subsidios a la educación privada y a becas escolares. Sin embargo, el cuerpo optó por el proyecto solicitado por Macri que, según explicaron fuentes del PRO, fundamenta el incremento en la recaudación prevista para los ingresos tributarios y no tributarios.
 
"Estos ingresos provendrán, principalmente, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de los Impuestos Patrimoniales -sobre Inmuebles y Vehículos- y de las transferencias del Régimen de Coparticipación Federal", informaron fuentes parlamentarias.
 
La aprobación de la modificación presupuestaria se acordó tras intensas negociaciones de último momento que retrasaron el inicio de la sesión hasta las 18.30, cuando, oficialmente, estaba convocada tres horas antes. Es que los bloques de la oposición, en su mayoría, se negaban a dar su apoyo a la ampliación presupuestaria dado que destinaba $410 M, tal como lo pedía el Ejecutivo porteño, para hacer frente al pago de la redeterminación de precios de los contratos que la Ciudad tiene con las empresas recolectoras de basura. El diputado del PRO Álvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto, fue el encargado de reformular la partida para la basura ante la presión de la oposición con una reducción de $410 M a $210 millones. El macrista, que trabajó a contrarreloj en el nuevo diagrama, precisó que el monto restante -unos $200 M- fue derivado a reparación de aceras, las áreas de salud, vivienda, cultura, ciudadanía porteña y becas.
 
"Es vergonzoso que, ante los reclamos de la oposición, mágicamente y en menos de 24 horas propongan bajar de $410 M a la mitad. Si alcanzaba con $200 M para qué solicitaban más de $400 millones", cuestionó el diputado Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires. Con este escenario, el macrismo buscó conquistar el voto de la oposición para alcanzar los números necesarios y sacar la ley que tanto ansiaba Macri, mediante la reasignación de unos $6 M, de los $200 M quitados a la basura, a las becas escolares. Esta concesión permitirá darle oxígeno a un conflicto que fue en aumento en las últimas semanas con las protestas estudiantiles tras el recorte de ese beneficio de ayuda escolar. Los macristas, además, lograron reclutar más votos al dar marcha atrás con la redacción del artículo segundo de la norma, que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de hacer los cambios que crea necesario en la partida asignada.

PAGINA 12   08/09

Sobre el proyecto de reforma en salud mental del gobierno macrista

Por Luis Ohman *

¿Quién puede oponerse a una reforma y a un proceso de modernización? Pero no todo lo que brilla es oro.

La llamada desinstitucionalización de los hospitales Borda y Moyano no es otra cosa que una verdadera operación de traslado que no viene a restituir juridicidad ni dignidad allí donde fue denegada la condición de persona y de ciudadanía.
Primero definieron el negocio inmobiliario público y privado, con el típico discurso conservador de urbanizar para ganar espacio y seguridad, buscando consenso en la población que siempre percibió a estas instituciones como un lugar de exclusión y abandono.

La rehabilitación y la reinserción social exigen una concepción diferente al mercado, requieren del discurso de la ética y los DD.HH., políticas sociales integradas y articuladas al dispositivo de salud mental, políticas de estado activas y políticas en salud keynesianas. El presupuesto del gobierno conservador de Macri no refleja nada de esto, mira con privilegio un nuevo clientelismo empresario de la obra pública y los negocios del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Es contrario a la Ley 448, en sus principios y fundamentos, que nos proponen un firme proceso de transformación y reconversión progresiva de las instituciones y de las políticas de salud mental, centradas en la atención primaria, en un modelo comunitario, que facilite un nivel creciente de participación y autonomía de la propia organización social, con el compromiso irrenunciable del estado en la defensa de los derechos de los pacientes y usuarios en todo el sistema de salud.

La organización de un sistema de información epidemiológica y registro estadístico sobre toda la información vinculada con la salud mental en los tres subsectores, que faciliten la construcción de un servicio en red, con criterios de diagnóstico y evaluación funcionales con los criterios sostenidos por la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud. Un programa sostenido con prioridades y financiamiento seguro, con evaluación permanente que cuente con el apoyo y asesoramiento de la OMS, la OPS, y expertos de países que han liderado procesos de transformación en la salud mental.

El modelo será comunitario, universal y equitativo. La atención será oportuna e integral. Sostenido en un sistema en red con áreas programáticas territorializadas y equipos multidisciplinarios que aseguren la continuidad de los cuidados. El eje de la atención estará centrado en la comunidad, con dispositivos alternativos que privilegien la atención ambulatoria, domiciliaria, hospitales de día, centros de salud, casas de medio camino, empresas cooperativas y emprendimientos laborales.

Se trata de un programa que deberá establecer las políticas necesarias para cumplir estos objetivos, un cronograma de acciones a desarrollar en un período de cinco años que permitan producir la reforma psiquiátrica con el establecimiento de normativas que regulan las internaciones y los modelos de atención en los tres subsectores.
Se crearán dispositivos alternativos para el cuidado y la atención de los pacientes que se externen, ayuda a los mismos y familiares, asumiendo el Estado la protección necesaria de todos aquellos que no logren una reinstalación sociocomunitaria adecuada.

Se requieren las 500 camas propuestas. La salud mental es parte del sistema general de salud, por tanto esas camas y salas de internación deben estar en los hospitales generales como parte de otros niveles de complejidad que atienden a la demanda ambulatoria. La interconsulta, una red de instituciones centradas en la comunidad que permitan la atención calificada y permanente de los trastornos psiquiátricos severos. La internación es y debe ser un recurso de última ratio, breve y eficaz, para volver a la comunidad con los cuidados necesarios.
La propuesta de estas diez nuevas instituciones sería la reproducción de una concepción manicomial. En ese contexto, un centro único de atención y derivación es sencillamente un disparate. Los centros de atención primaria en salud mental deben estar en el territorio, en la 1-11-14, en la escuela, en los clubes.

Estas propuestas no contienen ni la carta de Ottawa sobre promoción de la salud y acción comunitaria, ni la declaración del Milenio ni las conclusiones de la conferencia internacional de salud para el desarrollo “Derechos, hechos y realidades” que se realizó en Buenos Aires el año pasado. La propuesta es la esperable de un funcionario del mercado de la década menemista; retirar el Estado y lenguaje modernizador. El proyecto conservador es puramente asistencial, pone la asistencia y la atención en el centro, corriendo el eje de organización de la salud en la atención primaria.

En síntesis, la propuesta de Macri para los hospitales Borda y Moyano es una operación de traslado de dos mil pacientes sin especificar los recursos económicos y humanos requeridos para un verdadero proceso de reinserción social ni un cronograma razonable de una tarea compleja que requiere la intervención y coordinación de numerosos sectores.
La política en adicciones está ausente de la propuesta de salud mental porque en palabras del diputado Eugenio Burzaco “es una cuestión policial”.
La ciudad ya ha implementado un verdadero desmantelamiento de los recursos existentes para la atención, cuidado y rehabilitación de los menores en la ciudad, cerrando numerosos dispositivos y trasladando al sector privado otros.
Es decir, es una política de abandono en la ciudad de Buenos Aires.

* Coordinador del dispositivo de Salud Mental de la U20, SPS.

LA NACIÓN  08/09

Suspenden cirugías en el Argerich por falta de camas

Pacientes del Hospital General de Agudos Cosme Argerich afrontan por estas horas una difícil situación para su salud: el 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas que requieren una posterior internación en terapia intensiva son suspendidas por falta de camas.

Así lo confirmó el director de ese centro de salud porteño, Donato Spaccavento, en virtud de que las 29 camas disponibles de alta complejidad no alcanzan para satisfacer la gran cantidad de derivaciones urgentes que se hacen a ese hospital.

"Tenemos 29 camas en terapia intensiva y se necesitan al menos 60. El 40% de las operaciones que requieren cuidados especiales se suspenden por esta razón. Ocurre a menudo que a un paciente que estaba listo para ser sometido a una operación se le posterga la cirugía porque su cama fue ocupada por una persona que ingresó de urgencia, baleada, por ejemplo", dijo a LA NACION Spaccavento.
Consultados algunos médicos del Argerich, reconocieron ante LA NACION que el problema también se agrava por la falta de insumos. "Muchas veces no hay material de sutura y las heridas se cierran con tanza, algo que hace tiempo se había dejado de utilizar. Desde el jueves pasado, por ejemplo, faltan insumos para seguir operando", dijo un médico de ese hospital que pidió la reserva de su nombre.

"Con los insumos, hoy estamos mejor que hace dos meses", dijo Spaccavento, y aclaró: "El problema con los insumos es coyuntural: un día hay material y otro, no. Es un problema administrativo del gobierno de la ciudad, pues las partidas de insumos ya están asignadas".
Según el ministro de Salud durante el gobierno de Jorge Telerman, "hay días en que no hay gasas, por ejemplo, y el hospital tiene que salir a comprar de urgencia".

El hospital Argerich, situado en el barrio de La Boca, es reconocido como uno de los centros públicos más importantes del país. En él se practican trasplantes hepáticos, renales y cardíacos, unos 80 anuales, en promedio. Tiene unas 400 camas habilitadas para internación. Trabajan allí unos 2000 profesionales.
En ese hospital se atiende diariamente en consultorios a 3500 personas (un promedio anual de 880.000 consultas externas y 370.000 en la guardia) y se realizan 20.000 cirugías por año. Se otorgan 120 turnos cada 15 minutos para las 24 especialidades que concentra.

Según Spaccavento, el gobierno de la ciudad prometió equipar con más camas al hospital Argerich. "Desde aquella promesa, nunca tuvimos novedades", dijo.
El doctor Néstor Pérez Baliño, director de la Región Sanitaria N° 1 durante el actual gobierno, aseguró: "El hospital Argerich requiere menos camas generales y más de alta complejidad, porque se hace un cuello de botella en las operaciones de ese tipo. Es un reclamo de muy larga data. Para esta gestión, resolver ese tema es una prioridad". Pérez Baliño también se desempeñó como médico en el Argerich durante 25 años.

Licitación
El funcionario agregó: "Se publicará esta semana o la otra una licitación de 3 millones de pesos para aumentar el número de camas en terapia. Se calcula que antes de fin de año terapia intensiva tendrá 12 camas más".
En cuanto a los insumos, Pérez Baliño indicó: "Como se cambió el modelo de compras para optimizar costos, hubo algunos desajustes y el sistema no está aceitado del todo. Pero hoy está mucho mejor la situación. En poco tiempo, no habrá más este tipo de problemas".

Otro de los reclamos del personal médico del Argerich es que se les adeudan tres meses de sueldo al incorporado hace poco tiempo y también a quienes están realizando la residencia.
Esto fue desmentido por el director del Argerich. "No hay deudas de sueldos; los salarios están al día. No sé de dónde sale eso", aseguró Spaccavento en diálogo con LA NACION.

En cambio, Pérez Baliño explicó que, si hay atrasos en los sueldos de algunos médicos residentes, se debe a que "fueron reasignados de otros hospitales. Es un tema administrativo y también será resuelto".
Según indicaron algunos médicos consultados por LA NACION, no se descarta que esta semana lleven adelante una medida de protesta si los insumos no llegan. "Algunos pensaban en la posibilidad de hacer este lunes [por hoy] un paro si el problema de los insumos no se resuelve. Hay operaciones que se suspenden por falta de material", dijo ayer otro médico del Argerich.

En ese sentido, Spaccavento aseguró: "Puede haberse suspendido alguna operación por falta de insumos, pero tiene que haber sido algún caso puntual. El motivo de las suspensiones de las intervenciones quirúrgicas en el Argerich es la falta de camas en terapia intensiva".

LA NACION  09/09

Cambios en la licitación de un centro de salud

El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, anunció que el gobierno porteño desistirá de construir un centro de salud mental en terrenos parquizados del barrio obrero Marcelo T. de Alvear, situado en Parque Avellaneda, para dar prioridad a la existencia allí de un parque público, en coincidencia con un reclamo vecinal en ese sentido.

Con ese objetivo, y de manera de garantizar que el predio no sea sometido a otros usos en el futuro, el Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura porteña un proyecto de ley para catalogar las tierras en cuestión como Urbanización Parque (UP), una categoría que no admite ningún tipo de construcción.

"Actualmente, la zonificación permite erigir equipamiento sanitario educativo. Nunca infringimos la normativa. Lamentablemente, hubo una utilización política de un problema de vecindad. Sin embargo, hay un planteo natural en defensa de los espacios verdes y decidí apoyar esa reflexión", explicó Chaín.

El reclamo de los vecinos había sido apoyado y promocionado por varios referentes de la oposición política. Incluso, algunos dirigentes barriales llevaron el caso a la Justicia, que frenó la licitación del centro de salud mental.

"Buscaremos otro lugar para emplazarlo y garantizaremos que el predio sea un parque público para uso de todos. Corresponde catalogarlo como UP y, por eso, enviaremos un proyecto en ese sentido a la Legislatura. Ante la irresponsabilidad de algunos que hacen política para producir roces, nosotros queremos una ciudad con menos tensión", opinó Chaín en diálogo con LA NACION.

¿La cancelación de la construcción de un centro de salud mental en el barrio obrero Marcelo T. de Alvear, puede ser usado como argumento a favor de los que se oponen al programa de salud mental diseñado por el gobierno?

URGENTE 24   10/09

La Argentina es el segundo país con más médicos por habitante, pero colapsa el sistema de salud (y la ausencia del Estado)

Largas colas, saturación de pacientes, estado edilicio paupérrimo, falta de insumos, son algunas de las escenas típicas del sistema de Salud argentino. Por qué la Salud ha quedado relegada ante otros problemas más urgentes y cómo la Salud en Argentina ha ido perdiendo excelencia con el correr de los años.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Argentina es el segundo país con más médicos por habitante, detrás de Italia, al contar con  un médico cada 200 personas. Pese a esa disparidad, en muchos centros asistenciales puede  llevar varios meses de espera obtener un turno con un especialista. Lo cierto es que agobiados  por la inflación, el colapso y los escasos recursos, los hospitales público -y privados- están  colapsados y son parte de un de un sistema sanitario destruido. Además, la situación de trabajo  y formación de los médicos también se ha visto empobrecida.

El 8 de agosto, la ministra de Salud, Graciela Ocaña,  en una conferencia de prensa en la que daba excusas ante el incremento de los espantosos  números de mortalidad infantil en Argentina ante corresponsales extranjeros, se lamentó que no prosperara en el Congreso el proyecto oficial para  incrementar las retenciones móviles a los granos porque -según dichos de la presidenta Cristina  Kirchner- parte de ese dinero, "unos 3000 millones de pesos" iban a ser destinados a la  construcción de hospitales y viviendas.

"Esos hospitales hay que hacerlos y, sin dudas, la Presidenta los hará, pero lo que se iba a hacer  en dos años se hará en el mediano o en el largo plazo. No será una solución más rápida.", había  dicho Ocaña. En el país, se reciben más de 100 millones de consultas anuales en hospitales y centros de salud.  Pero no hay respuesta para todas. Los problemas presupuestarios y el encarecimiento en los  costos de los insumos pusieron en una encrucijada al sistema de salud argentino.

Así lo revela un informe elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas  (Acami) que publica el diario  Hoy de la Plata - con vistas al XI Congreso Argentino de Salud, que  se realizará entre el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre próximo en Salta-. El conurbano  bonaerense y varias provincias del norte argentino, según el informe, son las “zonas calientes”  en materia sanitaria, y ponen presión sobre un sistema, que se ve superado por la demanda, y  con frecuencia, falto de presupuesto y personal.

El aumento de salarios en el sector, pero sobre todo la fuerte suba en los insumos, los estudios  de alta complejidad, las drogas farmacológicas y el material descartable, pusieron en jaque las  estructuras sanitarias en general, y el sistema público en particular, aseguró el estudio de  Acami. Sólo el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires, con 14 millones de  habitantes, debe atender más de 45 millones de consultas anuales, en tanto que en la Ciudad de  Buenos Aires, con una población de 3 millones, se originan casi 10 millones de consultas.

La atención médica en una estructura hospitalaria rebasada -que no logra hacer frente a la  superpoblación de pacientes- es un fenómeno potenciado en el Gran Buenos Aires, donde ya  viven unas 9 millones de personas. Por ello, muchos habitantes del conurbano bonaerense optaron por atenderse en hospitales  públicos porteños, donde aproximadamente el 35 por ciento de los pacientes procede del Gran  Buenos Aires.

En los últimos diez años creció 28 por ciento la demanda de atención en los hospitales públicos  porteños, en los que un turno con un especialista puede requerir uno o dos meses y para una  cirugía programada debe esperarse con frecuencia más de un año.
Marcelo Mastrángelo, presidente de Acami, la sanidad pública no solo debe superar la  desinversión, sino afrontar asimismo la suba del equipamiento médico de producción nacional  que aumentó un 82 por ciento sólo en el 2002, y mantuvo la tendencia alcista hasta llegar a un  incremento del 136 por ciento en el 2008.

