SINTESIS DE NOTICIAS: MES DE SEPTIEMBRE

En este espacio les proponemos recorrer aquellas noticias que salieron publicadas en los principales medios de comunicación durante el mes de Septiembre de este año. Los artículos seleccionados tratan temas vinculados a la salud y sus ámbitos: científico, político, institucional, comunitario y gremial.

Los periódicos y sitios web seleccionados para este resumen son, en su gran mayoría, periodísticos y de gran repercusión en la opinión pública a nivel nacional. Sin embargo,  también escogimos algunos artículos de publicaciones especializadas, o institucionales, que divulgan temáticas específicas vinculadas a la salud.

Sabemos que la velocidad con que se suceden los acontecimientos muchas veces atentan contra la comprensión de los mismos. Quizás el recorrido por estas noticias y hechos ya acontecidos ayude a entender nuestro presente.

01/09

Pacientes bailan al compás de la tango-terapia en Argentina

BUENOS AIRES, ago 31 (Reuters) - En el cuarto piso del hospital psiquiátrico más grande de Buenos Aires, los pacientes ahora bailan tango con médicos y enfermeras.
Hace unos meses, algunos de ellos eran demasiado tímidos para hablar; otros apenas podían mantener el equilibrio al caminar. Pero hoy se juntan en un apretado abrazo, deslizándose y frenando a través de una pista improvisada de baile siguiendo la melodía de un melancólico acordeón.

El mundialmente conocido tango argentino es usado por médicos, desde Italia hasta Australia, para tratar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, hasta fobias sociales y problemas matrimoniales.

"El tratamiento no es sólo acerca de fármacos y terapia. También se trata de darles un buen rato para que disfruten", dijo Trinidad Cocha, una psicóloga que enseña una clase semanal de tango terapia en el hospital Borda de Buenos Aires.

"Se relajan y nos quitamos todos los títulos. Aquí no somos doctores, enfermeras, músicos o pacientes. Sólo somos bailarines de tango", dijo la terapeuta, mientras parejas giraban en la pista improvisada del hospital. Cocha añadió que su clase le ha devuelto a sus pacientes el interés por su apariencia y su higiene personal.

"La próxima clase vienen bañados y bien vestidos", dijo Cocha. "Es un logro enorme. Es tan gratificante ver su mejoría", apuntó.

Moyano recuperó el manejo de las obras sociales

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, recuperó el manejo de 968 millones de pesos de las obras sociales a través de un hombre de su confianza. El ministro de Salud, Juan Manzur, les confirmó a los sindicatos que la distribución de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) volverá esta semana a manos de Hugo Sola, gerente de prestaciones del organismo y directivo de la obra social del sindicato de Camioneros, dijeron fuentes del sector.

Manzur había prometido hace un mes revisar personalmente los expedientes de la APE, donde constan los pedidos de reembolsos de las obras sociales por los tratamientos de alta complejidad. Ese compromiso fue una de las condiciones para la tregua que alcanzaron Moyano y los “gordos” de la CGT y que evitó la fractura interna de la central obrera. Ambos sectores convinieron que el ministro de Salud repartiría los fondos con criterios de equidad y transparencia.

Pero en los últimos días Manzur alegó estar imposibilitado de monitorear cientos de expedientes acumulados y volvió a delegar en Sola esa tarea. Más allá del argumento esgrimido por el ministro, la decisión se tomó pocos días después de un encuentro que mantuvieron fuera de agenda la presidenta Cristina Fernández y Moyano en la quinta de Olivos.

El manejo de fondos de la APE estuvo hasta julio pasado en manos de Sola. Apenas asumió en Salud, Manzur ubicó al frente del organismo (y por encima de Sola) a Mario Koltan, un contador que en 48 horas debió dejar el cargo por presión del jefe de la CGT. La solución salomónica que encontró el Gobierno entonces fue transferir la firma de manera directa al ministro de Salud para evitar suspicacias entre los sectores de la central obrera.

Pero la fórmula de equilibrio tampoco duró. La misma semana en que Moyano lanzó una corriente político-sindical que lo tendrá como referente –y que se planea como plataforma de lanzamiento de su eventual candidatura a gobernador bonaerense–, Cristina recibió a solas al dirigente, el 19 de agosto. Luego de ese encuentro, Manzur dio a conocer su corrimiento de la distribución de recursos de la APE.

El organismo tiene este año un presupuesto de 968 millones de pesos, de los cuales distribuyó hasta ahora 714 millones de pesos. Hasta fin de año deberá repartir entre las obras sociales $ 254 millones, sobre los cuales tendrá la última firma Sola.

