Noticias de interés: Enero/ Febrero/ Marzo

En este espacio les proponemos recorrer aquellas noticias que salieron publicadas en los
medios durante los meses de Enero, Febrero y lo que pasó de Marzo de este año. Los artículos que Ud. encontrará en nuestra selección, tratan temas vinculados a la salud y sus ámbitos: científico, político, institucional, comunitario y gremial.

Los medios de comunicación seleccionados para este resumen son, en su gran mayoría, periodísticos y de gran repercusión en la opinión pública a nivel nacional. Pero también escogimos algunos artículos de publicaciones especializadas, o institucionales, que divulgan temáticas específicas vinculadas a la salud.

Sabemos que la velocidad con que se suceden los acontecimientos muchas veces atentan contra la comprensión de los mismos. Quizás el recorrido por estas noticias ayude, poniendo la mirada en el pasado, a entender nuestro presente.

CLARIN  12/01

Jóvenes: pocas políticas de salud

Los adolescentes suelen recurrir a la escuela, los amigos o los familiares para informarse sobre temas de salud. Ese rastreo es intermitente, quizá porque no hay otros ámbitos, más sistemáticos, donde buscar conocimiento y protección.

Por: Daniel Maceira

Fuente: DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SALUD DEL CIPPEC, INVESTIGADOR TITULAR DEL CEDES
Un estudio realizado recientemente por CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) basado en encuestas a casi 2.000 adolescentes de escuelas públicas de cinco localidades de distintas regiones del país detectó que durante el último año apenas la mitad de ellos accedió a información sobre algún tema de salud.

Los resultados muestran gran coincidencia entre los adolescentes acerca de sus necesidades, sus problemas y los modos de abordarlos, más allá de la región en la que residan. Ello sugiere la presencia de temáticas y demandas similares, propias de un segmento etáreo, que supera a aquellas de su comunidad o provincia.

El trabajo refuerza algunos conceptos conocidos sobre nuestro sistema de salud (fragmentación, utilización de servicios públicos de jóvenes con cobertura, pobre calidad de servicios en algunas obras sociales, limitación al acceso por copagos) y evidencia la subutilización de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) como vehículos para acceder a información, promoción y prevención. Según las encuestas, la escuela surge como el ámbito institucional de comunicación en temáticas sanitarias, aunque sin continuidad ni capacidad de generar mecanismos de consulta permanente.

Paralelamente, los amigos y las familias son los interlocutores elegidos para resolver dudas sobre temas evaluados como prioritarios: adicciones, trastornos de alimentación y salud sexual y reproductiva. El proceso de identificación de necesidades, derechos y responsabilidades forma parte de la dinámica del fortalecimiento de las instituciones y facilita el diseño de políticas sociales a partir de prioridades definidas. Ello aumenta la efectividad del Estado, a la vez que posibilita la reducción de las brechas de equidad.

Para lograrlo se requiere de la retroalimentación entre la comunidad y las "bocas de atención" institucionales del sistema (escuelas y CAPS, entre otros), convirtiéndolas en "puntos de encuentro y de desarrollo de vínculos" entre ambas. Particularmente, trabajar en temáticas vinculadas con la juventud y su salud brinda prioridad a un sector ampliamente expuesto y, por tanto, con necesidad de acompañamiento.

Tal exposición se vincula no sólo con protegerlos de los riesgos (adicciones, violencia, discriminación), sino con acompañarlos en su proceso de búsqueda y de debate.

A diferencia de otros grupos (niñez, embarazadas, tercera edad), en la Argentina no se cuenta con programas que muestren una estrategia para la problemática adolescente y su salud. Ello probablemente se deba a que el abordaje de las políticas sociales para la juventud es complejo y requiere especialmente de un enfoque que amplíe la mirada sectorial (salud, educación, nutrición, empleo) y alcance una propuesta abarcadora, desafiando el diseño tradicional de programas públicos.

Como consecuencia, una política de esta naturaleza exige previamente jerarquizar a docentes y personal de salud, dotándolos de herramientas que lea permitan abordar los desafíos vinculados con las inquietudes y los problemas de los jóvenes.

La política debería complementar la natural acción de los círculos de pertenencia de los adolescentes, revalorizando modos de participación comunitaria y municipal, en una responsabilidad compartida con los gobiernos nacional y provinciales.

PAGINA 12   13/01

A vacunarse que falta suero

El suero antitetánico, que se indica ante heridas profundas sufridas por personas no vacunadas, está en falta en la mayoría de las farmacias. Se trata de un problema mundial, por falta de donantes calificados de plasma. Recomiendan vacunarse cada diez años.

Falta suero antitetánico en las farmacias: el déficit tiene causas internacionales y nacionales y estas últimas señalan carencias y errores en los hábitos sanitarios de la comunidad, en aspectos tan diversos como el incumplimiento de los esquemas de vacunación en adultos –¿cuántos son los que se inmunizan cada diez años contra el tétanos y la difteria?–, el uso indebido de medicamentos –suele indicarse suero antitetánico sin necesidad– y la falta de donantes de sangre voluntarios habituales –que redunda en carencia de plasma para elaborar suero antitetánico y otros productos–. En tanto, la campaña de vacunación contra la rubéola para varones dio resultados sólo parciales en varias jurisdicciones –como la ciudad y la provincia de Buenos Aires– y deberá retomarse en marzo (ver recuadro).

La gammaglobulina tetánica inmune humana –comúnmente denominada suero antitetánico– es comercializada en la Argentina por dos laboratorios, que la expenden junto con la vacuna antitetánica: Gador la expende bajo el nombre Gammatet, y Baxter como Tetabulín. Juan Pablo Ambar –gerente de comunicación de Baxter– admitió la falta en farmacias y señaló que “el faltante se registra a nivel mundial. Las gammaglobulinas son derivados plasmáticos, obtenidos a partir de donaciones de sangre humana. Hay varios centros de recolección de plasma en el mundo, que operan con donantes calificados y testeados periódicamente para verificar la calidad de su plasma sanguíneo, y las limitaciones en la provisión se registran en todos los derivados plasmáticos”. También un representante de Gador reconoció que “hay limitaciones en la importación del producto”, si bien señaló que “aunque en menor cantidad, no hemos interrumpido el suministro”.

Eso, por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, “hay una sobreutilización: la Argentina puede ser el país que, proporcionalmente, usa más gammaglobulina antitetánica”, advirtió Jorge Zarzur, titular del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos del Ministerio de Salud y ex director del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. “En la mayoría de los países –explicó–, la protección contra el tétanos se obtiene por vacunación; sólo ante accidentes muy importantes, y luego de evaluar la inmunidad del accidentado, se aplica la gammaglobulina antitetánica.”
Zarzur señaló que, efectivamente, “la gammaglobulina antitetánica es escasa en el mundo, ya que la disponibilidad de plasma tiende a derivarse a la elaboración de gammaglobulina endovenosa, que tiene cada vez más aplicaciones clínicas”. En el Laboratorio de Hemoderivados cordobés, “se fabrica gammaglobulina antitetánica, destinada básicamente a las necesidades de hospitales públicos, pero la producción está acotada por la escasez de plasma”.

– ¿Esta escasez se vincula con la falta de donantes de sangre voluntarios habituales?

–preguntó Página/12.

–Así es –contestó Zarzur–. Si en la Argentina hubiera más donantes solidarios habituales, parte de ellos podría ingresar a programas de vacunación reiterada contra el tétanos; así su plasma, con altos niveles de anticuerpos, podría destinarse a elaborar gammaglobulina antitetánica.

Pero si alguien sufre una herida y no está vacunado, ¿puede contar con el suero antitetánico en la Argentina? “Sí –contestó Juan Carlos Bossio, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación–. La necesidad de gammaglobulina antitetánica se da muy puntualmente, en casos graves: suelen atenderse en los hospitales, que tienen mecanismos ágiles para obtener este tipo de insumo dentro de los plazos debidos.” El funcionario –que también es profesor de Epidemiología y Salud pública en la Universidad Nacional del Litoral– explicó que “la gammaglobulina antitetánica sólo debe aplicarse en casos de heridas muy masivas, grandes, profundas, muy contaminadas por detritos, en personas que no estén protegidas por la vacuna”.

Bossio recordó que “el calendario de vacunaciones incluye la ‘doble adulto’, contra el tétanos y la difteria, que se aplica cada diez años a partir de los 16, pero es muy común que las personas no la cumplan. Esta vacuna está disponible en forma gratuita en los servicios de salud de todo el país”.

Contra la fiebre amarilla

Los hospitales Piñero, Muñiz y Rivadavia funcionan como nuevos centros de vacunación gratuita para todas aquellas personas que deban viajar a zonas en las que se hayan comprobado casos de fiebre amarilla. El Muñiz, Uspallata 2272, ofrece el servicio de vacunación todos los días de 13 a 17; el Rivadavia, en Las Heras 2670, de lunes a viernes de 8 a 12, y en el Piñero, Varela 1301, podrán recibir la inmunización contra la enfermedad los lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 16. Los tres centros se suman a los que vienen funcionando desde la semana pasada: Sanidad de Fronteras, Facultad de Medicina de la UBA, Terminal de Omnibus de Retiro, el Hospital Garrahan, el Ministerio de Salud nacional y el hospital Posadas. La vacuna debe ser aplicada diez días antes de que la persona viaje hacia la zona de riesgo.