El panorama se agrava ante la falta de camas y tecnología. “El sector público que representa  aproximadamente el 60 por ciento de la oferta total de camas en el país, dispone de 2,3 camas  por cada 1.000 habitantes, indicador notoriamente inferior al registrado en los países  desarrollados donde alcanza las 8,5 camas por cada 1.000 habitantes” afirmó el titular de  Acami.

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió esas carencias, y alertó que en el partido de La  Matanza, sumando las camas públicas y las del sector privado, hay 0,4 cama cada mil  habitantes, mientras la Organización Mundial de la Salud establece una relación que debe ser  del 6,3 como promedio. Para revertir esta situación -advirtieron desde esa cartera- se requiere una inversión de unos 5  mil millones de pesos para la construcción de hospitales y salas en todo el país, al tiempo que  son necesarios unos 500 millones para reparar el actual deterioro.

Sin cobertura

La zona del país con situación sanitaria más deficiente es la conformada por Formosa y Chaco,  donde el 65 por ciento de la población carece de cobertura y debe atenderse con una  infraestructura hospitalaria muy pobre. También Santiago del Estero, con el 64 por ciento de  habitantes sin cobertura; Chubut, 62; y Salta, 60; son otras de las provincias que soportan las  mayores dificultades del deteriorado sistema de salud.
El sistema sanitario es una de las pautas más notorias de la inequidad social. Así, mientras el 97  por ciento de los hogares de clase alta tiene cobertura de salud, entre los de menores recursos  apenas el 30 por ciento tiene alguna cobertura. El 70 por ciento se atiende exclusivamente en  hospitales y pertenece a los grupos más vulnerables: el 10 por ciento son mayores de 65 años,  mientras que otro 28 por ciento tiene menos de 15 años.

Según el Barómetro de la Deuda Social Argentina elaborado por la Universidad Católica (UCA),  el 46 por ciento de las atenciones de pacientes de clase media se hace a través de una obra  social, mientras que en el caso de los estratos bajos apenas el 12,4 se atiende a través de ese  tipo de prestaciones.
En el área metropolitana, el 61 por ciento de las personas de menores recursos se atienden -o  intentan hacerlo- en hospitales públicos. En cambio, en los estratos medios apenas el 14 por  ciento lo hace en centros asistenciales de la esfera estatal. 

Los médicos

La desigualdad que padece la Argentina también se refleja en la cantidad y distribución de los  médicos, ya que la mayor parte de los 200 mil profesionales de la salud que hay en el país está  concentrada en grandes metrópolis, mientras que en el interior hay escasez de facultativos con  una situación epidemiológica más complicada.
Se observa, asimismo, un proceso de feminización profesional: datos del último censo (2001) ya  indicaban que los varones eran el 61% del total de los médicos del país, pero, analizado por  edad, estos porcentajes varían de manera rotunda: entre los profesionales mayores de 65  años, el 80% eran hombres, y entre los de 20 a 29 años el 59% mujeres.
Desde entonces, la irrupción de la mujer continuó aumentando. Hoy, más del 80% de los  estudiantes de medicina son mujeres, que predominan en pediatría, dermatología o  tocoginecología, y se desempeñan cada vez más en especialidades tradicionalmente masculinas  como la cirugía o la traumatología.

Con casi 200 mil profesionales, la medicina es la disciplina con mayor cantidad de profesionales  matriculados, con un 23,26% del total, según proyecciones del INDEC.
En medio de esta compleja situación, informes extraoficiales abren un interrogante sobre cómo  impacta la falta de la residencia en la formación de los médicos. Se estima que cuatro de cada  diez egresados de las carreras de medicina aún no logró hacer la residencia, y las áreas más  críticas son cardiología, cirugía plástica y anestesiología.

CLARÍN  11/09

Aumentan por decreto los aportes a obras sociales

El tope estaba fijado en $ 4.800 de salario. Lo elevan desde octubre, a $ 7.800.

Luego de varios meses de demora, la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que eleva el tope salarial para calcular las contribuciones y aportes a las obras sociales y PAMI para los trabajadores en relación de dependencia. La medida -que entra a regir desde el mes próximo- comprende también a las cuotas patronales con destino a las ART. Y había sido anticipada por Néstor Kirchner a Hugo Moyano en la reunión que tuvieron el martes.

El decreto eleva ese límite de $ 4.800 a 7.800 equiparándolo con el que rige para el aporte jubilatorio. El decreto autoriza a subir ese tope cada vez que suban las jubilaciones, como en el sistema previsional. Se estima que esta medida comprenderá a unos 350.000 trabajadores que cobran más de $ 4.800.

Esos trabajadores, aunque ganan más de $ 4.800, hasta ahora tenían un descuento para salud de $ 288. En adelante, a quienes ganen más de $ 7.800 se les descontarán 468 pesos (234 pesos para la obra social y $ 234 para el PAMI).

En total, la recaudación de las obras sociales -incluyendo el PAMI- se vería reforzada en más de 50 millones de pesos por mes. Pero una parte se lo llevan las prepagas que tienen convenios con las entidades sindicales. Esta suba del tope salarial reduce el ingreso de bolsillo de los trabajadores. Pero en muchos casos el resultado podría ser neutro, o incluso positivo, porque: El aporte de salud se deduce de Ganancias. Así, en parte, la suba del aporte se compensa con el menor pago del impuesto.

La mayoría de los empleados de sueldos más altos derivan sus aportes -y la contribución del empleador- a una prepaga.

En muchos casos, esa gente paga una cuota adicional para cubrir el mayor costo del plan prepago. Ahora, esos empleados contarán con un aporte obligatorio de salud más alto y podrán pagar menos de cuota extra, elegir planes médicos más caros o cubrir las recientes subas de las cuotas privadas.

Así, el resultado final sobre el ingreso de bolsillo dependerá de lo que se pueda reducir de Ganancias y del eventual ahorro de una parte o de toda la cuota extra que se destina a la prepaga.

En las obras sociales dicen que remediaría una situación injusta: un trabajador que gana entre 1.000 y 3.000 pesos aporta el 6% del sueldo. Pero el que gana, por ejemplo, $ 10.000, aportará el equivalente a 4,68% del sueldo.

CLARIN 13-09

Quieren sumar 45 mil nuevos enfermeros profesionales

Es uno de los recursos humanos críticos de la salud argentina. En el sector público hay 65.806 enfermeros, de los cuales sólo el 7% tiene un título de grado. Auxiliares de enfermería conforman la mayoría (63%), un título que sólo requiere un año de estudio. Ahora el Gobierno busca modificar este escenario: quiere formar a 45.000 nuevos enfermeros profesionales, jerarquizar la profesión y mejorar su distribución en las distintas regiones del país. Para eso, la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, presentó el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería.

Propone un proyecto de ley -que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso- para propiciar la formación de enfermeros en universidades nacionales y provinciales de todo el país con una currícula unificada, dedicación exclusiva y a tiempo completo.

El proyecto fue presentado el viernes en el Palacio San Martín como cierre del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los ministros de Salud de todo el país, y en el que también participó un consejo asesor integrado por los decanos de las facultades de Medicina de las universidades públicas, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Argentina, José Antonio Pagés. La iniciativa cuenta con el consenso de entidades profesionales de distintos niveles y también de la OPS.

Para eso, el año próximo habrá un programa de becas para los alumnos que cursen los tres años de la carrera de enfermero profesional, según sus necesidades y cumplimiento de los requisitos. Está dirigido tanto a estudiantes de enfermería como a los auxiliares en proceso de profesionalización.

Además, el plan de la cartera sanitaria contempla un programa de incentivos monetarios para las escuelas de enfermería universitarias "que retengan a los estudiantes y combatan los altos índices de deserción de esta carrera". "El panorama de la enfermería conforma un problema estructural, y lo vamos a enfrentar para que se convierta en uno de los pilares de la atención de la salud", afirmó Ocaña.

La formación de nuevos enfermeros profesionales también apunta a modificar la actual desproporción entre médicos y enfermeros. "En el país hay, en promedio, cuatro médicos por cada enfermera. Nuestra meta es que haya un enfermero profesional por cada médico, según los estándares internacionales", anticipó Humberto Jure, subsecretario de Promoción y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación.

Salud: reclaman las mutuales

El proyecto de ley que regula a la medicina privada -que tiene media sanción de la Cámara de Diputados- levantó olas no sólo entre los empresarios de las prepagas, que se oponen a varios artículos de esa reglamentación. También las cooperativas y mutuales, hasta ahora reguladas por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo Social, salieron a manifestar su total "rechazo" por haber sido incluidas en ese nuevo marco regulatorio.

Según estas entidades de la salud -entre 600 y 700- estar incluidas en la ley que regula a las prepagas es una "violación de la naturaleza jurídica asociativa y del fin no lucrativo" de esas organizaciones. Hoy estas entidades, nucleadas en la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS) están reguladas por el INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. "El espíritu de nuestras entidades es cubrir las necesidades asistenciales de un sector de la población distribuyendo el gasto de los usuarios. No somos entidades comerciales sino de "autogestión", explicó José María Guerrida presidente de FAMSA. La mecha se encendió cuando en el artículo 1° de la ley que regula las prepagas se incluyó a este tipo de entidades.

Por eso, FAESS y FAMSA presentaron hace unos días, en el Congreso, un nuevo proyecto de ley, que tiene vigencia hasta febrero de 2009, en el que proponen básicamente ser excluidas de la regulación propuesta para la medicina privada.

GENTE BA   19-09

Médicos municipales denuncian crisis en hospitales porteños

Médicos y personal de distintas áreas hospitalarias de la ciudad de Buenos Aires realizaron un acto en el que denunciaron una fuerte crisis en los centros asistenciales porteños debido a la falta de necesidades básicas y a problemas de gestión administrativa.

Los profesionales que se concentraron en la entrada del hospital Rivadavia exigieron "insumos básicos, reparación y renovación de la tecnología, mejoramiento edilicio y nombramiento de médicos y no médicos que ya concursaron", señaló Jorge Gilardi, titular de la Asociación de Médicos Municipales porteños.

Los 30 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires están "atravesando una crisis por falta de insumos y tecnología obsoleta", añadió el profesional. "La verdad es que hay un problema de gestión, de administración de insumos que hace que se suspendan operaciones, que se aumenten las listas de espera", agregó en ese sentido. Señaló que "la problemática es heterogénea pero atraviesa a todos los hospitales", y afirmó que "exigimos un mecanismo de compra de insumos y administración más ágil". En este marco, reclamó que "sean nombrados los más de 500 médicos y profesionales no médicos, sin contar los enfermeros, que ya concursaron, y sin embargo están demorados". "Hoy los hospitales públicos están necesitando que ese recurso humano sea nombrado, porque esta suma de factores resiente la atención, por eso hicimos un acto público sin hacer un paro para no afectar la atención de los pacientes", dijo el dirigente.

Gilardi aclaró que "nosotros tenemos un diálogo abierto con los ministerios de Hacienda y Salud de la Ciudad, pero creemos también que hay una dificultad de gestión que impide el normal funcionamiento de los hospitales". El profesional adelantó que "vamos a evaluar las respuestas que nos va a dar el gobierno, y si son lógicas bien venidas, sino determinaremos las medidas gremiales a adoptar".

PAGINA 12   23-09

Los chicos no quieren tomar la leche

Un análisis realizado por el INTI detectó una partida de leche en polvo con mal sabor y mal olor, distribuida en un comedor. Dos legisladores opositores denunciaron a Macri. El gobierno rechazó la denuncia.

La leche en polvo que el gobierno porteño distribuye en algunos comedores comunitarios “no cumple los requisitos del Código Alimentario” nacional y es prácticamente intomable para los chicos porque tiene un sabor “fermentado, ácido, salado” y “olor a silo o a forraje fermentado”, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tal comprobación dio pie a dos legisladores porteños para presentar una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, su ministro de Hacienda y el coordinador de Compras de Alimentos para Programas Sociales. Desde el gobierno porteño respondieron que la leche en cuestión fue debidamente testeada por Higiene y Seguridad Alimentaria.

La denuncia fue presentada por los diputados Liliana Parada y Martín Hourest, ambos del bloque Igualdad Social. Las muestras fueron tomadas en el comedor infantil La Misión, donde asisten los chicos del centro de evacuados de la incendiada Villa Cartón, en el Parque Roca, Villa Lugano. Se trata de la leche en polvo marca Sauque, analizada en agosto del corriente por el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea del INTI.

Si bien el análisis bacteriológico arrojó que el producto cumple con los requisitos del Código Alimentario, no ocurre lo mismo con el análisis químico, que da un pH más bajo del mínimo requerido, mientras que las materias grasas también son inferiores al piso exigido. Eso, más los problemas en el aspecto y en el sabor y el olor, hacen que el organismo recomiende “no utilizar esta leche para consumo de los niños que asisten al comedor”.

El gobierno porteño rechazó “de manera categórica” la denuncia y aseguró que la partida de leche denunciada “fue sometida a controles bromatológicos en los meses de marzo y agosto, con resultado apto para consumo humano”. Mediante un comunicado, el gobierno sostuvo que “todos los productos incluidos en las licitaciones de compra son analizados por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. “Ningún producto que tenga observaciones negativas de bromatología puede ser distribuido”, afirmó.

PáginaI12 consultó en el Ministerio de Desarrollo Social porteño, pero desde esa cartera derivaron la consulta a la diputada del PRO Lidia Saya, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. “Desde el gobierno se distribuyen alimentos en 320 comedores, y en todos los casos los alimentos pasan por todos los controles. No está bien generar un manto de sospecha sobre los alimentos”, dijo la diputada.

La queja de los diputados denunciantes es sobre la “mala calidad de algunos alimentos, como la polenta, que debe ser lavada antes de ser cocinada para extraer unas partículas negras; las galletitas, que vienen trituradas y no se pueden untar, y la carne, que tiene una gran cantidad de grasa”, entre otras. Fue Parada la que recogió los reclamos de los vecinos porque los niños “no querían tomar la leche” y dio pie para la intervención del INTI.

Los diputados de Igualdad Social denunciaron a Mauricio Macri y a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, por “omisión de los deberes de funcionario público” al entender que “no han cumplido con los controles de calidad a su cargo”. “Y los perjudicados aquí son los sectores más vulnerables de la ciudad”, afirmó Hourest. Desde el gobierno replican que esos controles se han realizado y califican la presentación de los diputados opositores como “una denuncia política”.

Los legisladores hicieron extensiva la denuncia al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Compras de Alimentos para Programas Sociales (Upecaps) Francisco Ciorciari, responsable de las compras de alimentos. Recordaron que el 25 de enero último Macri denunció que la ciudad pagaba un 65 por ciento de sobreprecios en alimentos y se refirió a esa unidad como “un antro de corrupción”.

La denuncia penal presentada entonces por el jefe de Gobierno en ese momento fue archivada por falta de pruebas, según admitieron fuentes del gobierno porteño.

PAGINA 12  25-09

Ni locos dejan que cierren los talleres

Es un lugar de rehabilitación para 220 pacientes. Ante rumores de un posible cierre, organizan un festival para mañana. Ayer, el ministro de Salud garantizó la continuidad de los talleres, aunque ratificó el futuro cierre del Borda y el Moyano.

Aunque funcionan hace más de cuarenta años, hasta ahora han sido la cara oculta del sistema de salud mental de la ciudad. Allí, un puñado de hombres trabaja de cuatro a cinco horas por día, en la producción de muebles, ropa y medicamentos para uso en los hospitales porteños. Son todos pacientes psiquiátricos, algunos internados en el Hospital Borda, otros ambulatorios o atendidos en hospital de día. Ellos, sus familiares, y los 180 trabajadores que cumplen tareas en esos centros están en estado de alerta desde que el gobierno de Mauricio Macri anunció su plan para cerrar los hospitales psiquiátricos, derivar a los pacientes a nuevas instituciones e instalar allí un centro cívico para la administración de la ciudad.

Ayer, tras recibir el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, la Comunidad de los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica convocó a un festival que se llevará a cabo mañana a las 11, en los talleres de la calle Suárez, en Barracas. El ministro de Salud, Jorge Lemus, salió a aclarar por primera vez que los talleres seguirán funcionando porque “están emparentados con el nuevo modelo (de salud mental) basado en la atención primaria, las internaciones breves y la reinserción social de los pacientes”.