La APE estuvo en los últimos años ligada a Moyano. Juan Rinaldi, un ex abogado de Camioneros, fue su administrador general hasta que entró en conflicto con el jefe del sindicato por los criterios de reparto de los fondos. Esa pelea les costó los cargos a Rinaldi y a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

02/09

Denuncian que la Ciudad le debe $ 61 millones al Garrahan

Dicen que el retraso en los pagos podría afectar la atención médica de los chicos.

La Asociación de Profesionales del Hospital de Pediatría Juan Garrahan denunció que el Gobierno de la Ciudad está adeudando 17 millones de pesos del aporte que le correspondía hacer el año pasado y unos $ 44 millones de este año.

Si bien el restos de los hospitales públicos porteños son mantenidos y administrados por la Ciudad, el Garrahan tiene un régimen particular: se sostiene con los aportes que hacen los estados de la Nación y la Ciudad, en partes iguales.

Ayer, ante la consulta de Clarín al Gobierno de la Ciudad, en el Ministerio de Salud aseguraron que el Garrahan no depende de esa área, mientras que en Hacienda admitieron la deuda pero prefirieron no utilizar esa palabra: "Es cierto que existe un retraso en los pagos, porque hay problemas financieros que no permiten cumplir con las fechas programadas. Al Garrahan se le paga con demoras como a muchos otros".

Otras fuentes del Gobierno de la Ciudad admitieron que existe una decisión política de no darle prioridad al Garrahan en los pagos porque la mayor parte de los chicos que se atienden en ese hospital llegan de otras partes del país. En ese sentido consideran que es una injusticia que la Ciudad deba asumir en partes iguales con la Nación la responsabilidad de mantener al Garrahan.

En una solicitada que se publicó en los diarios el lunes, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunció que "desde el inicio de su gestión el actual Ejecutivo porteño recortó un total de 85 millones de pesos del presupuesto del Hospital Garrahan. Esta actitud antijurídica tendrá una fuerte repercusión en la atención de los niños, suspensión de tratamientos, intervenciones quirúrgicas y turnos de atención".

Ya el viernes pasado, los trabajadores del hospital nucleados en UPCN realizaron un paro en protesta por la situación.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital, Roberto González, advirtió que si la Ciudad no se pone al día con los aportes podría haber problemas con el abastecimiento de insumos dentro de dos meses.

El presupuesto que se le fijó al Garrrahan para 2009 es de 430 millones de pesos, por lo que la Nación y la Ciudad deben aportar 215 millones cada una. Mañana está previsto que un grupo de trabajadores concurra a la Legislatura para exponer la situación ante los diputados de la comisión de Salud.

Bloques de la oposición presentarían en las próximas horas un pedido de informe al Ejecutivo por este tema.

Comienza en Buenos Aires simposio sobre dengue y chagas

Epidemiólogos de varios países, científicos, autoridades sanitarias nacionales y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expondrán en Buenos Aires acerca de dengue y chagas, en un simposio sobre enfermedades transmitidas por vectores como el mosquito y la vinchuca.

El XII Simposio Internacional sobre Control Epidemiológico de Enfermedades Transmitidas por Vectores se realizará el jueves y el viernes de esta semana, organizado por la Fundación Mundo Sano.
El encuentro será inaugurado el jueves a las 9 por el ministro de Salud, Juan Manzur; la presidenta de Mundo Sano, Silvia Gold; y el representante de la OPS, José Antonio Pagés; en el auditorio de Madero Tango, ubicado en Alicia Moreau de Justo y Brasil, Dique 1 de Puerto Madero.

Durante las jornadas expondrán especialistas de Argentina y otros países latinoamericanos, de Estados Unidos y la Unión Europea. Gold dijo que Mundo Sano cuenta "con sedes en el interior del país para acercar la salud y la investigación a las poblaciones más vulnerables".
"Sólo a través de la investigación científica integrada a la intervención social se promueve el acceso equitativo a la salud", afirmó la presidenta de la Fundación a través de un comunicado.
Algunas de las conferencias abordarán la situación del dengue en las Américas, la búsqueda de nuevas drogas para enfermedades olvidadas, los actores en salud pública y vectores y la situación del Chagas a cien años de su descubrimiento.

Entre los expositores de la jornada del jueves están José Luis San Martín, representante de la sede panameña de la OPS; el académico Aníbal Carbajo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; y Alfredo Seijo, del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz.