CRITICA   14/01

Proponen hacer una consulta popular sobre el aborto

Lo planteó la senadora nacional Adriana Bortolozzi, quien además es autora un proyecto de ley para despenalizar el aborto bajo circunstancias especiales.

La senadora nacional por Formosa, Adriana Bortolozzi, considera que es necesario que se empiecen a debartir seriamente temas centrales sobre la salud física y psicológica de las mujeres. Uno de ellos es el aborto, por lo que presentó un proyecto de ley para que el Estado convoque a la ciudadanía a expresar su postura frente la interrupción del embarazo en circunstancias especiales, informó hoy el sitio especializado El Parlamentario.com. La iniciativa entró a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Deporte de la Cámara alta.

La legisladora justicialista también es autora de otro proyecto de ley para despenalizar el aborto bajo circunstancias especiales, practicado por un médico diplomado y con el consentimiento de la mujer embarazada.

La norma propuesta exime de penalidad a los implicados cuando la interrupción se haga para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; si el embarazo presenta un feto anencefálico o con cualquier otra anomalía que implique la muerte extrauterina inmediata o inminente; y si el embarazo proviene de una violación. En el caso que se trate de una incapaz, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para la interrupción del embarazo.

Según explica Bortolozzi, la modificación propuesta para despenalizar el aborto de un feto anencefálico se basa en la protección de los derechos de la madre, privilegiando su salud, psíquica y social, y su autonomía, cuando sabe y conoce que lleva en su vientre un feto que no tiene posibilidad alguna de vida extrauterina.

Respecto de la anencefalia, el fundamento del proyecto detalla que “el feto tiene un defecto neurológico congénito e intrínseco que deriva en su condición de anencefálico y, la interrupción del embarazo no es la causa de la muerte del feto, sino la ocasión para que esto ocurra, ya que inmediatamente en que ese feto salga del vientre de su madre, morirá, o a lo sumo lo hará dentro de las 24 horas como así ha sucedido en todos los casos que se conoce”.

Según El Parlamentario.com, el proyecto original fue presentado en el 2006 y está basado en el proyecto de la diputada nacional (MC) Liliana Lissi y el presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por los diputados Eduardo Peduto y Marcela Larrosa.

PAGINA 12   28/01

Otro paso por los derechos de la mujer

El presidente de Estados Unidos restableció el apoyo financiero al Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuya misión es la promoción de los derechos reproductivos y la igualdad de género en el mundo. Bush había eliminado la ayuda a esos programas.

El presidente Barack Obama dio una nueva señal de su compromiso con los derechos de las mujeres más allá de las fronteras de Estados Unidos: anunció que restablecerá el apoyo financiero al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la agencia de la ONU cuya misión central es la promoción de la salud sexual, los derechos reproductivos y la igualdad de género. Por decisión del gobierno de su antecesor, George W. Bush, el Unfpa dejó de percibir en los últimos siete años 244 millones de dólares para sus programas de cooperación en los países más pobres del planeta. “El empuje que está dando Obama en menos de una semana de gestión vuelve a colocar el tema de los derechos reproductivos como una prioridad política, no sólo para su país sino para el mundo en desarrollo”, destacó en diálogo con Página/12 Eleonor Faur, titular de la oficina de Unfpa en la Argentina.

El viernes, Obama puso fin por decreto a la llamada Ley Mordaza Global que prohibía el financiamiento de organizaciones que ofrecen servicios de atención de abortos fuera de Estados Unidos, en los países en que la práctica es legal o trabajan para ampliar la ley donde está penalizada. El flamante mandatario llevó así al plano de los grandes temas sociales el cuestionamiento de las políticas de su predecesor. A continuación dijo que estaba “ansioso” por trabajar con el Congreso de Estados Unidos para restablecer el apoyo financiero al Unfpa. Bush le había quitado el respaldo económico aun cuando la agencia de la ONU nunca trabajó a favor del aborto. De todas formas, el Unfpa no aprobaba la política de educación sexual en “sólo abstinencia” que promovió fervientemente la administración republicana y que –han demostrado distintos estudios–, no contribuye a prevenir el embarazo adolescente y el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-sida entre los jóvenes. En cambio, el Unfpa tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de planes de educación en sexualidad integral. De hecho, apoyó firmemente el acuerdo inédito firmado el 1º de agosto en la ciudad de México por 29 países de América latina y el Caribe –entre ellos– la Argentina– para promover la educación sexual desde la infancia basada en los derechos humanos como herramienta clave contra el sida, en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Educación y Salud para detener el VIH del continente.

“Al reanudar la financiación a Unfpa, Estados Unidos se unirá a otras 180 naciones donantes que trabajan en colaboración para reducir la pobreza, mejorar la salud de las mujeres y de niños, prevenir el VIH y el sida y promover asistencia en planificación familiar para 154 países”, enumeró Obama.

Faur explicó que durante los últimos siete años en los que Estados Unidos le quitó el aporte de unos 244 millones de dólares, el Unfpa contó con el respaldo de otros donantes. “No obstante, esta noticia es doblemente significativa, no sólo en términos económicos sino también políticos. Para los países en desarrollo, que tienen altos niveles de desigualdad, como los de América latina, los derechos reproductivos muestran una significativa vara de la desigualdad y posicionar estas políticas como prioridad no sólo apuntala la igualdad entre los géneros sino muy especialmente, apuntan a igualar el acceso a derecho sociales, ya que el impacto mayor se concentra en las mujeres más pobres y las que dependen de forma exclusiva del sector público para planificar su reproducción”, señaló Faur, oficial de enlace del Unfpa en la Argentina.

La directora ejecutiva del Unfpa, la saudí Thoraya Ahmed Obaid, también celebró el anuncio de Obama. “Las acciones del presidente envían un fuerte mensaje sobre su liderazgo y su voluntad de apoyar las causas que promuevan la paz y la dignidad, la igualdad de las mujeres y las niñas y el desarrollo económico en las regiones más pobres del mundo. Y el acceso a la salud reproductiva es la piedra angular de todas esta cuestiones”, señaló Obaid en un comunicado de prensa. Hay mucho por hacer, agregó. Ya se recorrió más de la mitad del camino hacia la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la meta que se ocupa de mejorar la salud materna y reproductiva es en la que se han hecho menos progresos y es la que cuenta con menos recursos, apuntó. A nivel mundial, la tasa de muerte por embarazo, parto y aborto se ha reducido entre 1990 y 2005 sólo el uno por ciento. Tener un hijo sigue siendo uno de los mayores riesgos de salud para las mujeres en todo el mundo, según reveló la semana pasada la principal publicación de Unicef, El Estado Mundial de la Infancia 2009. Cada día, 1500 mujeres mueren mientras dan a luz: es decir, medio millón de madres todos los años. Noventa y cinco por ciento de estas muertes ocurren en países en desarrollo, en particular en Africa y Asia, muchos de los cuales –como Etiopía, Ghana, Tanzania, Zambia, Kenia y Zimbabwe–, sufrieron como consecuencia del recorte de la financiación externa promovida por la Ley Mordaza Global el cierre de clínicas y un dramático recorte de prestaciones en salud reproductiva, incluyendo cuidados obstétricos pre y posnatales y consejería en prevención del contagio del VIH.

TELAM   29/01

ESTUDIO REVELA PROBLEMAS EN LA NUTRICION INFANTIL

Buenos Aires, 29 de enero (Télam).- Un estudio de la Escuela de Nutrición de la UBA sostuvo hoy que los niños argentinos dejan de ser amamantados en forma temprana y en muchos casos no reciben alimentos que contengan hierro, lo que aumenta en esa población el riesgo de anemia nutricional.

La investigación analizó una muestra de 159 binomios de madres e hijo y los hábitos de consumo alimenticios durante el primer año de vida, como posibles factores que pueden predecir la incidencia de la anemia durante la infancia. La lactancia materna durante este período es clave al proteger al niño del desarrollo de la anemia ferropénica.

Los datos de la última Encuesta Nacional de Prevalencia de la Lactancia materna realizada el año pasado por el Ministerio de Salud de la Nación, indicaron que el 47,3 % de los niños es alimentado sólo con leche materna hasta el cuarto mes de vida, mientras que esa cifra cae aún más del 38,7 % en el sexto mes.

Conjuntamente con esa baja prevalencia de la lactancia materna, los resultados del estudio de la UBA también revelaron la introducción precoz de leche de vaca común y la incorporación tardía de alimentos que son fuente de hierro, primordialmente la carne, que aumenta los factores de riesgo de anemia nutricional.

Marina Torresani, directora del estudio de la UBA, señaló que "la anemia ferropénica es el déficit nutricional más frecuente y difundido a nivel mundial, siendo prevalente no sólo en los países en vía de desarrollo, sino también en los altamente industrializados".
Torresani destacó que "los niños menores de 2 años constituyen el grupo más vulnerable a esta deficiencia nutricional". Las estadísticas de la Escuela de Nutrición de la UBA, indicaron que si bien el 85% de los lactantes fueron amamantados al momento de nacimiento, también el abandono de ese hábito alimenticio fue precoz.