En el banco de la carpintería, Luis Alberto lija sin premura una silla de madera que acaba de armar; podría decirse que la acaricia con el papel áspero, como si ese mueble fuera para la persona que ama. Tiene 30 años y éste es su primer trabajo, el oficio que aprendió aquí hace casi un año. Viene todos los días desde Rafael Calzada, donde vive con su papá, y después del taller cumple con la rutina del hospital de día, en el Borda. En el taller de electricidad, Leonardo viene desde el hospital, a tres cuadras, todos los días. Y con sus compañeros Matías, de 27; Leonardo, de 41, y Jaime, de 31, están trabajando en un bobinado para el motor de un ventilador que quedó fuera de servicio. Empezaron por aprender a pelar cables y llegaron a armar una instalación, “aunque todavía no me animo a largarme solo”, confiesa Matías, que viene derivado de la Obra Social de Bancarios. Todos reciben a cambio una retribución de 200 pesos mensuales.
Son 220 en total los pacientes de los talleres protegidos, repartidos en cinco sedes. Una de ellas es la de la calle Suárez al 2200, detrás del Moyano, en galpones que alguna vez fueron depósitos de la Fundación Eva Perón, según quedó grabado en la memoria colectiva de los trabajadores. Por esos galpones transitó ayer Hebe de Bonafini, acompañada por Juana de Pergament y Hebe Mascia. Las tres fueron a expresar el apoyo de las Madres a la permanencia de los talleres. “Aquí se produce vida, compañerismo”, destacó Bonafini, que se propuso como “madrina” de los talleres, “para lograr que puedan trabajar en dos turnos”. “Y si a Macri se le ocurre la loca idea de cerrarlos, los vamos a ocupar con los trabajadores”, advirtió.

“El trabajo se puede potenciar si hubiera más personal, si tuviéramos más insumos. Pero Macri los está vaciando, porque su proyecto es cerrar los hospitales y promover un negocio inmobiliario en esta zona”, dijo Marcelo Frondizi, dirigente de ATE y trabajador de los Talleres Protegidos desde hace 37 años.

Actualmente trabajan en los talleres 180 empleados, en su mayoría calificados como operadores en salud mental o auxiliares de rehabilitación, categorías no reconocidas aún en el escalafón municipal. Lo hacen junto a un equipo médico que evalúa a los pacientes, quienes son derivados a su vez tanto desde el Borda como de otros centros que valoran la experiencia. “Este es un lugar para que los pacientes que están en condiciones de ser dados de alta puedan encarar tareas de reinserción social”, explica Frondizi.

Aunque no es una experta en la materia, Bonafini dejó en su visita algunos conceptos interesantes. “Los pacientes psiquiátricos deben atenderse en hospitales comunes, igual que nosotros. Tenemos que terminar con la historia de que los locos tienen que estar encerrados”, dijo, en un claro pronunciamiento a favor de las políticas de desmanicomialización, que son resistidas por sectores de los médicos y los gremios.

Luego, por primera vez, el ministro Lemus salió a expresar públicamente su apoyo a los Talleres Protegidos “porque constituyen un dispositivo central en el modelo asistencial” del gobierno. Sin embargo, aclaró que los hospitales Borda y Moyano “se van a cerrar” recién cuando “se pongan en funcionamiento los dispositivos adecuados para reemplazarlos”. Esas medidas se tomarán, afirmó, “en cumplimiento de la Ley de Salud Mental, que busca la desinstitucionalización de los pacientes que, por su patología, no deben estar internados”.

INFOBAE

Militantes universitarios marcharán por el Centro

Se trata de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, que se concentrarán esta máñana en Bolívar 1. Rechazan que alumnos de instituciones privadas se incorporen a residencias en hospitales públicos

La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trasladará hoy sus actividades académicas a las puertas de la jefatura de gobierno porteña, para rechazar la incorporación de estudiantes de universidades privadas en la realización de residencias en los hospitales públicos. Estaba previsto que la protesta comenzara a las 10 y consiste en clases abiertas y públicas dictadas por docentes de diversas cátedras. A las 15, el Consejo Directivo en pleno, presidido por el decano Alfredo Buzzi, sesionará en la calle, informaron fuentes de esa Facultad de la UBA.

El conflicto comenzó a partir de un convenio que el gobierno porteño firmó con universidades privadas para que estudiantes que cursan los últimos años de la carrera de Medicina puedan efectuar residencias en los hospitales públicos. Las residencias son un requisito indispensable para que los alumnos de las diversas carreras de Medicina de la UBA obtengan su título. Al tener que compartir las vacantes que existen en los hospitales públicos con estudiantes de universidades privadas, "se reduciría aún más la posibilidad de efectuar las residencias", explicaron a Télam fuentes de la Facultad.

NOTICIAS URBANAS  26-09

Residencias Médicas: Lemus dará prioridad a los alumnos de la UBA

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre el ministro porteño de Salud y el decano de la Facultad de Medicina, Alfredo Buzzi, en la cual se firmaron varios acuerdos. Entre otras cuestiones, el funcionario aseguró que los alumnos de la UBA tendrán prioridad a la hora de acceder a las residencias médicas.
 
En la tarde de este jueves se llevó a cabo una reunión donde el ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, recibió al decano de la Facultad de Medicina, Alfredo Buzzi; al director de la Región Sanitaria, Néstor Pérez Baliño; la directora de Capacitación del Ministerio de Salud porteño, Euguchi Kumiko y a los consejeros del claustro de profesores, graduados y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

En dicha reunión resolvieron ratificar el espíritu de colaboración histórica entre el Gobierno de la Ciudad y la UBA. Por tanto, ambas partes se comprometieron a firmar un nuevo convenio para la formación de sus estudiantes. Por otra parte, Lemus indicó a los secretarios del Comité de Docencia e Investigación de los hospitales de la Ciudad que deben garantizar y dar prioridad a los alumnos de la UBA, por sobre los graduados de otras instituciones, incluso las privadas. En caso contrario, aclaró que se deberán informar a la cartera sanitaria las fundamentaciones del rechazo.

Finalmente, se reafirmó la ordenanza Nº 40.997 del año 1986 y todas sus modificaciones. Dicha ordenanza indica que todos los graduados con título habilitante reconocido en nuestro país están en condiciones de presentarse al examen de residencias médicas para el equipo de salud.

PAGINA 12

A los chicos de antes no les daban trisoja

La Justicia interviene ante el pedido de un legislador para que se suspenda la provisión de alimentos con soja en los comedores escolares. Padres y alumnos denuncian una baja en la calidad y cantidad de los alimentos distribuidos.

La Justicia porteña le pidió al Ministerio de Educación de la ciudad un informe sobre “cómo se compone la provisión de alimentos para menores que se brinda a los diferentes centros educativos escolares”, incluyendo un “detalle del menú semanal y mensual”. El pedido se hace a partir del recurso de amparo presentado por un legislador, quien reclamó que se suspenda la provisión de alimentos con soja a niños en edad escolar, especialmente a los menores de cinco años. El pedido se basa en un informe del INTI según el cual “no se recomienda la utilización de la soja en la alimentación infantil antes de los cinco años” de edad (ver recuadro). A esa presentación judicial se suman los reclamos de los padres, de las asociaciones cooperadoras –que gestionan o controlan el funcionamiento de los comedores escolares–, para quienes la “cazuela mixta con trisoja” que sirven cada quince días resulta “incomible” y muchas veces “hay que tirar ollas enteras porque los chicos no lo quieren probar”. Padres y alumnos se quejan además porque ha disminuido la cantidad de productos en las viandas de refuerzo alimentario y, en algunas ocasiones, la calidad de los alimentos. El tema de la alimentación es uno de los motivos del paro de 48 horas convocado por los docentes (ver página 10).

La cazuela mixta ya se ha ganado para los chicos el mismo prestigio que tenía la sopa para Mafalda. “Es un pastiche seco que a veces trae carne o verduras, pero que es incomible. A veces sobran las ollas enteras”, relata a PáginaI12 Natalia Pintos, de la escuela y el jardín que funcionan en Alsina al 2500, en Balvanera. El contenido principal de ese plato es la “trisoja”, un alimento sobre la base de trigo y soja que fue incluido en el menú diseñado por el Ministerio de Educación pero que no resiste la primera degustación de los niños.

En los comedores también lamentan la inclusión de salchichas, que “si bien a los chicos les gustan, no resultan suficientemente nutritivas cuando se trata, a veces, de la única comida del día para muchos chicos”, dice Marcela Tibud, de la Escuela 1 de Villa Devoto. “Hubo un descenso en la calidad y un aumento en los precios: los chicos a principios de año pagaban el almuerzo a 5,40, ahora les cuesta 7,20”, dice César Sánchez, delegado del distrito 8º y cooperador de una escuela de Caballito.

En ese contexto, el diputado Pablo Failde (Frente para la Victoria) presentó el viernes una acción de amparo en la que solicita como medida cautelar “la suspensión inmediata de la provisión de viandas que contengan trisoja o bien milanesas de soja y la restitución del tipo de viandas vigentes en la ciudad hasta el año pasado hasta tanto se efectúe un estudio por organismo público competente, que autorice su uso para comedores escolares”.

El legislador fundamentó su pedido en un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que, al referirse a las recomendaciones para el consumo de la soja, en especial para la alimentación de los niños, advierte que “la soja no debe usarse nunca como sustituto de la carne” y “no se recomienda su utilización antes de los cinco años”. En los mayores, “no debe considerarse como un elemento central” de su alimentación.

Esto es así porque –según el informe– la soja “tiene un alto contenido de fibra que puede ocasionar dificultades en la absorción de minerales”, además de tener un “déficit de aminoácidos azufrados”, necesarios “en las etapas de crecimiento rápido, de 0 a 2 años y para la recuperación de cuadros de desnutrición”. Además, la soja es cuestionable por “la presencia de isoflavonas, cuyos efectos estrogénicos pueden ser responsables de un desarrollo mamario prematuro y el adelanto de los eventos pubertales en niñas o un aumento del volumen de las mamas en niños”, según opinan algunos investigadores.

Consultado por este diario, el nutricionista Jorge Braguinsky consideró que la evaluación del INTI es “razonable”, ya que si bien la soja es un vegetal con proteínas completas, “es más difícil su aprovechamiento y (su consumo) perjudica la incorporación de calcio y otros nutrientes”.

La denuncia de Failde recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, a cargo de Guillermo Scheibler, quien solicitó al Ministerio de Educación que “dentro del término de dos días informe: a) cómo se compone la provisión de alimentos para menores que se brinda en los diferentes centros educativos de la ciudad; b) que detalle desde cuándo rige ese menú; c) si fue modificado en el corriente año, y en caso afirmativo describa la dieta anterior”. El mismo pedido fue solicitado al Ministerio de Salud, ya que la presentación de Failde alude también a las dietas de los hospitales.

Desde el Ministerio de Educación informaron a PáginaI12 que si bien los nuevos menúes incluyen un alimento a base de trigo y soja, “no reemplazan a la carne, sino que complementan la dieta”. “No se varió el nivel nutricional del pliego anterior”, aseguraron voceros de esa cartera. La cazuela mixta, aseguran, “es una de las quince comidas que figuran en las listas, es decir que se sirve una vez cada tres semanas”. También aclararon que el menú no incluye milanesas de soja sino “de carne prensada”.

No explicaron en el ministerio por qué se redujeron las viandas de refuerzo que reciben los chicos de los tres niveles educativos que requieren asistencia alimentaria. En efecto, hasta el año pasado los niños recibían una bolsita con tres productos: una sándwich de jamón y queso, una fruta y un alimento seco, que podía ser una pasta frola, una torta de ricota o un alfajor. Después de la nueva licitación, uno de esos tres elementos desapareció del menú. “Y en algunos casos el alimento seco es una barrita de cereal, que puede ser muy nutritiva pero que los chicos tampoco quieren comer”, dice Natalia Pintos, delegada de las cooperadoras del Distrito Escolar 6.

El adjunto de la Defensoría del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris, dijo a PáginaI12 que en los últimos días recibió “numerosas denuncias de representantes de cooperadoras escolares sobre la mala calidad de los alimentos en los comedores y las viandas”. El defensor pidió al ministerio un informe sobre las nuevas dietas que reciben los escolares.

Aunque el plato de trisoja aparezca una vez cada quince días, para muchos padres su inclusión en el menú resulta inquietante. A los cooperadores les preocupa, por lo pronto, que un día por semana los chicos rechacen ese plato y se queden sin comer. “La polenta que mandan es una pasta apelmazada, las viandas calientes ya no las envían en recipientes de aluminio individuales, sino en tachos, y hay que pesarlas una por una”, lamenta Marcela Tibud, delegada del Distrito 16. “Están reduciendo costos en el lugar más vulnerable”, concluye su colega Natalia Pintos.

LA NACION   06-10

Cambian al director del hospital Argerich

Donato Spaccavento dice que lo echaron

Mientras el gobierno porteño decidió aceptar la renuncia que le había pedido a Donato Spaccavento al cargo de director del hospital Argerich, en el contexto del llamado a elección de directores de los 33 centros de salud porteños, el ex ministro de Salud durante las administraciones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, denunció que fue echado.

"Siento que me echaron de mi cargo por hablar y contar que en el hospital Argerich faltan insumos, algo que ocurre en varios centros de salud de la ciudad. Los demás directores no hablan por miedo a que les ocurra lo mismo", dijo Spaccavento en diálogo con LA NACION.

El gobierno puso en marcha una reestructuración de los mandos en los 33 hospitales del distrito. Los directores y los subdirectores serán elegidos por una comisión conformada por médicos jubilados que pasaron por esos cargos en la ciudad.

Vinculaciones políticas

Para el Argerich se presentaron seis postulantes y Spaccavento, que estaba en funciones desde 2002, no figura en esa lista. "Spaccavento es un militante político, en relación con el Frente para la Victoria. Estando en funciones ha tomado una posición muy política con respecto a la falta de insumos en el Argerich", dijo a LA NACION Néstor Pérez Baliño, director de la Región Sanitaria N° 1 de la ciudad, que controla diez hospitales porteños.

"En los cambios dispuestos por el gobierno, uno puede tener una actitud favorecedora o puede resistirse. Y él [por Spaccavento] se resistió a esos cambios al poner de manifiesto cuestiones netamente políticas", opinó Pérez Baliño.

Insumos

Consultado sobre esta situación, Spaccavento retrucó los dichos del funcionario. "Eso es falso. Los insumos faltan en todos los hospitales, pero Macri [Mauricio, jefe de gobierno] privilegia la selección a dedo de directores y subdirectores. Por eso, nadie quiere hablar sobre esto." El ex director del Argerich agregó: "No hay una salud kirchnerista o macrista, hay una salud pública para todos. Yo defendí la salud pública y no me fue bien. Por eso voy a iniciar acciones judiciales porque no pueden evitar que me presente a la selección. Y eso hicieron". Por lo pronto, autoridades del ministerio de Salud de la ciudad indicaron que el subdirector del Argerich, Néstor Hernández, seguirá al frente del centro de salud hasta tanto se defina quién será el nuevo conductor.

CRITICA

Larreta explicó porqué echaron al médico K

"Le pedimos la renuncia a todos los directores", resumió. Spaccavento era el referente oficialista en la política sanitaria porteña.

"Si uno no puede salir a decir lo que dicen los mismos funcionarios de gobierno, ni se me da una explicación cabal sobre los motivos de mi renuncia, no es transparente, y se torna en algo irregular", criticó Spaccavento. (Télam)

Mauricio Macri sumó una nueva crítica a su modo de gestión. Donato Spaccavento, quien hasta el último jueves era el director del hospital Cosme Argerich, dejó su cargo disparando dardos contra el jefe de Gobierno porteño. "Macri me aceptó la renuncia para sacarme del concurso y por contar los problemas que hay en los hospitales públicos", denunció Spacacavento en declaraciones a la agencia Télam.

La decisión del Ejecutivo porteño le fue comunicada al director un día después que un grupo de vecinos realizó un abrazo al centro de salud para respaldar a la actual conducción, por lo que Spaccavento consideró que "esta decisión es de una irregularidad absoluta".

A manera de explicación, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que no es cierto que le hayan pedido la renuncia por cuestiones "políticas". "Le pedimos la renuncia a todos los directores de hospitales, a todos, no solamente a él, para llamar a concurso", explicó el funcionario y agregó que "un director de hospital tiene que acceder a su cargo por concurso, lo que pasa es que en este caso es el secretario de Salud del gobierno anterior", en alusión a Spaccavento.

"El llamado a concurso fue hace dos meses y él lo sabe, está publicado, no puede decir que es mentira, decir que lo hicimos por lo que dijo de los insumos", replicó Rodríguez Larreta y aclaró que en todos los hospitales va a pasar lo mismo. El reconocido obstetra es un hombre del riñón de Daniel Filmus, rival directo de Macri en las últimas elecciones porteñas. Spaccavento forma parte de la Fundación Centro de Estudios Porteños (CEP), que el ex candidato kirchnerista preside.

El ex director del Argerich contó que le presentó en dos oportunidades su renuncia al ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, una ni bien asumió el gobierno y otra cuando se abrieron los concursos. "En ambas ocasiones me la rechazó, e incluso me dijo ’serías la última persona que echaría’", señaló.