También disertarán los expertos mexicanos Jorge Méndez Galván, del Hospital Infantil Federico Gómez; e Ildefonso Fernández Salas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.La Fundación Mundo Sano es una entidad sin fines de lucro dedicada a la investigación científica de enfermedades transmitidas por vectores, con cinco sedes en territorio argentino: Añatuya, Clorinda, Puerto Iguazú, Cholila y Pampa del Indio.
La entidad desarrolla programas e investigaciones acerca del control y prevención de la leishmaniosis; estudios sobre hantavirus y leptospirosis, control de roedores y vampiros, y un sistema de tele-epidemiología para enfermedades transmitidas por vectores en el noreste argentino.

03/09

Nueva actitud autoritaria de Macri contra un médico del Hospital Ramos Mejía

El Dr. Donato Spaccavento repudia el pedido de sanción contra el Dr. Wajner...

El Dr. Donato Spaccavento ex director del Hospital Argerich y Presidente de la Fundación Hospital Argerich, repudia el pedido de sanción contra el Dr. Wajner que le expresó, con respeto, pero con toda la verdad la situación de los hospitales públicos en el momento en que se estaba por realizar declaraciones periodísticas del Ingeniero, negando la realidad que viven los pacientes y profesionales que asisten a los hospitales porteños.

Una vez más la actitud autoritaria e intolerante del disenso del Jefe de Gobierno quedó evidenciada al pedirle, el inicio de un sumario administrativo, a través del Director puesto a dedo por el Dr. Lemus, actual ministro de la "INSALUD de la Ciudad de Buenos Aires".

Me solidarizo con el Dr. Wajner, quien se lo intenta sancionar por ejercer el derecho constitucional de la libertad de expresión.

04/09

Macri tendrá que ir al Hospital Tobar García

La Justicia porteña obligará al jefe de Gobierno a concurrir al Hospital Infanto-Juvenil "Carolina Tobar García" para comprobar si se ha cumplido con las mejoras impuestas por una sentencia previa. Lo novedoso del fallo es que reconoce al jefe de Gobierno como responsable directo por la situación del centro de salud.

En julio de este año la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario ratificó un fallo de primera instancia y ordenó, nuevamente, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que resolviera las múltiples problemáticas que aquejan al Hospital Infanto-Juvenil "Carolina Tobar García".

En el día de ayer esa misma sala accedió a un pedido del asesor tutelar de menores e incapaces, Gustavo Moreno, para que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, deba personarse en el centro de salud a mediados de septiembre de este año. El propio Moreno señaló a NOTICIAS URBANAS que la novedad más importante de este nuevo fallo es que se adjudica directamente a Macri la responsabilidad por el estado del hospital.

El jefe de Gobierno deberá estar acompañado por sus ministro de Salud, Jorge Lemus, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, además del director del centro hospitalario. Los funcionarios estarán presentes para constatar si se cumplió con las medidas impuestas por el fallo anterior, tanto las mejoras edilicias como la reducción de los pacientes la incorporación de más personal.

El incumplimiento por parte de Macri o cualquiera de los funcionarios a la citación para participar del acto de reconocimiento judicial en el hospital, significará para ellos una sanción monetaria que podría alcanzar hasta un 30 por ciento de sus sueldos brutos. Además la cámara podrá aplicar otras "medidas conminatorias".

Chicos internados por ser pobres

La Asesoría Tutelar presentó un amparo para que el gobierno porteño proporcione albergue para esos pacientes, que tienen el alta pero permanecen internados porque no tienen familia y las instituciones donde estaban se niegan a recibirlos.