Los resultados demostraron que fue la leche de vaca común el alimento lácteo que reemplazó primordialmente a la leche materna en el segundo semestre de vida, en lugar de las fórmulas infantiles adaptadas en su composición a las necesidades nutricionales del lactante.

Además, existe una fuerte correlación entre la edad de incorporación de la leche de vaca fresca o pasteurizada en la alimentación del niño y el desarrollo de la anemia.
La encuesta nacional de nutrición y salud mostró que esa incorporación suele ser precoz, al tiempo que la introducción de carne es tardía en un porcentaje considerable de los casos. En ese sentido, el relevamiento reveló que el 34% de los niños menores de 2 años padecía anemia. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la introducción en la alimentación con hierro entre los 6 y 7 meses de vida, como mínimo en una de las dos comidas diarias.

Los resultados del estudio realizado en la UBA revelaron que estos patrones de alimentación no se cumplen en su totalidad, ya que la edad promedio de incorporación del grupo de carnes fue recién alrededor de los 8 meses.

CRITICA  04/02

CFK reconoció al CEMIC como universidad privada

El Centro de Estudios Médicos de Investigaciones Clínicas funcionó los últimos 51 años como centro de investigación asociado a la UBA y al CONICET.

La presidenta Cristina Fernández oficializó este martes el reconocimiento definitivo al Centro de Estudios Médicos de Investigaciones Clínicas (CEMIC) como nueva universidad privada, después de 51 años de funcionamiento como centro de investigación asociado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al CONICET.

La primera mandataria oficializó el status universitario del CEMIC a través de un decreto que firmó en la Casa Rosada durante una audiencia con el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, el secretario de Políticas Universitarias, Carlos Dibbern y el rector del instituto universitario, Mario Turín.

El rector del CEMIC agradeció el gesto de la jefa de Estado y señaló que la medida fomenta la creación de nuevas carreras en Ciencias de la Salud, entre ellas, la Licenciatura en Enfermería.

“Estamos muy orgullosos por este reconocimiento”, afirmó Turín y explicó que el CEMIC “es una institución de bien público que no recibe subsidio para su funcionamiento, sino que lo hace con el producto de su trabajo y de reconocimientos, especialmente en el área de investigación".

El rector señaló que el próximo desafío de la institución es “profundizar nuestras acciones en la educación en Ciencias de la Salud” y anunció el lanzamiento de la carrera de Enfermería, con capacidad para formar a 50 profesionales por año.

Las autoridades de CEMIC presentaron un proyecto universitario al Ministerio de Educación en 1994 y dos años después, tras la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), recibió un reconocimiento provisorio para actuar como universidad o institución universitaria privada, de acuerdo con los procesos de fiscalización que establece la ley. 

Los trámites para el reconocimiento definitivo se efectivizaron en 2007: de acuerdo con la Ley de Educación Superior, y después de un año de evaluaciones externas de la CONEAU, se expidió una recomendación para el reconocimiento definitivo por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El Instituto Universitario tiene carreras de grado y de posgrado: en el grado tiene un proyecto universitario de varias carreras de las cuales desarrolló dos, medicina y una tecnicatura que es citotecnología, única en el país. La tercera carrera de grado será la licenciatura en enfermería.

DIARIO PERFIL  07/02

Todavía no hay lugar para los “grises”

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 216 personas curadas que podrían reinsertarse gradualmente en la sociedad, pero que siguen internadas en los hospitales neuropsiquiátricos porque no tienen dónde ir. Esta situación desnuda el drama de la falta de “casas de medio camino” u “hogares de convivencia”, instituciones que puedan rehabilitar a quienes ya no tienen graves problemas mentales pero todavía requieren algún grado de asistencia. El Gobierno porteño planea habilitar ese tipo de instituciones mientras los médicos y enfermeros se quejan de la falta de presupuesto.

Son los grises para algunos psiquiatras, y los borderlines para el común de la gente. Se trata, en realidad, de personas que afrontan problemas de salud mental y están compensados y estables, pero que por causas sociales o sanitarias todavía no pueden reinsertarse en la sociedad. Es el drama de cientos de argentinos, que aún recuperados de sus trastornos de esquizofrenia, psicosis o bipolaridad, no encuentran una alternativa en el sistema de salud para volver a sus vidas normales.

Muchos, aun sanos y con posibilidades de trabajar y vivir por sí solos, siguen por estas horas encerrados en alguno de los neuropsiquiátricos públicos, mientras que en el interior son derivados a otras provincias por falta de camas o centros especializados. El tema preocupa a la Justicia, a psiquiatras y a sanitaristas, quienes en diálogo con PERFIL recomendaron la apertura de casas de medio camino.

El encierro de personas sanas fue confirmado a este diario por el titular de la Asesoría Tutelar 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno, quien tras una investigación próxima a ser difundida aseguró que 216 personas están internadas en forma indebida en los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, los cuatro de la órbita porteña. La asesoría suma cuatro amparos judiciales para “liberarlos” y favorecer su reinserción, pero especialistas aseguran que hay una “escasez total” de casas para enfermos compensados.

“Están en condiciones de salir unos 80 hombres internados en el Borda, 126 mujeres en el Moyano, y diez niños en el Tobar García y en el Alvear. La cifra ha venido bajando –en 2005 eran más de 500–, pero queda claro que la salud mental no es una prioridad política”, denunció Moreno a PERFIL.

Diego Friedman, médico del Tobar García, como sus colegas del Borda y del Alvear, recomendó los hogares intermedios: “Las casas de medio camino aceleran la reinserción, las personas sin recursos podrían ir a casas de convivencia subsidiadas por el Estado, porque es una cuestión social”.

Los hogares de rehabilitación se encuentran en los planes del macrismo como opción para descomprimir los hospitales, “en cuyos pasillos es posible encontrar gente que está internada desde hace 30 o 40 años”, dice Moreno. Los artículos 14 y 15 de la Ley de Salud Mental prevén su apertura, aunque fueron los privados quienes tomaron la iniciativa.

El hostal La Casa es una de ellas. Su directora, Patricia Dota, explicó a PERFIL que alojan “pacientes compensados”, que no pueden estar solos, pero no requieren una internación. “Es como una casa de familia, con asistencia permanente”.

El inconveniente, según Dota, es que las obras sociales y prepagas “no tienen el servicio arancelado” y sólo cubren el servicio cuando se inicia un “juicio por incapacidad”. Esto, según los especialistas, suele traer más inconvenientes que beneficios para los pacientes, “ya que les costará aún más conseguir un empleo”.
Desde el Centro Aranguren, una de las casas de medio camino más antiguas, la doctora Mónica Fernández Bruno asegura que en los últimos años “se nota una mayor apertura por parte de las obras sociales”.

En efecto, una de las prepagas con más afiliados, que solicitó reserva, aseguró a PERFIL que utiliza las casas, ya que es “más costosa una internación permanente que una recuperación en estos hogares”. La estadía promedio varía entre 3 y 18 meses, y el precio es de entre 4 mil y 8 mil pesos por mes.

El inconveniente, dicen en la prepaga, es que “no hay lugar, los centros de este tipo se cuentan con una mano”. La codirectora de La Casa, Virginia Martínez, lo confirma: “No hay camas disponibles en Capital y lo mismo pasa en otras ciudades”. Todos coinciden en que es el Estado quien debe promoverlos (ver recuadro).

Además de padecer de esquizofrenia, trastornos de personalidad, abuso de sustancias, bipolaridad, psicosis o depresión, los casos grises deben afrontar algo aún más angustiante: el estigma social. Según Fernández Bruno, “pueden estar en talleres protegidos, pero cuando salen son muy pocas las empresas que los toman, les tienen miedo”. “No sólo los gobiernos los excluyen –añade Moreno– ni siquiera para la sociedad son una prioridad, es que la locura parece que no se puede ver... y los locos no votan”.

EL DIARIO ARGENTINO .COM  10/02

Denuncian que Macri quiere "privatizar el sistema solidario de Salud"
 
La Asociación Sindical de Profesionales (ASIPRO) del Sanatorio Municipal "Dr. Julio Méndez", denunció que el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pretende "privatizar el sistema solidario de Salud".
 
En ese sentido, ASIPRO acusó al jefe del Ejecutivo de implementar "una política sistemática de destrucción de la obra social" sindical porteña (Obsba), cuya intervención fue calificada de "retrograda y nefasta", teñida de "un profundo contenido neoliberal".

Los profesionales aseguraron que el verdadero objetivo de la desregulación de la Obsba es el de generar un "negocio para pocos, que rompe con la premisa solidaria de que el rico pague por el pobre, el sano por el enfermo y el joven por el viejo".

En declaraciones periodísticas, el secretario general de ASIPRO, Jorge García Roel, alertó sobre "el desabastecimiento progresivo de los insumos médicos, imprescindibles para la atención de los afiliados", y acusó al interventor macrista, Jorge Rey, de pretender instalar "un minishopping de medicamentos, sin control farmacéutico".

Al respecto, García Roel -que es especialista en Medicina Interna- denunció el "despido encubierto" de la Jefa del Servicio de Farmacia, Claudia Laudisi, así como "la peligrosa transferencia de funciones y responsabilidades a otros servicios médicos, con el riesgo que esas decisiones conllevan".

"Los Profesionales del Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez, con 50 años de existencia, nunca vivimos un caos administrativo de esta magnitud", aseguró García Roel, quien culpó del actual estado de "parálisis e inacción" del centro asistencial al director administrativo de la intervención, contador Jorge Barrilli.