"Yo creo que por un lado buscan sacarme del concurso, pero hay muchas causas en el medio, yo soy uno de los pocos directores que conté los problemas de sufren los hospitales, principalmente con el tema de la falta de insumos", agregó.

"Si uno no puede salir a decir lo que dicen los mismos funcionarios de gobierno, ni se me da una explicación cabal sobre los motivos de mi renuncia, no es transparente, y se torna en algo irregular", añadió.

El médico consideró que "esto obedece más a las denuncias públicas sobre la situación crítica de la salud, más que por mi pertenencia partidaria, incluso podría decir que claramente podría ser por mi posición frente a la privatización de los hospitales", cerró Spaccavento.

TELAM  08-10

Denuncian falta de insumos en hospitales

La Asociación de Profesionales en Formación de los hospitales porteños reclama que "el deterioro que viene sufriendo el sistema de salud municipal se ha intensificado profundamente con la llegada de Mauricio Macri" a la Jefatura de Gobierno. Por otra parte reclaman que faltan todo tipo de insumos, hasta gasas y jeringas.
 
Trabajadores del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron este martes la falta de insumos en ese centro de salud, lo que ocasiona "la suspensión" de algunas operaciones y "retrasos en la atención de los pacientes".
Médicos y empleados de hospital, ubicado en la intersección de las calles Urquiza y Venezuela, se concentraron en el hall de entrada de ese centro para reclamar en una asamblea insumos, seguridad de los trabajadores y aumento salarial.

Jorge Montivero, delegado gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) en el Ramos Mejía, sostuvo que "el hospital está atravesando una situación grave, ya que faltan insumos y seguridad para los trabajadores".
Montivero precisó que "se suspendieron operaciones porque no se arreglaron equipos de quirófanos, faltan drogas y se envían en forma irregular hasta los insumos de todos los días como las gasas y jeringas".

Opinó que el jefe de Gobierno "Mauricio Macri debe saber mucho de baches pero poco de salud, porque desprotege al trabajador del hospital al reducir el personal de seguridad y muchos profesionales se están yendo por los bajos salarios". El delegado acotó que "eso retrasa la atención de los pacientes" y no descartó que se realicen en los próximos días medidas de fuerza. El reclamo se hizo en el marco de una protesta de la Asociación de Profesionales en Formación de los hospitales porteños.

La Asociación denunció, a través de un comunicado, "el deterioro que viene sufriendo el sistema de salud municipal" que "se ha intensificado profundamente con la llegada de Mauricio Macri" a la Jefatura de Gobierno.

CLARÍN  10-10

Las mujeres ocupan sólo el 17% de los principales cargos de gobierno

No rige como en el Congreso la ley del cupo femenino del 30 por ciento.

A la hora de votar, cuando una elección abre el juego a la pulseada que determinará quiénes tomarán las riendas del país, la ley establece que tres de cada diez candidatos deben ser mujeres. Sin embargo, ese espíritu que busca garantizar, en el ámbito de la administración pública, la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de decisión, se esfuma ni bien las urnas vuelven a los depósitos. Actualmente, en el Poder Ejecutivo Nacional, sólo el 17 por ciento de los principales cargos están en manos femeninas.

Así lo revela un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al que Clarín accedió en exclusiva. Según datos, en el Poder Ejecutivo Nacional sobre un total de 170 cargos de alta importancia -tales como Ministerios, Secretarías y Subsecretarías-, sólo 29 están ocupados por mujeres. Esto arroja un escueto 17% de participación femenina.

En el Poder Legislativo, la situación es diferente. El Mapa de Mujeres en Política 2008, presentado por la ONU y la Unión Interparlamentaria, revela que el país ocupa el 4° lugar en el ranking mundial de representación parlamentaria femenina. Es la mejor posición en Latinoamérica, con el 40% de legisladoras. Luego de la última elección, en el Senado las mujeres ocuparon el 38,9% de las bancas.

Haciendo foco en la Presidencia, surge que de doce ministerios, sólo tres son conducidos por mujeres; que no hay ninguna dama en las seis secretarías de Estado; y que sólo hay una subsecretaria, cuando hay seis cargos de ese nivel.

En diálogo con Clarín, la defensora porteña Alicia Pierini explicó que el propósito del estudio fue "destacar la importancia de respetar la igualdad de oportunidades en los ámbitos de decisión". En el organismo que conduce, aclaró, no se quedan en la palabra ni en la denuncia: "la mitad de los empleados de la Defensoría son mujeres". Un ejemplo claro de "desigualdad de género" se expresa en los Ministerios de Salud, de Defensa y de Relaciones Exteriores, en los cuales, pese a estar conducidos por mujeres, no hay ninguna "pollera" en los cargos jerárquicos de secretaria o subsecretaria.

De todas maneras, el extremo de casi "nula" participación femenina se encuentra en el Ministerio de Planificación Federal: ninguna mujer fue designada en las tres secretarías y hay sólo una en catorce subsecretarías. Similares referencias se observan en la Jefatura de Gabinete y en los ministerios de Economía, Trabajo y Justicia.

El estudio también buceó en la situación de los Ejecutivos provinciales. Y encontró que "de 48 gobernadores y vicegobernadores, las mujeres sólo ocupan una gobernación y siete vicegobernaciones, lo que representa un 16,6%".

Si bien no hay una norma que obligue a cumplir un determinado cupo femenino en los distintos niveles de los Ejecutivos nacionales y provinciales, llama la atención que las mujeres -que representan la mitad de la población- no tengan, en los hechos, el mismo acceso a cargos donde se definen cuestiones claves del quehacer nacional.

Para la defensora Pierini, "debe tomarse conciencia de la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en las decisiones ejecutivas". Según su visión, cuando no hay una norma que obligue a cierto porcentaje de participación femenina, los varones copan la parada. "Este relevamiento demuestra que cuando no hay cupo las mujeres no tienen acceso a lugares de decisión ni siquiera ni en un módico porcentaje", dice.

Pierini subraya que "este informe nos muestra, en primer lugar, que aún no existe una cultura que promueva el acceso de las mujeres a lugares de decisión en forma igualitaria a la de los hombres. Por lo tanto, sigue justificada la obligatoriedad de los cupos: si no existieran, tampoco habría mujeres en los escaños parlamentarios. Mientras la mitad de la sociedad no tenga acceso a todos los espacios de decisión, la mirada política seguirá siendo miope. Seguirá faltando una visión de género".

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Contra los nuevos manicomios

La comisión legislativa que evalúa el cumplimiento de la Ley de Salud Mental porteña cuestiona el proyecto del macrismo, que prevé cerrar el Borda y el Moyano para abrir diez nuevos centros psiquiátricos cerrados. Hoy es el Día de la Salud Mental.

“Bajo la consigna de desmanicomializar a los pacientes, se propone la creación de centros a puertas cerradas, en claro enfrentamiento a los criterios y las prácticas del Hospital Borda, que en la actualidad funciona como hospital de puertas abiertas.” La frase es una de las conclusiones del dictamen de la Comisión de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, que será presentada hoy en la Legislatura, con la presencia de los representantes de los profesionales y los trabajadores, en coincidencia con el Día de la Salud Mental. El informe cuestiona el plan presentado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 1º de abril último, que propone la creación de diez nuevos centros de internación y el cierre de los actuales hospitales psiquiátricos.

El informe fue firmado sólo por los cuatro diputados opositores de la Comisión, mientras que los representantes del oficialismo se abstuvieron de emitir un dictamen propio. “Lo único que conocemos del proyecto oficial, hasta ahora, además de esa presentación, son los llamados a licitación para la construcción de los centros de internación, realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, y el concurso de ideas lanzado por la Sociedad Central de Arquitectos para el diseño de un Centro Cívico en el predio de Barracas que hoy ocupan los hospitales”, lamentó la diputada Alicia Bello (Frente para la Victoria), presidenta de la comisión, en declaraciones a PáginaI12.

“Por empezar, se ha desjerarquizado la Dirección de Salud mental, que hoy tiene la categoría de dirección adjunta, bajo la órbita de la Dirección de Redes, por lo cual no tiene poder de decisión autónoma”, cuestionó la diputada Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires), que también suscribió el dictamen. Al respecto, el informe advierte que esa degradación impide dar cumplimiento a la ley salud mental.

El documento también está firmado por las legisladoras Diana Maffia (Coalición Cívica) e Ivana Centanaro (FpV). Estuvieron en desacuerdo con los términos del documento las diputadas del PRO Lidia Saya, Néstor Abbas y Victoria Morales Gorleri.

El documento que se difundirá hoy alerta sobre la “situación crítica, riesgosa y preocupante” que atraviesan las instituciones vinculadas con la salud mental. “Las medidas han sido tomadas en forma inconsulta, sin la participación de los distintos sectores pertenecientes al área, lo que ha generado una gran incertidumbre y preocupación por parte de los efectores y demás actores sociales involucrados”, sostiene el documento.

El documento se refiere de manera central al proyecto anunciado por Macri, formulado en abril por el jefe de Gobierno y su ministro de Salud, Jorge Lemus, denominado “Reforma del Modelo de Atención de la Salud Mental”. Consistiría en la creación de diez nuevos centros de internación psiquiátrica cerrados, con capacidad para 500 pacientes, monitoreados por circuito cerrado y con vidrios de seguridad en sus aberturas. También propone la creación de un Centro de Derivación y doce nuevos hospitales de día y casas de medio camino para la externación de pacientes.

“Al construir nuevos hospitales cerrados, no cumple con la Ley 448, de Salud Mental”, dijo la diputada Bello. La ley, además, propone la progresiva creación de áreas de salud mental en los hospitales generales, como una manera de terminar con la segregación de los pacientes psiquiátricos. “Hoy solo están funcionando servicios con internación en los hospitales Álvarez y Piñero. La gestión anterior impulsó la creación de salas en el Rivadavia y el Durand, pero esos proyectos están desactivados.”

– ¿El criterio de desmanicomialización no se contrapone con la idea de mantener centros de internación, como el Borda y del Moyano? –preguntó PáginaI12 a Alegre.

–En los últimos años estos hospitales han variado mucho, se han trasformado en hospitales de puertas abiertas. El cierre, entonces, es una decisión muy apresurada.
El informe también hace referencia a carencias estructurales de los hospitales, como la falta de insumos y deficiencias edilicias.

INFOBAE

Realizan actividades para concientizar sobre salud mental

En el marco del día mundial de esa enfermedad, el Ministerio de Salud de la Nación realiza una serie de espectáculos en las calles porteñas. Está auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud

Como cada 10 de octubre, en todo el planeta se realizan distintos tipos de actividades para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental.

En la Argentina, la Unidad Coordinadora Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable del Ministerio de Salud de la Nación invita a toda la población a participar de la celebración que, desde las 10, se lleva a cabo en la Peatonal Cerrito Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

La idea de los organizadores es que diversos actores de instituciones públicas y de la sociedad civil interactúen con los peatones, ocasionales espectadores, con el objetivo de destacar los movimientos de transformación y reforma en la asistencia de los problemas de la salud mental, enfatizar las acciones de prevención, y promover el respeto de los derechos humanos en las prácticas del área.

Las actividades están encabezadas por los Payamédicos, otros grupos de payasos hospitalarios, el Frente de Artistas del Hospital Borda, y miembros de la radio "La Colifata" y del Taller de Teatro del PREA (Programa de Externación Asistida, Hospital Esteves).

Las actividades son co-organizadas con la Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y DDHH de la que participa esta Unidad, contando asimismo con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS.

NOTICIAS URBANAS   15-10

Kravetz: "Si Lemus no da explicaciones se tiene que ir"

Este miércoles a partir de las 13, el ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, concurrirá a la reunión de diputados de la Comisión de Salud para responder a los cuestionamientos de los legisladores sobre la situación que se vive actualmente en los hospitales porteños. "Por la desidia e inoperancia de Lemus, el PRO consiguió lo que ni siquiera pudo la crisis del 2001: desabastecer a cada uno de los hospitales públicos de esta Ciudad. Que Macri revea la postura de mantenerlo en el cargo", dijo el presidente del bloque K, Diego Kravetz.

El ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, participará este martes a partir de las 13 de la reunión de diputados de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña que se desarrollará en el Salón Montevideo del Parlamento local.

"Vendrá a la Comisión de Salud a brindar explicaciones sobre la pésima gestión que viene llevando adelante en su área y por los preocupantes números de subejecución presupuestaria que hace que todos los hospitales de esta Ciudad se encuentren en pésimas condiciones", comentó el presidente de la bancada kirchnerista, Diego Kravetz, quien la semana pasada impulsó un proyecto de interpelación al Ministro que no fue aprobada en el recinto.

"Por lo menos logramos que vuelva a la Legislatura", resaltó el diputado. Y agregó: "La primera vez que lo hizo, también a pedido de los diputados del Frente para la Victoria, no pudo responder absolutamente nada sobre lo que se le consultaba, ni siquiera pudo explicarnos cuál es el Plan Integral de Salud que suponemos debería estar llevando a cabo desde hace casi un año que es cuando asumió".

Entre los puntos que serían cuestionados al responsable de la cartera de Salud, también figuraría el proceso de selección de nuevas autoridades hospitalarias que recibió duras críticas por parte del ex director del Argerich, Donato Spaccavento, y de varios referentes políticos de la oposición; y se le preguntaría sobre el Plan de Salud Mental, el cual fue calificado de "desconocido e inconsulto" en el informe realizado y presentado la semana pasada por la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento de la Ley de Salud Mental porteña.

"Si Lemus no da explicaciones se tiene que ir", disparó Kravetz. "Por la desidia e inoperancia de Lemus, el PRO consiguió lo que ni siquiera pudo la crisis del 2001: desabastecer a cada uno de los hospitales públicos de esta Ciudad. Nosotros exigimos que nos presente un plan a largo plazo y que Macri revea la postura de mantenerlo en el cargo, ya que la crisis terminal que está atravesando el sistema de salud, evidencia que no es una persona apta para estar al mando del ministerio. Si la situación no mejora, nosotros, desde la oposición, seguiremos pidiéndole al Jefe de Gobierno que tome medidas al respecto", concluyó.

CLARIN  16-10

Hospitales: duras críticas por falta de insumos y designaciones

La oposición cuestionó los nombramientos de directores. Lemus dijo que la atención mejoró.

El ministro de Salud de Mauricio Macri no salió bien parado ayer de una dura visita a la Legislatura. Jorge Lemus tuvo pocas respuestas para los cuestionamientos de la oposición, que habla de una crisis en el sistema hospitalario. Y tampoco fue auxiliado por los diputados del PRO, que mantuvieron un notorio silencio, con una sola excepción. Casi cinco horas de sesión de la comisión de Salud le debieron haber parecido tres días al funcionario, que se esforzó por responder con firmeza los ataques personales.

Lemus, que hasta 2007 fue director del Fernández, rechazó lo que denuncian desde distintos hospitales y es admitido por muchos macristas: problemas con la entrega de insumos. "Este año se realizaron 4.000 cirugías y 60.000 consultas ambulatorias más que el año pasado. Esto sería imposible con un sistema desabastecido", dijo el ministro en su exposición inicial. "Eso no es lo que vemos nosotros. Uno va a los hospitales y no funciona nada", le contestó Alicia Bello (Frente para la Victoria).

Después de un rato, Lemus y sus colaboradores terminaron por admitir los problemas que generó el sistema de compra de insumos hospitalarios centralizados en el ministerio de Hacienda, diseñado por macrismo al comienzo su gestión con el objetivo de eliminar la supuesta corrupción en los hospitales. El ministro incluso concedió que en alguna medida se está volviendo al sistema anterior.

Increpado por trabajadores de ATE y estudiantes de Medicina, que a los gritos rechazaron muchas de sus afirmaciones, Lemus tampoco encontró la salida cuando la socialista Verónica Gómez cuestionó la renovación de las cúpulas de los hospitales. El Gobierno prometió concursos para elegir los nuevos directores y mientras tanto designó una junta que debe elevarle a Macri listas de candidatos. "En vez de designar a dedo a los directores, como se hacía antes, ahora designan a dedo a quienes los designan", dijo Gómez.

Enseguida Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) preguntó por qué este año el ministerio no compró preservativos para prevenir el SIDA. Un colaborador de Lemus dijo que espera que "este mes" se empiecen a distribuir.

Aníbal Ibarra insistió con uno de los temas más cuestionados: la firma de un convenio para que estudiantes de Medicina de universidades privadas hagan sus prácticas en hospitales públicos. "Les cobran cuotas altas altísimas y el Estado les termina financiando las prácticas", dijo, mientras Lemus, por lo bajo, les comentaba a sus colaboradores: "Es increíble. Cuando él era jefe de Gobierno entraban a los hospitales cualquier cantidad de estudiantes de universidades privadas". Y el diputado macrista Martín Ocampo se peleó entonces a los gritos con Ibarra.