En este aspecto, la ASIPRO consideró a Barrilli "responsable máximo" de la instrumentación de la burocracia planificada por la intervención, y del desorden en la atención Ambulatoria, con los trastornos que eso implica para los pacientes.

"Lo hacemos responsable del sumario ilegal y mentiroso a la Jefa del Servicio de Farmacia, del desabastecimiento de insumos, de injurias hacia el cuerpo profesional, de acoso laboral, así como de intentar dividir y enfrentar a los trabajadores del sanatorio", aseveró García Roel. 

Según explicó, el Sanatorio "Dr. Julio Méndez", ubicado en la Avenida Avellaneda 551 del barrio de Caballito, "es un ente autárquico público no estatal". 

El mismo "está organizado como un instituto de administración mixta con representantes del Gobierno porteño y del Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires SUTECBA". El sanatorio se encuentra intervenido desde el 2 enero de 2008 por decisión del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

LA NACION   16/02

Limitarían los traspasos de obra social

El decreto está a la firma de la Presidenta; las autoridades de Salud ya suspendieron los pases en dos entidades.

El Gobierno podría disponer cambios en el sistema de libre opción de las obras sociales, que desalentarían principalmente los traspasos entre los afiliados que tienen mejores salarios. En rigor, evitar que esas personas se vayan de sus entidades de afiliación profesional en busca de derivar sus aportes al pago de planes de medicina prepaga es un tema que desvela desde hace años a los dirigentes sindicales.

El autor del decreto que está desde hace más de un mes esperando la firma de la presidenta Cristina Kirchner es el superintendente de Servicios de Salud, Juan Rinaldi, un abogado cercano al líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano.

Un artículo controvertido establece que quien quiera migrar de obra social podría hacerlo, pero no con su aporte completo, si es que éste supera determinado monto. Así, la entidad elegida sólo percibiría por el nuevo afiliado el aporte que resultara del salario promedio del convenio de la actividad, según determine el Ministerio de Trabajo. Y la obra social de origen, que ya no dará el servicio, recibiría la diferencia entre el aporte completo del trabajador y ese promedio.

Por ejemplo, por un asalariado con una remuneración de 3000 pesos mensuales, los aportes y contribuciones suman $ 229,50, descontado ya un porcentaje que se deriva a un fondo solidario. Suponiendo que en ese caso hubiera un salario promedio de actividad de 2000 pesos, entonces, el monto del que dispondría el trabajador sería de $ 162.
Si su intención es cambiar de obra social para pagar de bolsillo un diferencial que le permita acceder a un plan privado, deberá desembolsar más dinero que el que correspondería con el sistema tal cual está ahora.

Así, sería menos atractivo hacer la opción y, en caso de ejercerla, la obra social que perdería al afiliado seguiría recibiendo parte de su aporte. El otro cambio significativo es que quien ingresa en el mercado de trabajo debería quedarse como mínimo 6 meses en la obra social de la actividad a la que pertenece la empresa. Ahora, la elección de la obra social es un derecho que se puede ejercer desde el primer día de trabajo.

Fuentes de la Superintendencia señalaron que la medida tendría sólo efectos hacia adelante, sin afectar a quienes ya están en los llamados planes superadores de las obras sociales, que en muchos casos incluyen las prestaciones a cargo de una empresa de medicina prepaga. "Y si la persona cambia de trabajo, prima su opción, si es que hizo un traspaso antes", agregó el funcionario.

Afectados

En medio del debate por las medidas en estudio para limitar el derecho a la libre opción, la Superintendencia suspendió los traspasos a favor de dos entidades que ofrecían prestaciones médicas a cargo de prepagas, y dispuso que, cuando se tratara de planes que se financian en parte con aportes salariales a la seguridad social, los precios de las empresas privadas no podrán moverse sin previa autorización de ese organismo oficial.

Las suspensiones afectan a Ospoce, del gremio del personal de organismos de control externo, y a Ospaca, la entidad de salud del Automóvil Club Argentino. Los planes superadores de esas obras sociales (llamados así por ofrecer algo más que el Plan Médico Obligatorio, PMO) suponían en algunos casos, la derivación de aportes para tomar servicios de Swiss Medical y Galeno, entre otras entidades privadas de salud.

Los considerandos de las medidas mencionan reclamos hechos por afiliados a raíz de subas en las cuotas de los planes, que suelen aumentar a la par de los contratos vigentes para quienes toman los servicios de una empresa de medicina prepaga en forma autónoma. Además, la Superintendencia menciona que esos planes no contaban con autorización y que por eso ordena que las obras sociales se abstengan de ofrecerlos.

Según dijeron a LA NACION las autoridades de Ospoce, la decisión no afecta a los afiliados actuales. El secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Hugo Buisel Quintana, agregó que los traspasos se reanudarán cuando el superintendente apruebe los planes que se presentarán. Los nuevos contratos podrían tener servicios dados por las prepagas, pero, según fuentes del organismo oficial, se regirán con criterios diferentes.
"Hasta ahora se entendía que el precio de cada plan lo ponía la prepaga y que la Superintendencia de Salud no tenía competencia, pero nosotros entendemos que si son planes contratados con aportes de la seguridad social, sólo podrán aumentar si hay autorización", explicó un funcionario.

Rechazo opositor

"Entorpecer el pase entre obras sociales significa perjudicar seriamente a los trabajadores y premiar la ineficiencia en la prestación de servicios." Con esa advertencia, un grupo de diputados de diferentes bloques opositores rechazó el proyecto oficial para disponer limitaciones a los traspasos entre entidades sindicales de salud.

Sobre el hecho de que las obras sociales seguirían recibiendo dinero de trabajadores que no estarán ya afiliados (ya que en algunos casos quienes opten por abandonar su obra social sólo podrán computar para la entidad elegida una parte de su aporte y no la totalidad), sostuvieron: "Quieren provocar un doble aporte de los trabajadores para mantener el sistema burocrático de algunos sindicatos".

"La gente eligió cambiarse de obra social en la búsqueda de un mejor servicio de salud y ahora quieren eliminar la libertad de elección para el beneficio de algunos sindicalistas", concluye un comunicado firmado por Federico Pinedo (Pro), Oscar Aguad y Juan Acuña Kunz (Unión Cívica Radical, UCR), y Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

PAGINA 12   16/02

Un caso para el que no hubo ningún remedio

La intervención dispuesta por Mauricio Macri en enero de 2008 concluye en un mes. Se abre a las prepagas la posibilidad de captar a los afiliados. Y se mantiene en manos del Sutecba el manejo de parte de los aportes de quienes abandonen la entidad.

La avanzada moralizadora del PRO contra la obra social de los empleados municipales está a punto de terminar en fracaso. La gestión del interventor Jorge Rey con que Mauricio Macri se propuso desregularla y atacar sus presuntos focos de corrupción hace un año deja la puerta entornada para que empresas de medicina prepaga puedan captar a muchos de sus 260 mil afiliados. Pero además un proyecto reciente que el jefe de Gobierno envió a la Legislatura le permitiría al Sutecba, el gremio conducido por Amadeo Genta, mantener la administración de tres puntos del aporte que hacen los trabajadores (del 6 por ciento que se les descuenta) aun si decidieran abandonar la Obsba. Todo se complica porque en el año 2000, una ley porteña –la 472– concibió a la obra social como un híbrido legal: no es ni sindical ni estatal (como las provinciales), por lo que ni siquiera sus beneficiarios integran hoy el Sistema Nacional de Salud. De ahí que están ante una disyuntiva crucial: o permanecen en una entidad deficitaria y con prestaciones comprometidas o terminan en el sector privado.

Macri intentó en los últimos días aprobar un proyecto de ley para poner en caja el problema pero chocó con la resistencia de la oposición y de los docentes municipales (ver aparte). Los bríos con que llegó al gobierno para despedir empleados que consideraba ñoquis y sacarle la caja al sindicato más numeroso no le alcanzan hoy ni para defender su proyecto en la Legislatura. “Como estaba redactado, no salía ni en broma”, le dijo a Página/12 el diputado socialista de Diálogo por Buenos Aires Raúl Puy.

“Lo importante es que la gente elija libremente”, había anunciado el jefe de Gobierno el 5 de enero pasado, tras enviar la norma para su tratamiento en la Legislatura, con el propósito de instrumentar a partir del 1 de abril la libre opción de obra social. De ese modo, y una vez finalizada la intervención de Rey –quien deberá dejar su cargo el 14 de marzo de modo improrrogable–, el oficialismo pretendía cerrar el caso de la Obsba, que había transformado en cruzada durante sus primeros días de gestión.

“Sorprendentemente, el artículo 3 mantiene a la Obsba como la destinataria de los aportes del gobierno de la ciudad y de sus afiliados, aun cuando ellos hayan decidido elegir otra obra social”, sostuvo en un comunicado el bloque de la Coalición Cívica, refiriéndose a la polémica distribución de aportes que fija el proyecto macrista.

La cuestión es así: la Obsba reemplaza al desaparecido IMOS (Instituto Municipal de Obras Sociales) desde el 5 de agosto de 2000. Tiene infraestructura en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Córdoba y está intervenida desde marzo del año pasado. Por el artículo 17 de la ley 472 que la creó, sus afiliados sufren un descuento del 6 por ciento de sus haberes, a diferencia de los que integran el Sistema Nacional de Salud. En el caso de los estatales porteños, además de aportar el 3 por ciento para la cobertura médica suya y de sus familias, deben realizar una contribución similar para financiar un fondo destinado a sostener a los jubilados y pensionados municipales. El gobierno aporta un 6 por ciento más sobre la nómina salarial y también un 2 adicional para el personal retirado. Todo suma un 14 por ciento para financiar la obra social.

Si se aprueba la libre opción, con o sin la iniciativa del PRO que ni siquiera pasó el filtro de la Comisión de Legislación General presidida por el diputado Marcelo Meis, quienes abandonen la entidad todavía intervenida estarán obligados a dejar el 3 por ciento de su salario destinado a jubilados y pensionados.

El proyecto oficialista estipula en su artículo 6 una nueva retención: “Fíjase a partir del 1 de abril de 2009 un aporte del 0,3 por ciento a cargo del afiliado, más una contribución del 0,3 por ciento, por parte del empleador, en ambos casos sobre el salario imponible, a la financiación destinada al Seguro de Vida Mutual, Seguro de Vida y Seguro de Alta Complejidad aprobado por el decreto 1721/GCABA/97 y normativa complementaria”.

Un texto que circula entre los trabajadores municipales que cuestionan por igual a Macri y a la conducción del Sutecba sostiene: “No nos dejemos engañar con estos cantos de sirena que no sólo siguen metiendo la mano en nuestros bolsillos diezmando el salario sino que, fundamentalmente, ponen en juego a nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestros jubilados. Tal vez sea la hora de decir basta, elaborar nuestro propio proyecto, el de los trabajadores, para avanzar hacia una Obra Social verdaderamente nuestra”.

Desde el Sutecba argumentan que el macrismo no consultó a sus dirigentes para consensuar el proyecto de ley que se pretendía tratar sobre tablas el jueves pasado. Genta y Patricio Datarmini –secretario general adjunto del gremio y hasta la intervención, el presidente de la Obsba– firmaron un comunicado el 25 de agosto de 2008 en el que sostenían: “Queremos un modelo de obra social solidaria con libertad de opción, pero que se construya sobre el mejoramiento del modelo y no sobre el desmantelamiento que la coloque en un estado de crisis en la que los perjudicados resulten los afiliados, y los beneficiarios, los que buscan el lucro como único objetivo”.

El hombre sugerido por el gremio para conducir la obra social una vez que concluya la intervención es el Juan Mabilia, director del sanatorio municipal Julio Méndez. Un nuevo directorio tendría que reemplazar a Rey, quien durante su gestión –según el único informe sobre la Obsba presentado por la Auditoría General de la Ciudad en la Legislatura– se fijó un sueldo de 20 mil pesos y contrató para su uso personal el servicio de un automóvil con chofer por 45 mil pesos.

La ley 2.637, que dispuso la intervención de la obra social el 10 de enero de 2008, fue una cortina de humo y sus efectos están a la vista. Por ejemplo, nunca se constituyó una Comisión Tripartita para la Reconversión de la Obsba en la Legislatura, como lo planteaba aquella norma. Los diputados opositores también se quejan de que no recibieron informes de la Sindicatura General de la Ciudad y de la Secretaría de Salud. Y tampoco el informe final de la intervención a punto de culminar. Al gobierno porteño parecen importarle poco estos detalles. Tenía que tomar un rápido envión cuando asumió y ahora pretende acabar a igual velocidad con la campaña moralizadora que montó hace un año.

PAGINA 12   25/02

Alerta por casos autóctonos de dengue

En Salta se produjo un segundo caso de dengue hemorrágico. En Córdoba se detectó la presencia del mosquito transmisor en el 95 por ciento de las viviendas analizadas. También empeoró la situación en Capital y el conurbano.

Tres noticias, que cuentan una sola historia, sobre la expansión del dengue en la Argentina: a) por primera vez en la provincia de Catamarca, se registran casos “autóctonos”, donde el ciclo de trasmisión de la enfermedad (persona-mosquito-persona) se ha producido localmente; b) se anunció un segundo probable caso de dengue hemorrágico en Salta y previsiblemente habrá más en esa provincia, ya que esta variante grave de la enfermedad afecta a personas que ya habían padecido el dengue común: es decir, en Salta, quienes fueron afectados por la epidemia de 2004; c) en Córdoba, un estudio encontró en el 95 por ciento de las viviendas el mosquito trasmisor del dengue, el Aedes aegypti –que se cría en agua quieta pero limpia, como la de los floreros–.  Además, según un especialista de la UBA, “la situación empeoró en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Es una cuestión de educación ambiental, pero ¿se habla de esto en las escuelas?”.

“Es nuestra primera vez –dijo a este diario Mireya Orellana, subsecretaria de Medicina Preventiva de la provincia de Catamarca–: una persona portadora del virus del dengue entró en contacto con un vector local y la enfermedad empezó a propagarse.” Ernesto Martínez, director del Hospital de Urgencias San Juan Bautista, precisó que “más de cien vecinos del barrio Eva Perón presentaban cefalea, fiebre y náuseas o vómitos: se enviaron doce muestras al Instituto Maiztegui, de la ciudad bonaerense de Pergamino (que depende del Ministerio de Salud de la Nación), donde diez resultaron positivas”. Según los datos oficiales, trasmitidos por Orellana, “hay dos casos de dengue confirmados y ocho en estudios de laboratorio, pero los casos febriles sospechosos son más”.

Los datos oficiales suelen ir por detrás de los casos reales, ya que, de acuerdo con los protocolos que sigue el Ministerio de Salud, el diagnóstico se confirma mediante dos pruebas sobre muestras separadas, lo cual requiere muchos días. Ante el brote, el gobierno catamarqueño declaró el alerta sanitario y lo mismo hizo ayer, precautoriamente, la vecina provincia de La Rioja.

Juan Carlos Bossio, director de Epidemiología de la Nación, agregó que “hay casos confirmados en Chaco, correspondientes a personas que contrajeron el dengue en Bolivia (donde se registra un brote con 20.000 infectados y 15 muertos); en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias hay casos sospechosos: todos en personas que viajaron a países vecinos”. Paraguay, donde se confirmaron 200 casos, declaró el alerta epidemiológico.

En Salta está internada una mujer, procedente de Tartagal, con síntomas de dengue hemorrágico. El caso se agrega al de un joven de 20 años, de la misma zona, internado desde hace varios días con confirmación (no oficial, porque falta la segunda muestra) de esta forma de la enfermedad. Luis Mario Arias, titular del Hospital San Vicente de Paul, de Orán, explicó que “en 2004 tuvimos una epidemia con el serotipo denominado dengue 3 y la de este año es dengue 1: cuando una persona se infecta por segunda vez con un serotipo diferente, suben las probabilidades de que la enfermedad se manifieste como dengue hemorrágico, que requiere internación en terapia intensiva”.

Orán es la zona de Salta más atacada: Arias contó que “el brote empezó en enero, a partir de personas que habían viajado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . La ciudad alberga “27 casos confirmados con doble prueba; también damos por confirmados 150 casos de personas con síntomas. Y hay más de 400 casos sospechosos, que concurrieron con síntomas al hospital”, agregó el médico. En toda Salta, los casos confirmados con doble prueba son 37, con más de 200 confirmados clínicamente y unos 550 sospechosos. Después de Orán, la localidad más afectada es Tartagal.

La Universidad Nacional de Córdoba, junto con el Ministerio de Salud de esa provincia, efectuó un relevamiento de 577 viviendas: en el 95 por ciento se encontró el Aedes aegypti. Se detectaron allí este año ocho casos, todos en personas que se infectaron fuera de la provincia.

Nicolás Schweigman, director del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, recordó que “el Aedes aegypti, erradicado de todo el Cono Sur en la década de 1950, volvió a América latina en la década de 1980, en el marco del aumento de temperaturas y de la globalización comercial: los neumáticos usados que se importaban del Japón contenían huevos de estos mosquitos. El dengue hemorrágico había aparecido como enfermedad emergente en el sudeste asiático y el primer brote en América latina se produjo en Cuba a principios de los ’80”.

Schweigman advirtió que el Aedes “se cría sólo en viviendas urbanas, en recipientes con agua limpia como los floreros. Las larvas son visibles: tienen medio centímetro de largo, viborean en el agua. Si a alguien lo molestan de noche los mosquitos, seguramente él o su vecino tienen, sin saberlo, un criadero”.

Página/12 fue el medio que, en 1994, dio a conocer la presencia del Aedes aegypti en Buenos Aires. En estos años, “la situación ha empeorado –observó Schweigman–: hay zonas de Capital y conurbano con más de 20 criaderos cada cien viviendas, lo cual cuadruplica los valores admitidos por la OMS, y hay cientos de gomerías con neumáticos tirados acumulando agua. Es una cuestión de control, pero también de educación ambiental. Pero, ¿se enseña en las escuelas?”.