Ante las preguntas de Martín Hourest (Igualdad Social), el ministro admitió que los 150 millones de pesos para renovar el equipamiento de Salud votados hace meses por la Legislatura van a incorporarse recién en el presupuesto 2009.

LA NACION

El ministro de Salud informó a legisladores

El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, sostuvo ayer ante la Comisión de Salud de la Legislatura ?según la síntesis de la reunión difundida por la Dirección de Prensa del cuerpo que en sus 10 meses de gestión cumplió "con los objetivos planteados, entre ellos el de regionalización", e informó que "se realizaron 4000 cirugías más y 60.000 consultas más que en 2007". El diputado opositor Martín Hourest (CTA) denunció que Lemus atribuyó "a errores de logística en la compra centralizada de insumos hospitalarios la ausencia de un plan de contingencia que repercute desde hace 6 meses en la falta de insumos", y admitió que "no resolverá este año el equipamiento que requieren los hospitales".

PAGINA 12

Que cada uno se cuide como pueda

Tampoco reciben profilácticos las ONG que hacen prevención en escuelas y boliches. La ciudad adquiría cinco millones por año, pero en 2008 no hubo compras. Macri también cerró locales de testeo de VIH. Lemus dijo que habrá preservativos en los próximos días.

 “Hace meses que el gobierno de la ciudad no entrega preservativos, y esto es un gran retroceso porque no había sido fácil instalar el tema en las consultas hospitalarias”, contó el secretario del Comité de Sida del hospital Ramos Mejía. La situación, generalizada en los centros de salud porteños, afecta también a ONG que desarrollan la prevención en escuelas, discotecas y poblaciones vulnerables. La ciudad, que adquiría anualmente cinco millones de preservativos, en lo que va de este año no concretó ninguna compra y sólo contó con un millón, recibidos de la Nación. Hoy la Legislatura tratará, al respecto, un pedido de informes al Ejecutivo porteño. Entidades de personas con VIH denuncian también la falta de insumos para testeos, el cierre de locales donde se efectuaban y, también, la omisión, este año, de la ya tradicional distribución de forros a estudiantes durante el Día de la Primavera.

Marcelo Losso –jefe del Servicio de Inmunocomprometidos y secretario del Comité de Sida del Ramos Mejía– advirtió que “la provisión de preservativos se había logrado establecer en los hospitales públicos. Su interrupción desde hace varios meses es grave porque no es un tema fácil de instalar en la agenda de las consultas médica, farmacéutica o psicológica; el preservativo tiene que estar fácilmente disponible para que la gente se acostumbre a usarlo”.

También Pedro Cahn, jefe de Infectología del Fernández, señaló “faltantes de preservativos, así como de muchos otros insumos”. Según precisó María Eugenia Gilligan, titular de la Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH, “faltan preservativos en todos los hospitales de la ciudad. Tampoco nos entregan a nosotras, que sólo podemos distribuir los que recibimos del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida”. Además, “el gobierno cerró las ‘Casas Jóvenes’ que ofrecían testeo de VIH en horarios extendidos”.

El faltante tiene efectos en diversos frentes. Alejandro Freire, de la Fundación Buenos Aires Sida, contó que “carecemos de preservativos para entregar en organizaciones que los solicitan: comedores, discotecas, organizaciones de travestis. En las escuelas públicas, donde hacemos educación sexual, si no se puede ofrecer preservativos la tarea se vuelve teórica y biologista”.

Ayer, en su informe ante la Comisión de Salud de la Legislatura (ver nota aparte), Jorge Lemus, ministro de Salud de la ciudad, sostuvo que “ya se compraron cuatro millones de preservativos, que se recibirán en los próximos días”. Hoy la Legislatura tratará un pedido de informes al Ejecutivo solicitado por la diputada Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) “sobre la compra y entrega de preservativos y anticonceptivos”. Según la legisladora, “a partir de fines de 2007 estaba prevista la compra de cinco o seis millones de preservativos, la misma cantidad adquirida el año anterior, y hasta ahora no se compró ni uno. Onusida insiste en que hay que inundar de preservativos a las poblaciones para que los jóvenes se habitúen a su uso”.

“Además –observó la diputada Alegre– el 21 de septiembre, como si hubiera habido una orden no escrita, se omitió el reparto de preservativos a estudiantes, que se venía haciendo desde hacía varios años.”

Ensayos para abastecer hospitales

El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, admitió errores en el sistema de compras centralizadas de insumos, que implementó la gestión de Mauricio Macri y que derivó en una crisis de abastecimiento en la mayoría de los hospitales de la ciudad. Lo hizo en un informe que presentó ayer en la Legislatura porteña, donde fue cuestionado por el sistema de selección de nuevos directores, que los más altos representantes del gobierno presentan como “concurso” pero que para los diputados de la oposición no es más que “una selección poco trasparente, sin reglamentación”. También hubo críticas a un convenio que el Ministerio de Salud firmó con el Hospital Italiano para “asesoramiento y provisión de un software para la gestión hospitalaria”. El ministro concurrió con un grupo de colaboradores, que dejaron constancia de que el Ministerio de Hacienda aprobó el nombramiento de sólo nueve agentes –entre profesionales y empleados– de los 3400 que habían ganado concursos y que había prometido incorporar su cartera.
Lemus concurrió a la Legislatura en medio de la crisis que aflige al sistema de salud porteño y que desencadenó protestas, como las que se llevarán a cabo hoy en los hospitales Argerich y Álvarez (ver recuadro). Allí, ante la consulta de los legisladores de la oposición, defendió los convenios con universidades privadas para la realización de residencias en hospitales públicos, pero garantizó que se respetará “la totalidad de la demanda de la universidad pública”, con lo cual descartó la fijación de cupos.
Como si fueran pocos los pasos atrás que ha dado la gestión de Macri en distintos ámbitos, Lemus dio cuenta ayer de uno más: “Estamos discutiendo con la ministra (de salud de la Nación Graciela) Ocaña la incorporación de la ciudad al Programa Nacional de Producción Pública de Medicamentos”. El diputado Martín Hourest (Igualdad Social) le recordó que fue el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien en enero de este año vetó la ley que impulsaba la fabricación de productos farmacéuticos por parte del Estado porteño.

“Actualmente estamos haciendo en forma centralizada el 46 por ciento de las compras y esperamos llegar a fin de año con una reducción al 30 por ciento”, afirmó el subsecretario de Administración de Sistemas de Salud, Néstor Kirby. El funcionario admitió que el desabastecimiento en los hospitales se originó por “el atascamiento en la distribución” de los insumos, por lo cual se resolvió que “la entrega se haga en forma descentralizada directamente por el proveedor”. De esa manera, nadie controla si la entrega se corresponde con el pedido realizado en forma centralizada.

La crisis de los insumos estalló en julio, después de que los profesionales de distintos hospitales comenzaron a denunciar el desabastecimiento. “Actuaron en forma improvisada y ahora les tienen que devolver el 70 por ciento de las compras a los directores de quienes ellos mismos sospechaban por supuestos sobreprecios”, advirtió Diana Maffía, de la Coalición Cívica. “En todo lo que interviene el Ministerio de Hacienda está trabada la ejecución del presupuesto”, cuestionó.

Uno de los cuestionamientos más duros que tuvo que afrontar el ministro fue el referido al sistema implementado para designar a los nuevos directores de hospitales. El diputado Aníbal Ibarra le reprochó que tanto el jefe de Gobierno como el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, hablaran ante los medios de “designaciones por concurso” cuando en realidad el propio Lemus explicó que se trataba de “una elección a partir de una selección previa realizada por una junta asesora entre varios postulantes”.
El eje del conflicto fue el desplazamiento del director del Hospital Argerich, Donato Spaccavento, a quien el jefe de Gobierno le aceptó la renuncia y la “comisión asesora” lo excluyó de entre los postulados porque “no cumplía el requisito de haber ganado por concurso un cargo de conducción”. “Estos requisitos no han sido publicados, no se sabe quiénes son los postulantes. Se trata de una selección trucha disfrazada de concurso”, objetó Ibarra.

Lemus ratificó que no se cerrarán el Borda y el Moyano hasta que estén en funcionamiento las unidades que lo reemplazarán, y que “se reforzarán y extenderán” los talleres protegidos en el área de salud mental. Sobre ese tema dará más detalles el próximo 27 de octubre, en la Legislatura. Para la vicepresidenta de la comisión de Salud, la kirchnerista Alicia Bello, “las respuestas no fueron convincentes”. El titular de ese bloque, Diego Kravetz, fue más allá: volvió a pedir la renuncia del ministro.

CRITICA

“Macri quiere una salud privatizada”

Fue eyectado de la dirección del Hospital Argerich, dice él, por criticar el sistema sanitario porteño. El macrismo alega que el médico de Néstor politizó los cambios sólo por su adhesión al oficialismo.

Donato Spaccavento, ex secretario de Salud de las gestiones de Aníbal Ibarra y de una parte de la de Jorge Telerman, denunció que el Gobierno de la Ciudad se propone privatizar la salud pública. “Mientras en los Estados Unidos George Bush intenta estatizar la banca, Macri, a contramano, descuida la salud pública, porque esconde su intención de privatizar la salud. Los vecinos no votaron esto”, dijo Spaccavento a Crítica de la Argentina.

Hace una semana, Spaccavento, amigo muy cercano al médico personal del presidente Kirchner, Luis Bonomo, fue eyectado de la dirección del Hospital Argerich después de denunciar falta de insumos y de previsión del área de salud del gobierno de Mauricio Macri. Desde el Gobierno de la Ciudad relativizan sus denuncias: “Spaccavento es un militante político del Frente para la Victoria. En los cambios dispuestos por el gobierno, uno puede tener una actitud favorecedora o puede resistirse. Estando en funciones ha tomado una posición muy política con respecto a la falta de insumos”, afirman muy cerca de Macri.

– ¿En qué basa su denuncia sobre la supuesta privatización de los hospitales de la ciudad?– preguntó este diario a Spaccavento.

–Tengo que pensar que quieren que se pierda la excelencia que tienen los hospitales públicos. Parece que van contra la historia, cuando en EE.UU. Bush intenta estatizar la banca, empieza una especie de desprestigio de la salud pública por medidas que tomaron ellos mismos. Hay que pensar que son inútiles o hay una intencionalidad política.

– ¿En qué sentido?

–Resulta que ahora no hay plata para educación ni para insumos hospitalarios. ¿Realmente cree que se trata de una casualidad? El Estado, en salud, es un regulador del mercado privado, por lo tanto es esencial la salud. Si la gente no encuentra atención en los hospitales, ¿qué hace?: va a una clínica privada. Ése es Macri. Es la política de los 90.

–Usted dice que lo echaron por haber denunciado la falta de insumos, ¿no puede haber sido falta de previsión de parte suya?

–No. Nosotros no manejamos las compras. Fueron centralizadas desde febrero por la secretaría de Hacienda, en desmedro de la secretaría de Salud. Cuando advertimos la emergencia en la falta de insumos se decidió implementar una caja común de 200.000 pesos. Una improvisación total.
Denuncian un nuevo vaciamiento del ex Hospital Francés
Trabajadores aseguraron que les desconocieron su antigüedad  laboral y que existe persecución sindical.
Un día después de que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, inaugurara formalmente el traspaso del Hospital Francés a manos del PAMI, un grupo de trabajadores del centro médico denunciaron “un nuevo vaciamiento perpetrado por el Gobierno nacional”.

David Garuti, delegado general del Francés, dijo a Críticadigital que “alrededor de 60 representantes sindicales no fueron convocados a participar del nuevo plantel, en una clara persecución político sindical contra los trabajadores que denunciaron la venta ilegal de medicamentos, la existencia de patotas armadas y el trabajo en negro”.

Además, el gremialista señaló que “en contra de lo que dictaminó el juez Eduardo Malde, para ingresar al hospital se obligó a los empleados a renunciar a todos sus años de antigüedad, que oscila entre los 18 y 20 años de servicios”.

“Impartieron un trasladado en forma compulsiva a más de cien compañeros, muchos de los cuales no fueron a las dependencias del PAMI sino a empresas privadas y hasta hay casos en los que profesionales de la medicina pasaron a desempeñar cargos administrativos”, disparó Garuti, quien aseguró que tiene prohibida la entrada a su lugar de trabajo por las nuevas autoridades.

Ocaña concretó ayer el pasaje del ex Hospital Francés a las órbitas de la obra social de los jubilados, luego de que el juez Malde decretara su quiebra, y lo rebautizó como Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en honor al investigador argentino que ganara el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984.

Desde el PAMI prefirieron no hacer declaraciones sobre la denuncia de Garuti, pero explicaron a este medio que “922 empleados ya fueron incorporados y sólo quedan 35 que todavía no quisieron firmar el acuerdo”.

Nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la comisión interna programó un acto para el jueves al mediodía en la puerta del hospital y hasta este miércoles a la tarde evaluaban la posibilidad de impulsar medidas de fuerza.

CRITICA  17-10

Despidieron a 60 trabajadores en el ex Hospital Francés

Ocurrió dos días después de que la ministra Ocaña concretara el pasaje de la institución a la órbita del PAMI. Denuncian una "persecución sindical".

Sesenta trabajadores del ex Hospital Francés fueron despedidos esta mañana, situación que provocó un paro de actividades desde las primeras horas del día y una protesta en la puerta de la institución. El delegado general del ex Francés, David Garuti, explicó a Críticadigital: "La ministra de Salud Graciela Ocaña dejó a 60 familias en la calle. Sin mediar notificación, sin nada. Nos pararon en la puerta y no nos permitieron el ingreso".

"Ocurrió por haber logrado que el hospital sea nacionalizado, por haber denunciado que nos pagaban en negro, que se vendía medicación oncológica trucha. Hay un ensañamiento muy fuerte de parte de Ocaña hacia los que logramos esto. Es una clara persecución sindical", dijo Garuti, uno de los despedidos. Hace dos días, Ocaña concretó el pasaje del ex Hospital Francés a las órbitas de la obra social de los jubilados, luego de que el juez Eduardo Malde decretara su quiebra, y lo rebautizó como Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en honor al investigador argentino que ganara el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984.

Este medio intentó comunicarse con la ministra de Salud pero un allegado informó que no iba a ser posible porque estaba viajando hacia Santa Fe. Desde el PAMI ayer explicaron "922 empleados ya fueron incorporados y sólo quedan 35 que todavía no quisieron firmar el acuerdo". Garuti desmintió esta versión e indicó: "Las autoridades obligaron a 900 trabajadores a renunciar y empezar de cero, perdiendo hasta 20 años de antigüedad. A los 60 que fuimos despedidos hoy nunca nos llamaron a firmar el acuerdo".

El delegado pidió que la Asociación de Trabajados del Estado (ATE) convoque a un paro general porque "esta persecución no da para más". E informó que desde las 12 se relizará un acto en la puerta del hospital (La Rioja 951) para informar la situación que están atravesando los trabajadores.

CRITICA  20-10

Legisladores porteños denuncian que los psiquiátricos son tierra de nadie

Sólo en el Borda y el Moyano hay 2.500 internos. Los médicos dijeron que falta de todo

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña elevó un informe al gobierno de Mauricio Macri en el que denunció que los psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires tienen graves problemas edilicios y que faltan médicos, psicólogos y enfermeros para contener la demanda de miles de pacientes de bajos recursos, entre otras falencias que pusieron al sistema de salud mental porteño en estado crítico.

En diálogo con Críticadigital, la legisladora Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) indicó que sólo en los hospitales Borda y Moyano hay cerca de 2.500 internos y se realizan, en promedio, alrededor de1.000 consultas ambulantes diarias.

“Falta medicación y material quirúrgico -señaló Alegre-. Son hospitales que tienen problemas con el suministro de gas y de electricidad. En el Borda no alcanzan las sábanas y en el Moyano, no hay ni toallas higiénicas para las pacientes ni algodón ni guantes”.

El sistema de salud mental de la ciudad también incluye los talleres protegidos del Borda, en peligro de cierre según denunciaron varias veces los trabajadores; el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, cuyas obras de refacción tienen un atraso crónico que va por los tres años; y prestaciones especiales en hospitales generales como en el Alvear, limitados en personal y en espacio y cuya situación es similar a la que atraviesan los neuropsiquiátricos.

UNA LEY OLVIDADA. Las legisladoras que firmaron el informe –Alegre, Alicia Bello e Ivana Centenaro del Frente para la Victoria, y Diana Maffía de Coalición Cívica- conforman la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental, promulgada en el 2000 y reglamentada cuatro años más tarde.

La ley señala que la salud mental es un derecho humano y posiciona al Estado como su garante, en sintonía con los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabaja en nuevos paradigmas basados en la desmanicomialización de los enfermos mentales.