CLARIN   06/03

Denuncian irregularidades en licitaciones de Macri

Desde la oposición sostuvieron que se favoreció a empresas en la adjudicación.
Queremos poner de manifiesto graves irregularidades del gobierno de Macri. Mientras decía que se acababa la joda, firmó licitaciones digitadas y permitió que empresas de su familia participaran de las licitaciones importantes". Con esas palabras arrancó Aníbal Ibarra una conferencia de prensa convocada ayer a las 14 en la Legislatura porteña.

Con Ibarra a la cabeza, los bloques Diálogo por Buenos Aires e Igualdad Social, representados por Martín Hourest, Liliana Parada y Eduardo Epszteyn, presentaron una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de licitaciones. Se hizo referencia a la licitación del mobiliario urbano de la Ciudad: "Sarmiento, la empresa que ganó, tiene una denuncia penal por antecedentes truchos. En vez de frenar su adjudicación, Macri la aceleró", afirmó Epsztein. Agregó que "los cánones que va a pagar Sarmiento son inferiores a los que recibe actualmente el Gobierno porteño".

"Hay licitaciones digitadas, preparadas para que ganen ciertas empresas", acusó Ibarra. Así calificó la licitación por equipamiento hospitalario que ganó la italiana Inso Sistemi.

También se denunció la violación de la ley Basura Cero: "La cantidad de rellenos creció un 14%, implicando un récord histórico de residuos enterrados", dijeron los legisladores. Y se acusó a la gestión de Macri de aumentar los ingresos de la empresa Integra argumentando la ruptura del equilibrio financiero de la empresa. "Integra cerró 2008 con una rentabilidad del 82% de ganancia sobre su patrimonio", cuestionaron.

Por último, aunque ya era de conocimiento público (fue mencionado por Clarín en una nota de marzo del año pasado) se habló de la relación entre la empresa italiana Ghella -encargada de construir dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado- y IECSA, en la cual Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, es accionista. Ghella ganó esta licitación en 2002, pero fue recién a fines de 2007 que adquirió el 50% de IECSA.

LA NACION   06/03

La Capita, contra el cambio climático:

Macri pide proyectos a sus funcionarios

La ciudad de Buenos Aires tendrá un equipo gubernamental de lucha contra el cambio climático. Así lo estableció el jefe de gobierno, Mauricio Macri, quien creó por decreto un equipo interministerial que deberá diseñar las estrategias de protección contra el calentamiento terrestre en cada área de competencia, así como también el diseño de las políticas de adaptación necesarias.

El grupo será presidido por la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y estará formado por un representante de los ministerios de Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad, Hacienda y Salud.
"Tarde o temprano, los efectos del aumento de la temperatura se van a sentir y la ciudad tiene que estar preparada. Esta medida demuestra una institucionalización de la lucha contra los efectos del cambio climático", dijo a LA NACION Graciela Gerola, presidenta de la agencia.

El plan de acción que elaborará el equipo estudiará cuál es el grado de vulnerabilidad de la ciudad frente a las consecuencias del cambio climático; cuáles pueden ser los impactos que podría sufrir; cómo se verán afectados los hogares; cuáles son las potenciales medidas de adaptación y qué costo suponen.

"Además, se pretende identificar cómo se verán afectados todos los sectores, desde la matriz energética hasta el transporte o el sistema de salud", agregó Gerola.

Entre las acciones destacadas que se encararán, figuran el diseño de una guía de eficiencia energética para edificios y hoteles, el apoyo y subsidio a la construcción sustentable y la puesta en marcha del primer colectivo híbrido, dentro de dos meses.

CLARIN   10/03

La universidad privada debe tener hospitales

No es pertinente que el Gobierno de la Ciudad habilite a alumnos de instituciones privadas a hacer prácticas en centros de salud pública.

Por: José Milei

Fuente: PROFESOR TITULAR DE MEDICINA INTERNA, DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
El Gobierno de la Ciudad firmó convenios con universidades privadas para permitir prácticas de alumnos, mediante un pago de alrededor de 25 pesos por alumno por mes. Dichos convenios fueron rechazados por la Facultad de Medicina y por el Consejo Superior de la UBA.

La presencia de la Facultad de Medicina se remonta al Protomedicato en 1802, precursor de su creación en 1822. La enseñanza de la medicina estuvo en parte a cargo de las "Salas-Cátedras" con sede en Hospitales Municipales y, desde los '60, de las Unidades Docentes Hospitalarias. En 1998 se produce un avance desmedido de las universidades privadas, afectando a dichas Unidades, a pesar de que la Facultad de Medicina ha dedicado grandes esfuerzos en la formación de docentes en un sistema gratuito, plural y democrático.

Los hospitales universitarios realizan 400.000 consultas y 10.000 intervenciones quirúrgicas y 10.000 estudiantes de medicina y de carreras conexas de la UBA realizan sus prácticas en los 4 hospitales universitarios y en los 34 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es impensable que una universidad privada no cuente con hospitales propios. Las grandes escuelas de medicina nacieron siguiendo a hospitales que ya existían.

La mayoría de las facultades privadas se crearon por decretos de los '90, sin contar con hospitales propios. Asimismo, no realizan concursos públicos de antecedentes y oposición como en la UBA y el solo hecho de haber ganado un concurso en ésta es garantía para ocupar un cargo docente en una sede privada.

Los contratos mencionados deben ser derogados, porque significan un subsidio encubierto con transferencia de recursos al sector privado. Los alumnos de las universidades privadas abonan alrededor de $ 1300 por mes por lo que aquélla debe pagar solamente los poco generosos sueldos de los docentes y el irrisorio canon convenido con el GCBA. Esto es antiético e inmoral, porque los pacientes pertenecen a clases sociales bajas o son marginales y porque se usan instalaciones, personal y equipamiento públicos.

La solución es declarar la exclusividad para los alumnos provenientes de la UBA en los hospitales del GCBA. Las universidades privadas que no cuentan con hospitales propios, que firmen convenios con hospitales y sanatorios privados para sus unidades docentes. Así la Facultad de Medicina de la UBA podrá seguir con su labor iniciada hace más de 180 años y las universidades privadas no ser meras empresas mercantilistas.

PAGINA 12   11/03

Otra vez en manos del sindicato

El macrismo podría lograr mañana, con algún apoyo kirchnerista, la aprobación de la ley que permite a los afiliados “optar” por alguna obra social que firme convenio con Obsba. La Coalición Cívica denunció un pacto entre el macrismo y el sindicato.

La intervención a la Obra Social de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires (Obsba), dispuesta por el macrismo hace un año, cesó ayer, y la organización que maneja la salud de unos 110 mil empleados, profesionales y jubilados volverá a ser conducida por un directorio controlado por el Sutecba, el gremio conducido desde hace años por Amadeo Genta y Patricio Datarmini. Así, a un año de la intervención promovida por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se cierra un círculo con un proyecto de ley que no permite la desregulación, como se lo había planteado el oficialismo, sino la “libre opción”, que consiste en permitir a los afiliados migrar, a partir del 1º de abril, hacia una obra social que previamente haya suscripto un convenio con la Obsba. El proyecto podría convertirse en ley ya que además del macrismo lo apoyan algunos diputados kirchneristas. En cambio, lo rechaza la Coalición Cívica, que hace un año permitió con sus votos la intervención y ayer denunció “un pacto entre el macrismo y el sindicato”.

La intervención a la Obsba, que había nacido con el objetivo de lograr la desregulación de la obra social municipal establecida por la ley 472, termina estableciendo otro mecanismo para el posible traspaso de afiliados: sólo podrán hacerlo a obras sociales que convienen con la Obsba. Se estima que se suscribirán acuerdos con la obra social de docentes (Osplad) y la de médicos municipales, mientras que el personal jerárquico podría migrar hacia Unión Personal (de UPCN).

Ayer, la Coalición Cívica salió con los tapones de punta en contra del proyecto macrista que da por terminada la intervención. El presidente de ese bloque en la Legislatura, Enrique Olivera, denunció que “a un año de la intervención, no se cumplieron los objetivos planteados e, inexplicablemente, Macri decidió devolver (la Obsba) al sindicato, en el marco de la incorporación del PRO a la órbita del PJ. “No hay desregulación, no se constituyó la comisión reorganizadora, continúan la baja calidad de prestaciones, los altos costos, la necesidad de saneamiento administrativo y la falta de transparencia –advirtió Olivera–. Macri acordó con el sindicato luego de su arreglo con el PJ; la Obsba es la moneda de cambio y sus afiliados, los rehenes.” La Coalición Cívica presentará mañana su propio proyecto.

También llegará al recinto un despacho en minoría, firmado por Martín Hourest (Igualdad Social) y Raúl Puy (ibarrismo), en el que propone un directorio integrado por once miembros, seis de ellos del Estado y cinco elegidos directamente por el “voto secreto y directo” de los trabajadores. “Macri intervino la obra social con el objetivo de sanearla, pero se la devuelve a los mismos que la dejaron en esa situación”, cuestionó Hourest, a Página/12.

En rigor, a partir de hoy, después del cese de la intervención, deberá designarse un nuevo directorio de la Obsba, con cinco representantes de Sutecba, cinco del gobierno, uno de médicos y uno de docentes. La presidencia estará a cargo de Sutecba, como ocurría hasta hace un año.

El kirchnerismo llega dividido a esta votación. El despacho de mayoría fue firmado por la diputada Ivana Centanaro, a instancias de su compañero de bloque Juan Manuel Olmos. Pero no todos están de acuerdo con esa táctica, según reveló Cristian Asinelli, uno de los integrantes del bloque que se opone a la norma.