Entre otros puntos, la norma fortalece la reinserción social de los pacientes, el establecimiento de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales monovalentes como las casas de medio camino y la extensión de los servicios de salud mental a los hospitales generales.

No obstante, la Comisión Especial de Seguimiento, que se conformó en junio de este año, advirtió que el “Plan de Salud Mental” que el gobierno porteño anunció en abril pasado contradice algunos de estos principios.

“Si bien se desconocen los detalles –señala el documento-, ha trascendido la construcción de nuevos ‘centros de internación’ (siete) con dispositivos de control como circuitos cerrados de televisión y vidrios blindados, medidas que contradicen los principios que proclama la Ley 448”.

Críticadigital intentó comunicarse con las autoridades porteñas, pero las dos veces desestimaron la consulta.

FALTA PERSONAL, FALTAN INSUMOS, FALTA DIGNIDAD. Tránsito Fernández es enfermera y delegada gremial del Hospital Moyano. “La mitad de la población internada vive en buenas condiciones porque está alojada en los pabellones nuevos –señaló-, pero la otra mitad se quedó en los viejos donde hay problemas en el suministro de gas y electricidad”.

Los pabellones nuevos se alternan con los pabellones viejos y con los pabellones a medio construir. El reclamo de los médicos es que se terminen las obras y que se contraten operarios para el mantenimiento edilicio porque aseguran que las instalaciones se degradan rápidamente.

La falta de personal es otro punto sensible. “Tenemos 25 psicólogas para más de mil pacientes”, advirtió Fernández y agregó que las enfermeras no dan abasto y muchas veces lavan la ropa de cama e higienizan los servicios porque no hay mucamas. Por caso, el área de lavandería está refaccionada a nuevo pero no hay quien la haga funcionar.

“Necesitamos que se nombre personal, porque hay muchas compañeras que se jubilaron –continuó la delegada gremial-. En algunos turnos hay una o dos enfermeras para un pabellón de 70 pacientes”.

Fernández indicó que el 60% de las internas del Moyano son mujeres que están internadas hace mucho tiempo y que nadie las visita. La falta de insumos cala hondo: faltan toallas femeninas, jabones, desodorantes. Detalles que hacen la vida más digna y si no entran a través de una donación, faltan.

En el Tobar García, las urgencias también radican en el nombramiento de personal y en la conclusión de las obras. En diálogo con Críticadigital, el jefe de la sección de Psiquiatría en el Departamento de Consultorios Externos, Eduardo Friedman, advirtió que originalmente, las refacciones tenían que terminarse en 18 meses pero el atraso ya está por cumplir los tres años.

“La administración (del jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri prometió que se van a terminar a fin de año”, dijo Friedman. La tercera etapa de las remodelaciones afecta al Edificio Torres, donde funcionan los consultorios externos, el servicio de guardia, y de conducción del hospital.

El Hospital Carolina Tobar García es uno de los pocos neuropsiquiátricos públicos para niños y adolescentes que hay en el país. Alberga a 60 chicos internados graves y necesita enfermeras para habilitar el área de menores de 12 años. En sintonía con la nueva Ley, la institución apunta a disminuir las internaciones prolongadas, pero el Hospital de Día estuvo cerrado más de un año por la demora de las obras.

“Estamos en un proceso de readmisión de pacientes”, explicó Friedman. El Hospital de Día, por ahora, tiene alrededor de 100 y realiza cerca de 300 prestaciones mensuales limitadas, indica el médico, porque se desarrollan en áreas prestadas de otros servicios porque el edificio Torre, ya está en construcción y clausurado.

VIDAS ARRASADAS. Los problemas que atraviesa el sistema de salud de la ciudad, no escapan a la oscura realidad nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó en abril de este año una investigación, Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, que realizó junto al Mental Disability Rights Internacional (MDRI) y en la que denuncia “las sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que son sometidas las 25.000 personas recluidas en estas instituciones”.

Según el CELS, la mayoría de los internos son “pacientes sociales, a los que no se les ofrecen alternativas para desarrollar su vida fuera de la institución y deben permanecer asilados por períodos prolongados sin contar con la asistencia médica, psiquiátrica, psicosocial o legal que podría poner fin a su encierro”.

El estudio se realizó entre junio de 2004 y julio de 2007, sobre instituciones para personas con discapacidades psiquiátricas e intelectuales de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro y San Luis.

Los equipos del CELS y el MDRI se entrevistaron con funcionarios, profesionales, personas institucionalizadas, familiares y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Durante la investigación registraron situaciones de abuso y negligencia en instituciones psiquiátricas públicas, así como condiciones insalubres y graves amenazas para la seguridad de las personas.

PAGINA 12   23/10

Estudiantes de enfermería se buscan

El desafío, audaz, es que, para el 2016, haya un enfermero por cada médico. Para cumplirlo, el Ministerio de Salud nacional en un trabajo conjunto con los pares de cada provincia, facultades de Medicina y escuelas de enfermería de todo el país elaboró un proyecto de ley que prevé formar 45 mil personas en esa actividad, además de elevar el nivel de profesionalización. Se trata del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, que la titular de la cartera sanitaria nacional, Graciela Ocaña, presentó ayer a la presidenta Cristina Kirchner y que será enviado “lo más pronto posible” al Congreso para su tratamiento, según aseguraron desde el ministerio.

“Estamos construyendo un país más solidario, más inclusivo en un mundo tan individualista”, sostuvo, efusiva, la Presidenta en el marco de la presentación. Luego de resaltar la importancia de esa actividad, destacó que con la iniciativa “se estaría cumpliendo una de las promesas” realizadas en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1º de marzo. Por su parte, Ocaña señaló que lo que el plan “busca es el resultado de ocho meses de trabajo para transformar la enfermería en una iniciativa nacional y dar respuesta a la problemática de la formación de recursos humanos crítico en salud”.

Según los cálculos, la capacitación de los 45 mil enfermeros implicaría una inversión de 2268 millones de pesos, dinero que surgiría de un fondo fiduciario creado especialmente para el plan con el aporte de ocho pesos anuales por cada beneficiario del PAMI, por cada aportante a las obras sociales nacionales y de las fuerzas de seguridad, más el 0,5 por ciento de los salarios de los trabajadores de la sanidad previsto para la Formación y Capacitación Profesional. La plata se sumaría al financiamiento previsto para becas por el Ministerio de Salud nacional.

Acompañada de su par de Trabajo, Carlos Tomada, el titular del PAMI y futuro coordinador del plan, Luciano De Césare, y la vicepresidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería, Ocaña explicó que la idea es “elevar el número de personal calificado, jerarquizar la profesión como uno de los pilares del sistema y mejorar la desigualdad en la distribución de puestos en las distintas regiones y jurisdicciones del país”.

LA NACION   27/10

HOSPITAL ARGERICH

Ordenan restituir al director en su cargo

El ex director interino del hospital Argerich Donato Spaccavento dijo ayer que el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño su restitución en el cargo. Explicó a la agencia Télam que Gallardo consideró que con la aceptación de la renuncia por parte del gobierno porteño tras haber denunciado falta de insumos en el hospital se vio afectada su ?libertad de expresión? Meses atrás, directores de hospitales debieron presentar su currículum y su renuncia como condición para entrar en el proceso de preselección de autoridades, señaló.

CLARIN  03/11

En lo que va de 2008, se hicieron más de mil trasplantes de órganos

En 2007, año récord, para esta fecha se habían hecho menos operaciones.

Aceptar la decisión no puede ser sencillo, y se entiende: en un extremo estarán quienes acaban de perder a alguien que amaban y, aún sin haber metabolizado su muerte, deben hacerse a la idea de donar o no sus órganos y tejidos, según haya sido la voluntad de quien murió. En el otro, están quienes se debaten entre la vida y la muerte: una pelea en la que el ganador dependerá, muchas veces, de la decisión de otros.

Y es la información de las campañas de concientización la que sigue contribuyendo para que haya cada vez más familias que donan, más familias con intenciones de donar y cada vez más trasplantes de órganos. Según los registros del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en lo que va del 2008 se hicieron 1.005 trasplantes en el país, lo que significa un nuevo récord en la cantidad de trasplantes de órganos ya que el año pasado, a esta altura, se habían hecho 916.

Que haya aumentado la cantidad de trasplantes que se concretaron se debe en buena medida a la legislación vigente y a una conciencia creciente en la comunidad.
Las cifras lo evidencian: este año, 415 personas fueron donantes mientras que en los primeros 10 meses de 2007, hubo 391 donantes de órganos.

Es cierto que no es común que, en el seno de la familia, se debata sobre qué hacer si uno muere, sobre todo porque uno nunca cree que, como un perro furioso, la vida va a terminar mostrándole los dientes. En la página web del Incucai (www.incucai.gov.ar/comunidad/testimonios.jsp), hay testimonios de familias que se convirtieron en familias donantes: "Pensábamos que la donación no era para nosotros. Hasta que un domingo al mediodía, un accidente hizo que en un par de horas nos encontráramos con Antonella muriendo. No lo habíamos charlado antes, pero con mi esposa decidimos donar los órganos de nuestra hija de 6 años. Lo hicimos no por cómo murió, sino por cómo vivió. Porque la donación tiene más que ver con la vida que con la muerte", escribió un padre.

Y mientras crece la información, en el país mejoran las perspectivas. Mientras existen países cuyas tasas de donación están estancadas o en retroceso, en Argentina la cantidad de trasplantes de órganos ha ido incrementándose año a año: entre 2002 y 2007 se duplicó la cantidad de personas trasplantadas.

En la escala local, en la provincia de Buenos Aires las cifras también son alentadoras: en lo que va del año, los trasplantes de órganos aumentaron un 55% comparado con 2007. Las donaciones crecieron un 30,3 %, según el Ministerio de Salud provincial y la diferencia se explica porque una sola persona puede donar varios órganos (358 trasplantes en 2008 sobre 231 del mismo período de 2007).

La semana pasada, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (Cucaiba), que depende del ministerio de Salud, realizó 14 procesos de trasplante en establecimientos médicos públicos y privados de la provincia.

"De esos 14 procesos se obtuvieron 11 donantes que permitieron trasplantar 31 órganos en total, 14 de ellos a mujeres: diecinueve riñones, cinco hígados, dos corazones y cinco páncreas a pacientes en lista de espera", dijo el presidente del Cucauiba, Clemente Raimondi. Crear conciencia en la comunidad sigue siendo la tarea central del Incucai.

Desde 2006, con la aprobación de la Ley nacional del Donante Presunto, se busca instalar en las familias el debate sobre la donación voluntaria, altruista y desinteresada de órganos y tejidos. La Ley establece que todos somos donantes excepto que expresemos explícitamente la voluntad de no donar. Serán las familias quienes deban materializar la voluntad de quienes ya no están.

En el mismo sitio del Incucai, María Rosa B., cuenta: "Mi hijo falleció en julio de 2005 por un golpe que recibió en la cabeza a raíz de una caída de la moto y ahí decidimos, al estar con signos de muerte cerebral, donar sus órganos. Como estaban muy dañados solamente pudimos donar las córneas. En ese momento tenía 30 años. Lo primero que yo sentí es que dos personitas iban a seguir viendo por Cristian. Esa era la idea que él tenía siempre. Así que cumplí su voluntad".

El testimonio sirve. Hay 5.639 pacientes en lista de espera.

CRITICA   04/11  

La plata no llega al Garrahan

Los médicos del Hospital de Pediatría dicen que no reciben recursos mínimos para cubrir los gastos operativos porque el gobierno porteño no los entrega.  

El Hospital Garrahan, reconocido como el mayor hospital público del país de alta complejidad destinado a la atención de recién nacidos, niños y adolescentes, no recibe las partidas presupuestarias suficientes para cubrir sus gastos operativos debido a que “el gobierno porteño no entrega los montos que le corresponden y debe 33 millones de pesos del presupuesto aprobado por ley”, denunció la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Garrahan, la entidad que nuclea a 870 profesionales de este centro nacional de referencia médica.

Este hospital, que cuenta con 958 enfermeras y 388 médicos, tiene 3 vías de financiamiento: aportes del Ministerio de Salud de la Nación, del gobierno porteño y de privados a través de la Fundación Garrahan. Las partidas de Salud y del gobierno porteño deben ser por partes iguales. Pero, según el sindicato médico, “la Ciudad desde agosto entrega partidas incompletas que dentro de poco perjudicarán su normal funcionamiento”.

Fuentes del gobierno porteño reconocieron la demora, pero negaron que se trate de 33 millones de pesos. “Debemos 12 millones: esta semana depositaremos 4 y a partir de la semana próxima el resto”, dijo el funcionario, y agregó que “el atraso es de sólo un mes”. Y explicó: “La ciudad entiende la prioridad que representa el Garrahan y estamos solucionando el inconveniente”, pero las demoras financieras se deben “a complicaciones surgidas a partir de la crisis y de la no aprobación, por parte del gobierno nacional, del Bono del Fondo para la Infraestructura Social (FOISO)”.

El Garrahan es el principal centro de atención infantil. En 2007, 110 de las 470 camas disponibles estaban dedicadas a la terapia intensiva. Este año esa cifra trepó a 122 y se espera que para 2009 la dedicación de camas para esta terapia podría aumentar hasta llegar a 136. Las 122 camas de terapia intensiva pediátrica significan más que el total de camas de ese tipo ofrecidas por el sistema médico de toda la ciudad. El hospital ya hizo en lo que va del año 85 trasplantes practicados a niños de todo el país.

Durante una conferencia de prensa el presidente de la Asociación de Profesionales, Roberto González, alertó sobre los futuros inconvenientes que tendrá el hospital. Su secretaria general, Alicia Pignataro, anticipó que “se resentirán las obras en ejecución y las planeadas”, tampoco “se completará el incremento del 19% en los salarios acordados en paritarias”, ya que “falta pagar un 10%”, pero la mayor preocupación es que “se perjudicará la provisión de insumos”, precisó. Según los representantes de los médicos y enfermeros, el problema con la Ciudad es histórico.

“Pero la crisis financiera internacional nos hace pensar que Nación no siempre podrá salir a cubrir los baches del presupuesto que le corresponde a la Ciudad”, agregaron. La entidad informó: “Hace un mes presentamos un pedido de audiencia con las autoridades de Salud y Finanzas del Gobierno y de las comisiones respectivas de la Legislatura y no tuvimos respuesta”, y destacó que seguirán apostando al diálogo antes de iniciar otras medidas.

PERFIL  08/11

El futuro Plan de Salud Mental tendrá “derecho de admisión”

El Gobierno porteño avanzó con la preadjudicación de las obras que cambiarán el sistema de institucionalización de quienes demandan atención en salud mental. Desde su licitación a principio de año, para crear siete centros de internación y cuatro hospitales de día, la polémica entre profesionales no dio respiro. El futuro cierre del Borda y el Moyano y la idea de terapias breves excluye a muchas personas. Aún no se decide adónde irán si no se los alberga en los históricos neuropsiquiátricos. Otro conflicto surge entre vecinos y autoridades de escuelas porteñas por los lugares elegidos para realizar las obras.

Por Euricide Ferrara

¿A quién le importan los que sufren enfermedades mentales? ¿Adónde van y cómo viven? Si bien no fueron pocos los funcionarios que anunciaron cambios en el porvenir de las instituciones neuropsiquiátricas, en un futuro próximo la transformación estará dada.
De acuerdo con el Plan de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, el acceso a un tratamiento e internación dependerá del nivel de gravedad de la patología que padezca una persona.

Es decir, habrá criterios de inclusión y exclusión en los siete nuevos centros de internación y 4 hospitales de día que construirá el GCBA. Hace meses que la propuesta genera conflictos, y ahora se suma la Legislatura porteña. Pero los inconvenientes no terminan ahí. Cuatro de los terrenos que fueron seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño para la construcción de las obras, relevados por PERFIL, tuvieron que ser descartados y las obras relocalizadas por ser inapropiados (ver infografía y recuadro).
Luego de tres meses de la apertura de las ofertas de la Licitación Pública 925/08, ayer se preadjudicó a ocho empresas la construcción de una infraestructura de 150 millones de pesos que dará sostén al nuevo Plan.

El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, busca descentralizar la atención de personas demandantes de atención en salud mental. Pero surge la gran pregunta: ¿qué sucederá con el 50 por ciento de los 2.000 pacientes que están en el Borda y en el Moyano y necesitan internación prolongada, y con los que vendrán?

Los objetivos del nuevo Plan se establecen en detalle en los pliegos licitatorios: “El sistema está compuesto por un Centro de Evaluación que centralizará la atención y tendrá un call center las 24 hs, Centros de Internación (CI) y Hospitales de Día. Los CI recibirán a los pacientes ‘agudos y sub agudos’, y las internaciones serán de un máximo de 30 y 90 días respectivamente. Se excluirán pacientes con predominancia de rasgos psicopáticos, retrasos mentales graves, abuso de sustancias como único diagnóstico, importante riesgo suicida, rasgos psicopáticos, entre otros. Habrá médicos de guardia, acompañantes terapéuticos, personal de enfermería, trabajadores sociales, talleristas, personal de maestranza y de seguridad las 24 horas del día. Un equipo tratante decidirá la externación o derivación del paciente a otro dispositivo” (o sea, un hospital de día o un centro terapéutico intermedio, como casas de medio camino, que hoy son privadas).

La presidenta de la Comisión de Salud Mental de la Legislatura porteña, Alicia Bello, junto a los directores de los hospitales neuropsiquiátricos estableció su postura: “Estas medidas fueron tomadas sin consulta previa al Consejo General de Salud Mental, ni se tomó en cuenta la experiencia de los profesionales de salud”. Destaca que “no se establecieron los parámetros para medir el grado de dependencia social, económica, familiar y la situación de los pacientes judicializados” y solicita un pedido de interpelación al ministro de Salud porteño.

El subsecretario de Atención Integral de Salud de esa dependencia, Miguel Ángel Esquianone, explicó a PERFIL: “No queremos cambiar nada, sólo cumplir la ley. Buscamos que los internados crónicos no convivan con agudos y hagan su reinserción social rápida. Aún no estamos pensando en los crónicos. La tendencia mundial es que no estén internados, porque es más un problema social que psíquico. Les tenemos que dar una respuesta social, con casas de medio camino u hogares sustitutos.” Tras expresar que “no vamos a dejar en la calle a nadie”, adelantó que “no cerraremos el Moyano y el Borda hasta tanto no creemos nuevos dispositivos que los amparen”. El próximo paso del Plan contempla crear seis salas de internación más en hospitales generales.

La opinión del presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y ex director del Borda, Néstor Marchant, acuerda con este cambio, pero con reparos: “La idea no es mala, pero va a salir más caro que los actuales tratamientos hospitalarios. Hay que dejar actuar y ver qué resulta. En Río Negro cerraron los neuropsiquiátricos; la gente se internaba en Córdoba, venían al Borda y al Moyano. En Los Ángeles, la gente quedó en la calle y fue a parar a la cárcel”.

Las obras abren la polémica

Las obras para la construcción de cuatro hospitales de día, siete centros de internación (CI) y un Centro de Evaluación y Derivación (CED) fueron licitadas el 23 de junio de este año. La Comisión de Preadjudicación de las obras dictaminó el viernes pasado que la unión transitoria de empresas (UTE) Ses SA y Mejoramiento Hospitalario SA, califica para la construcción del CED y un CI; Riva SA califica para otros tres Centros de Internación y dos hospitales de Día, y Criva SA, Conorvial SA, Constructora Lanusse SA, Mejores Hospitales SA y Riva SA crearán los tres CI restantes y otros dos Hospitales de Día.
Hace dos meses, vecinos del barrio Marcelo T. De Alvear frenaron una de las obras mediante quejas y un recurso de amparo porque preveían construir uno de los centros en el parque de un complejo de torres. El terreno de Oliviera al 500 pertenece legalmente al GCBA, pero el gobierno trasladó la obra a Emilio Castro y Gral. Paz. Otro CI que (como informó PERFIL) iba a ser ubicado en un parque de Elpidio González, finalmente se trasladó a Juan B. Justo 8355. El hospital que se iba a ubicar en Beiró 4653, también relevado por este diario, será instalado en Salguero 751 ya que pertenecía a un predio licitado para ampliar un CGP. El Centro de Galván al 4100 se cambiará por Ramallo 3300. Y el último problema surgido en estos días fue con Lope de Vega al 900, que pertenece al campo de deportes de las Escuelas de Cerámica y de Danzas Jorge Donn: ante el aviso del diputado Juan Cabandié, el ministerio de Desarrollo decidió mudar la obra a Morón 4151. El resto, de no surgir más inconvenientes con la inspección de los terrenos, se mantendría, según el Ministerio de Desarrollo Urbano.

PERFIL   10/11

Tres ministros porteños serían apartados a fin de año

Se trata de Jorge Lemus, Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro, respectivos responsables de las carteras de Salud, Educación y Justicia.

Soplan vientos de cambio en el Gobierno de la Ciudad. Aunque hasta el momento no muevan ni una hoja de papel. Desde el momento en que trascendieron los planes de Mauricio Macri de organizar un "relanzamiento" de su gestión cerca de fin de año -coincidiendo con su primer año de mandato- no son pocos los rumores que hablan de remociones de ministros que, por uno y otro motivo, han recibido más de un cuestionamiento a lo largo de estos meses.

Haciendo un breve ranking de los hechos que golpearon más duro la imagen de Mauricio Macri, hay tres hechos que se destacan nítidamente: las falencias en la gestión de salud (concretamente, contratación de servicios y la carencia de insumos en los distintos hospitales municipales), el conflicto con los docentes (salarios, recorte de becas) y los cortocircuitos crónicos entre el titular de Justicia con los integrantes del Poder Judicial ponen a los ministros responsables de las respectivas áreas en el ojo de la tormenta.

Cuerda floja. Así, los ministros Jorge Lemus, Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro (Salud, Educación y Justicia, respectivamente) estarían transitando sus últimos meses de gestión. Aunque la cuestión se siga moviendo en el terreno de los trascendidos, distintas fuentes cercanas a la gestión PRO confirmaron que Mauricio Macri tiene previsto implementar un sistema de "premios y castigos", para optimizar la efectividad de su gobierno, de cara a un 2009 en el que no hay un solo indicador que permita pensar en un paisaje aislado de una crisis social, que no perdonará "errores" ni expectativas defraudas en los distintos niveles de ejecución.

Leyendo este panorama, y para reinstalarse en el nivel de expectativas favorables que tenía en los primeros meses de gobierno, el jefe comunal ya habría decidido separar de sus cargos a no menos de treinta funcionarios; una lista negra cuyos tres primeros lugares estarían ocupados, sin posibilidad de marcha atrás, por los tres ministros mencionados.

También, una fuente de la Jefatura de Gobierno sumó al trío de ministros cuestionados al máximo responsable de la cartera de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chain, a quien alegaría de sus cargos la bajísima relación entre las obras públicas anunciadas y las efectivamente concretadas.

Consultado por PERFIL, uno de los más altos funcionarios del Gobierno porteño desmintió todos estos trascendidos, e incluso mencionó que Mauricio Macri piensa reconocer en su "relanzamiento" los logros de algunos de los ministros más cuestionados. Como sea, no habrá que esperar mucho tiempo para saber si el río que suena, efectivamente, agua lleva.

ADN  12/11

Haciendo el duelo          

A raíz de la crisis internacional y los malos pronósticos para el 2009, el Gobierno macrista está despidiéndose de muchos de los grandes proyectos que tenía pensado para el año próximo. Lo que para algunos es casi una sentencia, para otros representa un desafío que demostrará si hay o no gestión.

Luego de superar la crisis del 2001, todo parecía ir viento en popa para nuestro país. El contexto internacional era muy favorable para la Argentina pos devaluación y nadie preveía que el 2008 nos iba a deparar una crisis financiera que, si bien está afectando básicamente a los países más desarrollados del mundo, tarde o temprano impactará en nuestra economía.

Así las cosas, el 2009 se presenta bastante complicado en términos económicos y la ciudad de Buenos Aires, pese a financiarse casi completamente con recursos propios, no escapa de los malos pronósticos que hablan de una crisis próxima y con gran impacto social para los porteños.

Es por ello que, según informaron fuentes oficiales al ser consultadas por adnciudad.com, el Gobierno macrista está despidiéndose de muchos de los grandes proyectos que tenía pensado para el 2009. “Estamos terminando de hacer el duelo de las cosas que teníamos planteadas para el año próximo y no vamos a poder emprender. Sabemos que nos va a tocar gestionar para enfrentar la crisis social que se avecina y lo vamos a tener que hacer lo más dignamente posible”, aseguraron.

A lo que añadieron: “Muchos de nosotros nos preparamos varios años para esta función y tenemos muchos proyectos en la cabeza pero somos concientes que van a tener que esperar. Ahora hay que pelear por un concebir un Presupuesto lo más coherente posible y estar a la altura de las circunstancias”.

Por supuesto que lo que presentan como una futura pero inminente crisis genera sensaciones encontradas dentro del Gabinete PRO. Por un lado, están aquellos funcionarios que consideran que esto es casi una sentencia a lograr una escueta performance electoral de cara a los comicios legislativos de 2009.

En cambio, para otros, representa un desafío que demostrará si hay o no gestión. “Hasta ahora, hay una especie de decepción por un montón de cosas que no se lograron hacer. Algunas por falta de recursos (el endeudamiento que no se pudo concretar) y otras por una mezcla de inexperiencia, falta de evaluación de riesgos e inocencia política. Pero teníamos muchas expectativas puestas en el año próximo”, explicaron.

Pero no todas son lágrimas entre los ministros, ya que también hay un tercer sector. El mismo está encabezado por los funcionarios que más tiempo hace que vienen trabajando junto a Mauricio Macri. Ellos coinciden en que “Mauricio ya le está agarrando la mano a la gestión y, como le pasó en Boca Juniors, una vez que se pone en órbita, todo va para adelante”.

En este sentido, reconocen que podrían llevarse a cabo algunos cambios en la estructura del Ejecutivo para “eficientizar” el trabajo. “Hay muchos nombres que andan circulando pero Macri no ha definido nada aún. Eso sí, en el área donde seguramente meterá mano es en Salud, y no creo que se vaya Mariano Narodowski como señalan algunas versiones”, aclaró alguien del entorno del ex Presidente de Boca Juniors.

Por lo pronto, la próxima semana comenzarán a desfilar los funcionarios por la Legislatura porteña para defender sus requerimientos presupuestarios y ahí quedará bien claro cuáles son los proyectos que defenderán pese a la crisis.

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“Algo tiene que decir, aunque esté mudo”

En el hospital de día, “el paciente mantiene el tratamiento durante el día y regresa a su casa a la noche y el fin de semana. Mantiene los vínculos con la familia y la comunidad, y se siente menos preocupado por su enfermedad”.
Por Marcos Weinstein * y Liliana Negro **

Que la locura no es ahora aislada al modo de las instituciones manicomiales es evidente. Lo que no siempre es tan evidente es que el gran encierro es otro. Que el silencio de los asilos puede encontrar otros modos de retorno. También significa que es preferible el silencio, cuando se rechaza lo más propio que alguien tiene para testimoniar, aunque para hacerlo deba repetir lo que escucha de lo que le dicen las voces de sus alucinaciones. También se trata del silencio cuando se desconoce la laboriosidad de la argumentación delirante, en algunos momentos la única manera de dar razones.

El dispositivo denominado hospital de día fue creado con la convicción de la posibilidad de disminuir los períodos de internación de las psicosis, con un criterio de ahorro económico en infraestructura hospitalaria, en personal y en insumos, con la idea de separar lo menos posible al paciente de su familia o quizá de un empleo, y con la organización de espacios novedosos en el abordaje de estas patologías, con la inclusión de profesiones diversas que conformaron un arco interdisciplinario.

Hay que analizar la dinámica del hospital de día sobre tres actividades: la asamblea, la terapia multifamiliar y la reunión del equipo de terapeutas. El hospital de día es una psicoterapia grupal de apoyo y esclarecimiento, pues no hay elaboración a nivel de las identificaciones primarias.

Es algo compartido vivencialmente y en multiplicidad de planos, con una base identificatoria de puesta en juego a través de una práctica, por la repetición de las jornadas con mundos compartidos, de vivencias, de clima continente. Las tres actividades actúan como ejes para la socialización consensuada de la fantasía de curación propuesta a través de un mundo superpuesto terapéutico.

El criterio es que haya un proceso terapéutico limitado a tres o seis meses. Terapia grupal, individual, familiar, biológica, terapia ocupacional, laborterapia, lectura, talleres, recreación, deportes, asamblea. El paciente mantiene el tratamiento durante el día y regresa a su casa a la noche y el fin de semana. Mantiene los vínculos con la familia y la comunidad y se siente menos preocupado por su enfermedad.

En los talleres el paciente encuentra propuestas expresivas, que lo interrogan sobre su padecimiento. Propone algo, abrir la puerta de una escena diferente, donde el paciente pueda desplegarse, que se deslice desde lo indecible a lo posible, de lo pulsional al acto de la línea y la palabra.

El tratamiento psicofarmacológico abarca las áreas dinámicas, cognitivas, sociales, de recreación, la corporal expresiva y la de evaluación. Nunca se debe considerar al psicofármaco como obstáculo u obturador de la palabra o el pensamiento. Están indicados para disminuir el nivel de excitación y/o ansiedad, cuando eso le impida pensar al paciente. También para impedir respuestas cuantitativas o situaciones dolorosas o regresivas, o invasiones desorganizantes del aparato psíquico.

Si bien hay una serie de actividades que tienen un encuadre bastante definido y una metodología de trabajo más o menos establecida, como terapia ocupacional, musicoterapia o psicodrama. Pero, además, consideramos que es muy importante lo que se denomina el tiempo libre. El tratamiento no es la suma de esas actividades sino que comienza desde el momento en que el paciente atraviesa la puerta, es recibido y acompañado por un terapeuta.

Ese recibimiento, ese modo de entrar y de vincularse con los demás pacientes y con los terapeutas, ya forma parte de su terapia. Funciona como un agente facilitador del despliegue de esos vínculos, en la medida que puedan ayudar a desarrollar ciertos aspectos de la personalidad de los pacientes que han quedado inhibidos, sobre todo porque fuera son vistos como muy primitivos y pocas veces aceptados. No se debe olvidar el aspecto lúdico del desarrollo.

El hospital de día provee la ocasión de establecer y armar una ficción, que es faltante o precaria en las psicosis, junto con el lugar de estar, de entrar y salir, o sea la escena cotidiana.

Revolución

El concepto de hospital de día es revolucionario en varios sentidos. En primer lugar permite tratar a un mayor número de personas, puesto que el problema en los hospitales es principalmente el del espacio y no hay suficientes camas para atender todas las necesidades. Sobre todo elimina el trauma de la internación, hecho que en muchos casos agudiza el estado del paciente. Para los pacientes no hay una ruptura tan grande con el mundo exterior, puesto que cada día retoma contacto con él, en dosis suficientemente reducidas como para soportar las presiones que éste inflige sobre los individuos. Conviene tener en cuenta que, con frecuencia, las familias de los enfermos usan a éstos como destinatarios de una perturbación psicológica que afecta a la familia en su totalidad, y que al internar al enfermo se “saca de encima la locura” y llena en la casa el lugar que ocupaba el miembro enfermo, lo que hace que cuando éste vuelve a su hogar, ya no hay sitio para él, ni física ni psicológicamente hablando.

En ciertos casos, las familias tienen fallas en los procesos de simbolización, por la imprecisa constitución de sus límites yoicos y su subjetividad; funcionan especularmente, con identificaciones proyectivas y depositan en el otro angustias catastróficas. El orden queda subvertido, la tolerancia a la frustración es menor, las diferencias y prohibiciones se borran y por ello se está muchas veces en el borde. Hay cronicidad de la enfermedad, depositaciones, se plantea el riesgo de ser el paciente designado y la posible desestructuración de otro miembro, el precario equilibrio y los tiempos de elaboración. Hay que tener en cuenta la configuración de la estructura familiar y la necesidad de cada uno, que permite formular objetivos respetuosos de las posibilidades de cambio y elaboración de los problemas.

El hospital de día brinda cobertura social a personas que por su trastorno mental han perdido el lugar en la familia y en la sociedad. Han realizado el tratamiento del cuadro agudo y están en vías de estabilidad psíquica, readaptación y reinserción familiar y social, sobre todo si tienen plasticidad a la vida comunitaria con aceptación de pautas y modalidades de convivencia, compartir tareas, respetar principios y costumbres.

También permite la reestructuración del tratamiento y las tareas laborales para afianzar alguna pertenencia e identidad social. Aprende el autocuidado del entorno y los lugares comunes, salir a cumplir tareas, efectuar recreación, tener contactos personales, realizar terapias y es frecuente que persistan conexiones postexternación.

En el hospital de día se produce una delegación de autoridad al cuerpo de pacientes y dentro del personal terapéutico: enfermeras, terapeutas, profesores, personal administrativo. Se puede crear un comité de problemas con independencia de la jerga psicologista y mantener subgrupos con agenda a realizar. También crear asambleas, comisiones, actividades, trabajo, estudios, análisis de problemas sociales, en los tres niveles: institucional, grupal y personal.
La institución como organismo social puede modificar terapéuticamente al individuo, si éste forma parte activa de la misma. En algunos casos se hace participar a los pacientes en los aspectos administrativos, institucionalizando un cogobierno entre ellos y el personal.
También se dice que, si toma conciencia del efecto de su comportamiento sobre otras personas, y comprende las motivaciones de sus actos, la situación es terapéutica. Son los efectos socializantes de la cultura grupal: todo cuanto acontece, y cómo se hace, forma parte del tratamiento.