El abogado Andrés Gil Domínguez, miembro de la comisión asesora de la intervención en representación de Sutecba, dijo a Página/12 que, de acuerdo con el proyecto, la Obsba tendrá la obligación de suscribir convenios, además, con empresas de medicina prepaga, lo que podrían adherir trabajadores de otros rubros. “La idea es hacer convenio con las mejores”, dijo Gil Domínguez.

Ese cóctel desembocaría en lo que se llama “descreme” de la obra social, es decir, la fuga de los afiliados con mayores ingresos (y aportes) con el consecuente desfinanciamiento, que debería ser compensado por el Estado porteño.

Desde el PRO, el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto, rechazó las críticas de la Coalición Cívica: “Me extraña que los diputados, que participaban de las reuniones de comisión, no hayan manifestado ahí su desacuerdo”, dijo el legislador. Y contraatacó: “Esta obra social fue creada en el año 2000 cuando Olivera era jefe de Gobierno, por una ley que establecía cómo se debe integrar el directorio de la Obsba”.

Aquella ley, la 472, establecía en sus artículos 37 y 38 que la Obsba debía adherir al Sistema Nacional de Salud y desregularse, de manera que sus afiliados pudieran traspasarse a otras obras sociales o prepagas adheridas. “Pero ocurre que la Obsba no es una obra social sindical ni una obra social del Estado, como es IOMA, sino que es una obra social mixta, por lo cual no puede adherir al sistema nacional de salud”, explicó a este diario el abogado Gil Domínguez, asesor legal de Sutecba.

De todas maneras, como esa adhesión al Sistema Nacional de Salud debía hacerlo la propia Obsba, cuyo directorio estaba manejado por Sutecba, se cree que por esa razón nunca se avanzó demasiado en el intento por desregular: al sindicato no le convenía por la segura pérdida de afiliados y de aportes.

LA NACION 12/03

Polémica por una ley que protege a la mujer

Para algunos, abre la puerta al aborto

Un régimen de protección integral de prevención y castigo a la violencia contra la mujer, convertido en ley ayer por la Cámara de Diputados, reavivó en el Congreso el debate sobre la despenalización del aborto en el país.

El proyecto, aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja, con 173 votos positivos, establece como uno de los derechos inalienables de la mujer "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable".

El debate sobre la posibilidad de que esta ley abra una puerta a la despenalización del aborto impidió que el proyecto fuera aprobado por unanimidad: las cinco abstenciones, provenientes de bloques provinciales, estuvieron motivadas en el rechazo a la inclusión de ese inciso. La iniciativa original, sancionada en noviembre por el Senado e impulsada por todos los bloques, no mereció objeciones respecto de las medidas establecidas para proteger a la mujer de los distintos tipos de violencia, y defender su "integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial".

Las estadísticas oficiales, que contabilizaron 110 mujeres muertas entre enero y octubre del año último a manos de sus parejas o integrantes de su núcleo familiar, estuvieron presentes en las más de dos horas de debate parlamentario.

La norma aprobada en Diputados tampoco mereció críticas al ampliar el conjunto de personas protegidas a aquellas que tuvieran relación sentimental sin convivencia o a las mujeres que hubieran tenido hijos sin convivir. Otorga inmunidad judicial a los denunciantes, especifica las medidas por tomar en caso de maltrato infantil e impone sanciones en relación con el incumplimiento de las medidas tomadas por la Justicia.

Derecho a decidir

Pero la inclusión del derecho de la mujer a decidir sobre "la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos", y las intervenciones favorables al aborto de distintas diputadas encendieron la discusión.

"Podemos evitar, con el solo dictado de esta ley, la muerte de centenares de mujeres y dejar de amenazar con la cárcel a las que abortan", afirmó Vilma Ibarra (Encuentro Popular-Capital). Un rato antes, la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital) había exhibido una bandera en la que se leía: "En 2008 matamos 384 mujeres, en 2009 vamos por más. El Estado argentino, junto al aborto clandestino".

Les contestó Hugo Acuña (MPN-Neuquén), para quien, "con el pretexto de defender los derechos de las mujeres, hay quienes en el recinto son funcionales a quebrar el plexo normativo de la República, sembrando una cultura de la muerte".

En otro pasaje del debate, Cinthia Hotton (Pro-Capital) afirmó que apoyaría el proyecto, pero pidió "no mezclar los derechos de las mujeres con otro debate", en el que se defiende "el derecho a la vida".

Durante el año último, la bancada kirchnerista, con apoyo de bloques progresistas, impulsó la aprobación de un proyecto que ampliaba los casos de abortos no punibles. El proyecto despertó las críticas de diputados de Pro y sectores de la Iglesia, para quienes el proyecto era, de hecho, una ampliación de las causales de despenalización del aborto y no una aclaración de sus alcances en los casos ya previstos en el Código Penal, como afirmaba el oficialismo.

"El año pasado no pudimos avanzar en la despenalización del aborto no punible, pese a la fuerte vocación que había", reconoció Ibarra durante el debate de ayer.

Gil Lozano afirmó que el debate sobre la despenalización del aborto fue "silenciado" por el Congreso durante el año último, mientras que Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba), hoy alejada del kirchnerismo, prometió insistir en iniciativas para despenalizar el aborto durante este año legislativo.

CLARIN  13/03

Los empleados públicos podrán elegir obra social

Son los que integran ObSBA. El proyecto del PRO fue apoyado por la bancada K.

El macrismo consiguió anoche la aprobación en la Legislatura de su proyecto de libre opción restringida de obra social para los empleados públicos porteños (ObSBA). El kirchnerismo aportó sus votos al proyecto oficialista, que resultaron decisivos porque el PRO no tiene mayoría propia. El resto de la oposición cuestionó el proyecto y denunció un pacto del Gobierno de la Ciudad con quienes manejan desde hace años el sindicato municipal para no realizar una desregulación amplia de la obra social, que es lo que Mauricio Macri había prometido al comienzo de su gestión. Con la ley actual, sólo podrán elegir entre obras sociales que acuerden con ObSBA.

De acuerdo a una ley sancionada en 2000, antes de 2003 la ObSBA debía ingresar en el Sistema Nacional de Salud y desregularse, como el resto de las obras sociales. Sin embargo, mientras la libre opción se abría para el resto de los trabajadores, los empleados estatales porteños debieron permanecer obligatoriamente en la ObSBA durante las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.

Macri, luego de asumir en diciembre de 2007, se enfrentó públicamente con los históricos líderes gremiales municipales, encabezados por Amadeo Genta, al no renovar contratos, anunciar un censo para detectar ñoquis en la administración pública e intervenir la obra social, por un año, con vistas a la desregulación. La intervención se aprobó con los votos de la Coalición Cívica.

Sin embargo, el Gobierno porteño llegó rápidamente a un acuerdo con los sindicalistas. Así, el censo no llevó finalmente al despido de ñoquis y la intervención, que finalizó esta semana, no derivó en denuncias de corrupción.

"Los objetivos planteados hace más de un año, cuando el Ejecutivo decidió intervenir la ObSBA, han sido ampliamente superados. Un dato que demuestra esta eficiente labor es que en menos de un año el déficit se redujo de 116 millones a sólo 39", dijo el macrista Alvaro González.

"Esto no esconde ningún pacto político, ni nada parecido; por el contrario, es un proyecto que corona la normalización de una obra social que fue intervenida el año pasado para ser saneada", agregó.

"Lo que ha hecho Macri con la ObSBA es lo mismo que a nivel nacional hace el Gobierno con Moyano: que a cambio de negocios, los sindicatos no le traigan problemas de gobernabilidad", le respondió el economista de la CTA Martín Hourest. El kirchnerismo, por su lado, justificó sin mucho entusiasmo su voto favorable al proyecto macrista. "Hubiésemos preferido una desregulación amplia, pero esta libre opción es un primer paso positivo", dijo la diputada Alicia Bello.

250.000
Afiliados: son los que tiene la obra social de los empleados públicos de la Ciudad.

67.000
Jubilados tiene la ObSBA, lo que obliga a estar alerta sobre su situación financiera.

39
Millones es la deuda que, según el macrismo, la institución tiene hoy, finalizada la intervención.

Alvaro González: "Cumplimos. Los trabajadores de la Ciudad podrán elegir dónde ser atendidos".

Enrique Olivera: "Macri le devolvió la ObSBA al PJ. ¿Esta es la nueva política?".

CRITICA  13/03

Obras sociales y prepagas lideran las quejas ante la Defensoría del Pueblo

El 10% de las 100.000 denuncias que recibidas durante 2008 corresponden a malas prestaciones médicas o falta de entrega de medicamentos. El sistema previsional está segundo, con el 8,3%. En este caso, las quejan son contra la Anses.

Los datos aportados por Defensoría especifican que un 15,5% de quejas son contra empresas de medicina prepaga y un 6,8% tiene que ver con demoras y dificultades para obtener medicamentos.

De todas las quejas que recibió la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, aquellas vinculadas con fallas en el sistema de salud son las que lideran el ranking con un 9,5%, seguidas por los reclamos de jubilados y pensionados y las demandas de quienes viven en emergencia social y habitacional.