La enfermedad institucional de los pacientes crónicos proviene de las estructuras autoritarias estrictas de los médicos, las jerarquías rígidas con sobrevaloración del rango y el estatus, la división entre los grupos profesionales y el énfasis en la contención de los pacientes, de donde proviene el sometimiento, la pérdida de la iniciativa y el respeto por sí mismo, con mayor daño a la personalidad y con síntomas artificiales.

Manicomio es impotencia

El juego de las relaciones interpersonales es lo que predomina por los aspectos emocionales que moviliza: expectativas, idealizaciones, reproches, reclamos, malentendidos, ilusiones, decepciones, necesidades, frustraciones. Si bien la participación del personal puede autolimitarse, está visto que los pacientes se relacionan mejor con quienes se despojan de esquemas. Se requiere que haya suficiente interés, estabilidad en las actitudes y permanencia, persistencia y perseverancia para el cuidado, protección, sostén y seguridad del paciente.
Estos pacientes vieron impedidos sus libres cursos por lugares naturales, vienen despedidos, desa-tendidos, agredidos y llegan a un lugar donde son recibidos, se encuentran con otros que fueron descolgados de varios sistemas. Lo colectivo y lo individual, lo público y lo privado, recorren la preocupación del profesional en lo que respecta a la intervención. Se propone armar una historia llegando al mundo del paciente dentro del espacio colectivo, que entrará en el psiquismo, y ver cómo se construye al son de su encuentro con los otros. La sala se constituirá como otro intermediario, capaz de crear historias con multiplicación de vínculos con los otros, con respeto a la privacidad y mayor relación entre los sexos.

¿Cómo hacer que el psicótico, que no ha llegado a la política de los bienes, del amor y del saber, o ha llegado mal, o a destiempo, y tenga una posición de no circulante y con deseos inconexos, pueda sentir que todo eso le concierne? Allí donde se trate a los psicóticos deberá ser un sitio que le dé lugar al enfermo, no sólo espacio físico, sino que quienes lo atienden deberán estar interesados en ellos, que es una forma del afecto.

Cuando alguien ingresa, algo ha dicho para ser admitido, y si se ha tomado el tiempo necesario para producir una marca propia para cada tratamiento, cada uno podrá contar cómo entró, cómo pasó y por qué finaliza. Lo particular de la transferencia de la psicosis no se disuelve, sólo que es un lugar al que se puede volver, a veces simplemente como una visita para ver que todo está en su lugar. Si alguien llega a un hospital de día tiene algo para decir, aunque esté mudo. El hospital de día pone en juego la responsabilidad del paciente y un pedido o interés personal de estar en el dispositivo. Es una estructura artificial que, por la interacción con otros, creará algún tipo de lazo social y funcionará como un entramado simbólico del sujeto psicótico.

Las actividades que integran el hospital de día tienen un marco simbólico conformado por decires y saberes parciales, igual que todo el dispositivo. Esta incompletitud es opuesta al estancamiento de la cronificación, donde se hace al paciente objeto, por lo que debe evitarse que los profesionales queden en el lugar del saber.

Además se ofrece como una clínica de suplencia al acompañar al paciente en la búsqueda de ciertas soluciones posibles frente a lo real. Es una propuesta que trata de hacer surgir y emerger algo de la subjetividad del sujeto, en oposición a la manicomialización que encierra o acalla al psicótico. Debería lograrse que cada paciente tenga alguna emergencia subjetiva, poniendo su saber a producir, llevándose algo construido y un sujeto a construir, con un algo que pueda escribir en una hoja en blanco haciéndose un lugar y dejando su marca. También un lugar de referencia y de pertenencia, que posibilite un punto de amarre para crear las condiciones para posibilitar la suplencia mencionada y un dispositivo que opera sobre los defectos de la cronificación, que surgió de la psiquiatría social. Las nuevas perspectivas permiten extender sus posibilidades a las adicciones, las neurosis agudas y graves y las anorexiasbulimias.

El hospital de día debe resolver la contradicción de la doble pertenencia del paciente a dos medios sociales distintos y muchas veces opuestos: uno promueve la enfermedad y el otro, la curación. La familia es la unidad patológica y debe ser incluida en el hospital de día, el que debe ser ejemplo de familia sana para las familias asistidas. Debe organizarse con aprendizaje de lo cotidiano, convivencia en una cultura, que es única y autogeneradora. Además, debe integrarse con otros servicios.

Un hospital de día debe poder hacer lo que, de no existir, exigiría internación psiquiátrica. Se ubica fuera de las técnicas ambulatorias. Pero no cubre las veinticuatro horas del paciente ni los fines de semana, ni lo aisla de su familia o de los factores patógenos de su medio. Es una institución de cuidado con prioridad en la situación grupal como campo específico del trabajo institucional, que privilegia la reflexión como espacio del crecimiento yoico, con un programa terapéutico diario y el funcionamiento grupal del personal. Asimismo, se instala un movimiento no regresivo de las capacidades yoicas. Se exige un compromiso profesional rescatando la formación para pensar lo imprevisto, la emergencia, la crisis, la convulsión familiar, el retroceso, de modo que la comunidad selecciona pacientes y terapeutas.

Se trata de la instalación de la idea de un modelo alternativo, sin apelar al encierro. Al manicomio nos lleva la impotencia frente al desafío y la falta de responsabilidad por eso, no la naturaleza de la psicosis. El encierro de lo singular y desconocido nos manicomializa también en los consultorios externos, en los hospitales de día, en la prevención, en las reuniones de equipo.

Otro obstáculo resulta del prejuicio sobre la actividad grupal, que en realidad permite el despliegue a través de distintos marcos: lo imposible, lo real, la producción. En el hospital de día se multiplican espacios y se permite el despliegue del decir. Hay que lograr que lo que se produzca como imaginario no se presente como obstáculo, sino que dé cuenta de una experiencia. Los tiempos de ingreso y egreso deben estar acotados. El egreso puede depender de la aparición de demandas que el paciente coloca afuera.

* Médico psiquiatra, jefe honorario del Centro de Salud Mental y Acción Comunitaria Nº 1.
** Psicóloga en el Hospital Alvear. Texto extractado de un trabajo efectuado en el Centro de Salud Mental y Acción Comunitaria Nº 1.

“Un plan que afianza el modelo asilar”
Por M. W. y L. N.
           
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen sólo diez hospitales de día. Están en el Hospital Alvarez, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el Hospital Manuel Rocca, en el Tornú, en el Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, en el Centro de Salud Mental Nº 1, en el Centro de Salud Mental Nº 3 Ameghino, en los hospitales Borda, Moyano y Alvear.

La poca predisposición de los poderes públicos para extender estos dispositivos permite inferir que el criterio asilar está internalizado en el imaginario de los profesionales de la salud que actúan como funcionarios, pese a lo que manda la Ley 448 de la Ciudad.

La OMS y la OPS otorgan prioridad a la inclusión de servicios de internación de salud mental en hospitales generales, alientan la descentralización y desalientan la creación de lugares de internación monovalentes o asilares, sostienen casas de convivencia y hospitales de día y propician la extinción paulatina de los hospitales psiquiátricos.
En estos momentos, cuando la OMS y la OPS señalan que la desmanicomialización es un mandato científico y que, donde se llevó a cabo, dio pruebas de su eficacia, ahorro del gasto público y rapidez de soluciones de los problemas psiquiátricos de las personas, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se propone un plan que, cambiando en algo su forma, afianza el modelo de asistencia asilar.

La ley de aborto no punible, al freezer

La iniciativa elimina las ambigüedades del texto actual, al declarar no punible el aborto en cualquier caso de violación.

El lobby reaccionario logró sus frutos en la Cámara de Diputados: consiguió que se suspendiera una reunión conjunta de dos comisiones, convocada para hoy a las 16, donde estaba acordada la firma de un dictamen favorable del proyecto de reforma al Código Penal, impulsado por legisladoras y legisladores oficialistas, que apunta a aclarar la redacción del artículo 86, donde se contemplan los abortos no punibles. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo, iba a quedar así a un paso de llegar al recinto. De hecho, la suspensión implica que el proyecto recién podría tratarse en las sesiones ordinarias de 2009. La semana pasada el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, hizo gestiones para que la reunión se postergara. Según señalaron a este diario fuentes del oficialismo, el pedido para cajonear la firma del dictamen se fundó en un reclamo de un sector del bloque, dominado por las posiciones más conservadoras, que planteó que el tema primero debía debatirse en el interior de la bancada.

El proyecto en cuestión busca reformar el Código Penal para evitar trabas en el acceso a los abortos no punibles, por interpretaciones restrictivas tanto en el sector médico como en la Justicia. La propuesta fue presentada el 17 de septiembre, tal como reveló en exclusiva PáginaI12. Su autora es la kirchnerista Nora César y lleva las firmas, además, de sus compañeros de bancada Juan Héctor Sylvestre Begnis y de Juliana Di Tulio, presidentes de las comisiones de Salud y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, respectivamente.

Hace más de diez días, César, como titular de la Comisión de Legislación Penal, había convocado a la reunión conjunta con la comisión que encabeza Di Tulio para sacar un dictamen que permitiera tratarlo en el recinto antes de que finalizara el período de sesiones extraordinarias. En un primer momento, Rossi le había hecho un guiño al proyecto y dado vía libre a sus impulsores para que avanzaran con el tratamiento. Pero el jueves último –casi en coincidencia con la noticia del veto de Tabaré Vázquez a la despenalización del aborto en Uruguay–, desde la Comisión de Legislación Penal salió el anuncio de la sorpresiva suspensión.

El dictamen ya estaba acordado, dado que el proyecto tiene amplio apoyo en las dos comisiones. Los asesores de diputados y diputadas de distintas fuerzas que las integran habían redactado un borrador, que incorporaba algunas modificaciones al texto original, varias de ellas propuestas por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica. La única voz disidente contra la iniciativa fue la de Cynthia Hotton, del PRO, quien sostiene –y lo hizo en los últimos días en algunos medios de comunicación escritos y radiales– que se trataría de una ampliación de las causales de despenalización del aborto y no de una aclaración de sus alcances en los casos ya previstos en el Código Penal vigente. Sectores vinculados con la jerarquía católica expresaron también sus críticas frente a algunos legisladores.

El proyecto busca evitar la recurrente intervención judicial en los casos de aborto no punible y establece sin ambigüedades que no puede ser castigada la interrupción de un embarazo cuando la gestación proviene de una violación –a cualquier mujer–, o en caso de que esté en peligro la salud o la vida de la gestante o si un tratamiento médico fuera necesario y tuviera contraindicaciones en caso de embarazo. Se había acordado agregar, además, los casos de anencefalia y otras malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. Ho-tton y los sectores más conservadores postulan que, en los casos de violación, el aborto no es punible sólo cuando se trata de una mujer “idiota o demente”, es decir, defienden un fundamento eugenésico.

Fuentes cercanas a César confirmaron ayer la información a PáginaI12 y aseguraron que la escucharon decir que si el tema queda pendiente para tratarse el año próximo, ella seguirá defendiéndolo dentro y fuera de su bloque.

La propuesta llegó al Congreso cuando todavía resonaba el drama de la nena mendocina de 12 años, embarazada, víctima de una violación, a quien un hospital y un juez de esa provincia le pusieron obstáculos para abortar y finalmente decidió proseguir con la gestación, después de recibir fuertes presiones de grupos denominados “pro vida” para que desistiera. Después de ese caso, se conoció otro similar, en Bahía Blanca, de una adolescente con discapacidad mental embarazada al ser abusada sexualmente: otro magistrado quiso impedir que se le practicara el aborto solicitado por su representante legal y acordado en un hospital público, pero finalmente la intervención se realizó. Por esa actitud, fuera de la ley, ese juez enfrenta un pedido de juicio político.

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Una epidemia invisible que recorre los hospitales

Un proyecto de ley, que impulsa la obligación de informar los casos de infecciones hospitalarias, corre el riesgo de quedar frenado en el Senado. Los médicos temen que la sanción de esa ley señale sus errores y abra la puerta a juicios por mala praxis.
Hay en la Argentina una epidemia invisible: la de las infecciones intrahospitalarias. Un paciente que reciba suero endovenoso corre casi cinco veces más riesgo de infectarse que en países donde estos peligros se controlan. Para el que reciba una sonda vesical, el riesgo argentino es más del doble. La probabilidad de contraer neumonía en un hospital o clínica es cinco veces mayor que en Estados Unidos. Si no fuera por estas infecciones, la mortalidad en los servicios de terapia intensiva bajaría a la mitad y a menos de la mitad en terapia intensiva neonatológica, según datos de la Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales (Inicc). La epidemia es invisible porque –según un profesor de la UBA– “la corporación médica se resiste a notificar estos casos, por temor a juicios por mala praxis”. Hace dos años, la Cámara de Diputados había dado media sanción a un proyecto de ley para combatir las infecciones intrahospitalarias, pero la Cámara de Senadores no lo trató, y así perdió estado parlamentario. En julio pasado, un senador volvió a presentar un proyecto del mismo orden, que exige la notificación obligatoria de todos los casos y la instauración, en cada hospital, de un comité especializado en monitorear estas infecciones; hasta ahora, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores no empezó a tratarlo.
Alcides Troncoso –titular de Microbiología en la UBA y miembro del comité de infecciones intrahospitalarias del Hospital Muñiz– ejemplifica así: “Si usted va a un hospital o clínica para operarse de una hernia, cirugía considerada ‘limpia’, corre el riesgo de, en vez de curarse, infectarse”. Cuantificar ese riesgo es imposible porque las infecciones hospitalarias no son de notificación obligatoria en la Argentina. “Un caso de botulismo sí, debe ser notificado en forma inmediata; pero no hay obligación de notificar la presencia de una bacteria altamente infecciosa en un hospital –comentó Troncoso–. Pero en nuestro país este tema no tiene visibilidad, se desconoce, plantearlo resulta incómodo.”
–¿Por qué es tan incómodo hablar de infecciones intrahospitalarias? –preguntó PáginaI12.
–Cuando me acerqué a senadores para tratar de impulsar una ley sobre el tema, recibí objeciones por parte de médicos: la objeción más fuerte es que estas infecciones se vinculan con haber omitido reglas básicas para el cuidado de los pacientes y esto puede tener consecuencias legales, por ejemplo juicios por mala praxis. Por ese espíritu corporativo hay tanta resistencia a notificar. Y por eso mismo la ley debería obligar a las instituciones a notificar, porque eso es lo que permitirá prevenir estas infecciones y así salvar vidas –contestó Troncoso.
–¿Puede haber brotes de infección intrahospitalaria que pasen inadvertidos?
–La infección no es generalmente un caso aislado, y cuando afecta a dos o más pacientes se trata de un brote. Muchas veces, cuando fui llamado por una infección nosocomial, al revisar los libros de bacteriología de la institución encontré que el mismo germen ya se había presentado en otros pacientes internados. En un quirófano de un hospital de Connecticut, Estados Unidos, en 2000, hubo un brote por estafilococus aureus que afectó a 12 pacientes, uno de los cuales, un bebé, falleció.
Víctor Rosenthal, presidente de la Comunidad Científica Internacional de Control de Infecciones Nosocomiales (Inicc), contó: “Cuando empecé a medir las tasas de infección asociadas con la introducción de catéteres en vasos sanguíneos, encontré que multiplicaban brutalmente las que se registran en Estados Unidos”. La tasa se establece calculando la cantidad de infecciones por cada mil días de uso de catéter: “En Estados Unidos, son dos; en la Argentina pueden llegar a nueve, especialmente en hospitales y clínicas de bajos recursos, que en realidad constituyen el 90 por ciento de las instituciones”.
En cuanto al lavado de manos, “a lo sumo el 40 por ciento de los médicos se lavan las manos antes de atender a su paciente –precisó Rosenthal–. Hay que decir que en este aspecto, las cifras no son mejores en los países desarrollados”.
Un estudio efectuado por la Inicc en la Argentina y otros 17 países de desarrollo económico similar señaló que, en servicios de terapia intensiva, “por catéteres urinarios, las tasas de infección llegaban a siete por cada mil días de uso de catéter; en Estados Unidos no son más de tres. Y, en este grupo de países, se registran 20 casos de neumonía por cada mil días de uso de respirador; en Estados Unidos son alrededor de cuatro casos”. En terapia intensiva, la mortalidad, que sin mediar infecciones llega al 15 por ciento, asciende al 30 por ciento por causa de infecciones asociadas al catéter; y se eleva hasta el 40 por ciento en los servicios de terapia intensiva neonatológica”.