Durante 2008, el organismo recibió 106.978 consultas -un 11,2% más que en 2007, completando un incremento del 118% en el último lustro- y las denuncias por el funcionamiento deficiente del sistema de salud están al tope de la lista.

De las quejas registradas por esta problemática, el 21,4% se relaciona con el incumplimiento de diversas prestaciones médicas por parte de las obras sociales; un 15,5 de quejas contra las empresas de medicina prepaga; y un 6,8% tiene que ver con demoras y dificultades para obtener medicamentos.

El segundo puesto en denuncias se lo lleva el sistema previsional, con el 8,3 por ciento. De ese porcentaje, el 81,8% corresponde a quejas contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por dificultades en la tramitación de jubilaciones y pensiones, seguidas por las demandas referidas a subsidios, con el 5,2 % y, nuevamente, los reclamos contra el ANSES por deficiencias en la obtención de reajustes, descuentos y suplementos, con el 2,8 por ciento.

Los reclamos originados por los conflictos padecidos por quienes viven en emergencia social ocupan el tercer lugar del ranking de quejas, con el 7,6%. De ese porcentaje, el 34,1 corresponde a problemas en la obtención del subsidio habitacional previsto por el decreto 690, el 18,9 a dificultades con créditos hipotecarios y el 16, 9 a inconvenientes con la ayuda alimentaria.

EL NO TOP TEN. El siguiente es el detalle de las diez problemáticas más denunciadas por los vecinos de la Ciudad.

Salud: 9,5 por ciento.
Jubilaciones y pensiones: 8,3.
Emergencia social: 7,6.
Vivienda: 7,2.
PAMI: 7,1.
Espacios verdes y arbolado: 6,2.
Comunicaciones: 5,5.
Problemas entre particulares: 5,1.
Educación: 4,4.
Vía Pública: 4.

CLARIN  16/03

Preocupa la falta de enfermeros: se necesita el doble de los que hay

Debería haber 160 mil, pero son la mitad. Impulsan 6 mil becas de formación al año.

En todo el país trabaja la mitad de los enfermeros que hacen falta. El sistema de salud público y privado cuenta con 80 mil, pero harían falta unos 160 mil para que la calidad de atención mejorara. Para colmo, el 66 por ciento de todos los enfermeros de la Argentina son auxiliares de enfermería, lo que quiere decir que aprendieron a hacer las tareas profesionales de modo empírico, pero no tienen una formación sólida como para cumplir con todas las tareas. Según la ley (la 24.004, de 1991), los auxiliares de enfermería sólo podrían controlar los signos vitales y la alimentación de los pacientes, moverlos, lavarlos y darles los medicamentos. Pero no estarían habilitados para colocar inyecciones, vacunas ni sueros. La realidad es otra.

La falta de enfermeros profesionales atenta contra la calidad de la atención de la salud y podría representar un peligro para los pacientes. Tanto es así que la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, con el apoyo de los ministros del área de todo el país y de los directivos de las facultades de medicina estatales, elaboró un proyecto de ley para promover becas para la formación de 6.000 enfermeros por año de acá al año 2016. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el martes pasado.
"La formación de enfermeros profesionales es prioridad de la agenda de salud de este gobierno. El déficit de enfermeros atenta contra la calidad de atención de los pacientes. Hoy hay auxiliares de enfermería idóneas, pero muchas de las tareas que realizan podrían hacerse mejor con mayor capacitación. Sin esa formación, sin duda, se resiente la atención", explicó a Clarín la ministra Ocaña. También puntualizó que en nuestro país hay un enfermero por cada dos médicos. "El objetivo del plan de becas es que en 2016 la relación sea de un enfermero por médico. Aunque por las condiciones del sistema de salud y de la población de nuestro país, en realidad necesitaríamos dos enfermeros por médico", detalló.

El lunes pasado el Ministerio de Salud bonaerense lanzó un plan de becas de 500 pesos por mes para formar a 4.500 enfermeros. "Al déficit estructural que tenemos se suma un déficit funcional: el ausentismo es de un 34% y, en tres años, 3.000 enfermeros estarán en condiciones de jubilarse", detalló el ministro provincial, Claudio Zin. Según la Federación Argentina de Enfermería (FAE) las causas que explican este déficit son:Sueldos magros que inducen a trabajar jornadas dobles (un promedio de 14 horas diarias).

"Falta de fiscalización del nivel de formación, de las tareas que realizan, de las condiciones de trabajo que, en general, son precarias, y del cumplimiento de la ley 24.004", explicó lapresidenta de la FAE, Elena Perich. "La escasa valoración del rol a nivel social y de los equipos médicos", agregó Eugenio Zanarini, vicerrector de la Universidad ISALUD.

Hay tres categorías de enfermeros: los auxiliares, que estudian un año; los técnicos en enfermería (tres años), y los licenciados, que cursan cinco años. "Nos preocupa la capacidad de los institutos para formar tanta cantidad de enfermeros, pero también la calidad educativa. Hay múltiples organizaciones de formación que no tienen títulos consensuados", advirtió el subsecretario de Prevención y Control de Riesgos, Humberto Jure.
Dónde estudiar

Estas son algunas de las instituciones, públicas y privadas, en la Capital Federal y el GBA, donde se puede estudiar la carrera de Enfermería:

UBA. Duración: 4 años. Facultad de Medicina, Paraguay 2155, Capital. Inscripción: www.inscripcion.fmed.uba.ar. Tel: 5950-9500. Int. 2140.

Universidad Austral. La Licenciatura dura cinco años, con un título intermedio a los tres. Juan Domingo Perón 1500 -ex ruta 234- Pilar. Tel. (02322) 482961- 482159 - 482157 fcb@cas.austral.edu.ar

Universidad Favaloro. La carrera dura 4 años. Solís 453, Capital. Tel. 4378-1100. Informes e inscripción: Entre Ríos esq. Venezuela. Tels. 4378-1171 y 4378-1176.

Escuela de Enfermería "Dra. Cecilia Grierson". Duración: 3 años. Juan B. Ambrosetti 601, Capital. Tel. 4982-2309.

Instituto del Profesorado en Enfermería Padre Luis Tezza. Duración de la carrera de Enfermería: 3 años. También, curso de Auxiliares. Av. Angel Gallardo 809, Capital Federal.Tels. 4857-3427, 4854-0032.

CRITICA  18/03

Marcha de maestros y personal de salud

Unieron protestas en reclamo de subas salariales y mejoras laborales. Los colegios no abren por 48 horas. Empleados de hospitales pararon por 24.

En la primera jornada de las 48 horas de paro, los docentes porteños nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se movilizaron hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para reclamar aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. La medida de fuerza, según el sindicato, tuvo un acatamiento del 95 por ciento. Junto con los maestros también marchó el personal no médico de los hospitales públicos locales, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes exigieron la suba del 25 por ciento en los salarios y una suma fija de 500 pesos para los escalafones más bajos.

"Estamos hoy aquí reclamando por más presupuesto para educación y por más salarios", explicó Eduardo López, titular de UTE. Por otra parte, el secretario General Adjunto de UTE-Ctera Capital, Alejandro Demichelis, informó esta mañana que "está arriba del 95 por ciento" el acatamiento de los docentes porteños a la primera jornada de paro por 48 horas. Demichelis extendió sus reclamos a "la reducción de las becas, el funcionamiento de las cooperadoras escolares, los comedores, la quita de subsidios, y la falta de infraestructura".

"En enero y febrero no se avanzó en los problemas edilicios, y que hace, por ejemplo, que 9.000 chicos no pueden iniciar las clases porque no hay salas", explicó el sindicalista, quien reveló que todavía no fue contactado por las autoridades del gobierno de la Ciudad.  Con vistas a no perder más días de clases, Demichelis apuntó al Ejecutivo porteño como principal actor para destrabar el conflicto. "Esperamos que cuando termine esta medida de fuerza, el gobierno porteño nos convoque con una propuesta mejoradora de la que presentó días atrás", indicó.

LOS HOSPITALES. Paralelamente a la columna de los docentes, también se plegaron los trabajadores de los centros de salud de la Ciudad para plantear sus respectivos reclamos al jefe de Gobierno en la sede del Palacio Comunal.

Los empleados no médicos de los 33 hospitales porteños realizan un cese de actividades por 24 horas. Exigen un aumento del 25% en los sueldos, la incorporación de una suma fija de 500 pesos para las categorías más bajas y mejoras de las condiciones laborales.

"El paro se cumple con un alto acatamiento por el personal no médico”, aseguró el titular de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea, en referencia a los enfermeros, camilleros, personal de administración, limpieza, mantenimiento, laboratoristas, radiólogos, entre otros trabajadores que cumplen distintas funciones.

Arrechea remarcó que exigen "un aumento del 25 por ciento, mayor nombramiento de personal, que haya una solución de fondo frente a la falta de insumos y que se abra la paritaria donde participe ATE".

"Hoy marchamos al mediodía a un acto con los trabajadores docentes y del Teatro Colón, y si no tenemos una respuesta vamos a evaluar qué hacemos", advirtió el gremialista y adelantó que “si no hay respuesta”, el jueves la asamblea (del sindicato) “decidirá acerca de un paro de 48 horas para la semana que viene”. Además, agregó que “seguramente iremos viendo de coincidir con los docentes".