La Asesoría Tutelar porteña presentó un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante el hecho de que chicos de 9 a 14 años permanecen encerrados en institutos psiquiátricos durante meses, aun después del alta médica, en lugar de ser incluidos en programas que faciliten su regreso a la familia o, en última instancia, ser derivados a otras instituciones. Los chicos están en los hospitales Tobar García y Alvear y, según Laura Musa –titular de la Asesoría–, “la ciudad tiene contratos con establecimientos privados que podrían recibirlos, pero éstos se niegan a aceptar a chicos que hayan pasado por instituciones psiquiátricas y el gobierno lo acepta, así como no supervisa los tratamientos y servicios que brindan”. La reclusión psiquiátrica de estos chicos es una “punta de iceberg” –graficó Musa– de la respuesta del Estado ante la niñez desprotegida.
El recurso de amparo fue presentado ayer ante el fuero Contencioso Administrativo y será tramitado por el juez Osvaldo Othegui. Incluye los casos del joven S. A. S., de 17 años; el niño P. J. M., de 11 años, internado en enero (pese a que, ya entonces, “no presentaba riesgo para sí o para terceros”); la adolescente M. A. S., de 13 años, también desde enero (ver recuadro); la niña G. R. V., de 12 años, desde mayo; la joven I. M., de 17 años, desde abril; el niño N. S., de 9 años, desde diciembre de 2008; la joven M. L. F., de 16 años, desde noviembre de 2008. Dos de ellos están en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear y el resto en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García, “en virtud de la inacción del gobierno de la ciudad, que hasta la fecha no ha cumplido en brindar recursos para hacer efectiva su externación”. Según Musa, “hay otros diez o doce chicos en la misma situación: ojalá que el gobierno de la ciudad reaccione para que no haga falta judicializar todos los casos”.
La acción requiere que el juez “ordene la intervención de la Dirección de Salud Mental de la CABA”, que “establezca un mecanismo de diálogo con participación de todos los actores involucrados y a tal fin se fije audiencia” y que “oportunamente se dicte sentencia ordenando a la accionada otorgar a los niños, niñas y adolescentes señalados, en forma inmediata y eficaz, el recurso acorde con sus necesidades”.
¿Cómo llegaron estos chicos a la internación psiquiátrica? “Puede ser simplemente tras un ataque de nervios –explica Musa–: en el ‘hogar convivencial’ (institución privada contratada por la CABA) llaman al SAME, que lo lleva al Tobar García. Si se tratara de una familia de clase media, a lo sumo estaría internado unas horas, pero estos chicos quedan por semanas. Y, cuando les dan el alta, la institución ‘convivencial’ suele negarse a recibirlos, porque supone que es un chico que dará trabajo.”
Musa explicó que “se trata de chicos muy pobres; no tienen familia o sus familias no están en condiciones de albergarlos. Los médicos del Tobar o el Alvear, al darles el alta, pueden indicar determinadas condiciones de tratamiento. No es que no haya lugares para esto: el gobierno de la ciudad contrata a casi 90 centros privados, pero se niegan a recibir a los chicos que salen de la institución psiquiátrica: el gobierno de la ciudad lo acepta, no los supervisa, así como no supervisa qué tratamientos se brindan, cómo se usa la medicación”.
–El hecho de que las instituciones “convivenciales” se nieguen a recibir a sus chicos cuando vuelven de internaciones psiquiátricas, ¿no sugiere que, ya antes, eran incapaces de darles contención? –preguntó Página/12.
–Es difícil conocer la mecánica de lo que pasa: nadie sabe, no nos dan respuesta, no hay una lógica que permita decir por qué sucedió cada cosa. Por algo la Ley de Infancia dice que la institucionalización debe ser sólo el último recurso: muchas veces alcanzaría con programas de fortalecimiento familiar, que les permitiera a los chicos volver a convivir con sus padres. Lo que sucede con la externación de estos chicos es una punta de iceberg, que muestra cómo la única política pública que el gobierno de la ciudad tiene para los chicos en situación de pobreza es la institucionalización. Y, en casos como los del amparo, dicen que “no encuentra el efector apropiado” para llevar al chico.
–¿Qué razón dan de esto las autoridades?
–Doy un ejemplo –contestó Musa–: hace poco, en una audiencia judicial, había innumerables representantes: equipos de la Dirección de la Niñez, del Consejo de los Derechos de Niños, de los programas de fortalecimiento de lazos familiares..., el juez no entendía por qué tantos organismos, cada uno diciendo que la competencia era del otro.
Este diario consultó a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, así como a su Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero todos declinaron responder.

07/09

“Invertir en salud mental comunitaria”

El especialista italiano advierte que en la Argentina “hay un exceso de camas psiquiátricas”. Destaca los modelos de Brasil y Chile, donde hay menos internaciones y más atención ambulatoria. Propone crear una red de atención comunitaria.

“Hoy la OMS dice claramente: manicomios, nunca más”, advierte Benedetto Saraceno, director del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. El destacado especialista italiano, en un breve viaje a Buenos Aires, explicó a Página/12 que la “desmanicomialización –fue la palabra que eligió, en su perfecto castellano– forma parte del discurso aceptado en salud pública”. Saraceno destacó el ejemplo de dos países. Uno es Brasil, donde “en los últimos quince años cayó la cantidad de camas en los manicomios, mientras subía la cantidad de centros ambulatorios en salud mental, en el marco de una política sostenida por gobiernos de distintos signos partidarios”. El otro es Chile, donde también “cayeron las internaciones psiquiátricas, mientras subía la presencia de la salud mental en las salas de atención clínica”. En cambio, “en la Argentina hay un exceso de camas psiquiátricas”, señaló el jefe de salud mental de la OMS. Saraceno destacó la necesidad de que, en las reformas, participen los pacientes psiquiátricos, “porque ellos son los que mejor saben cuáles son los problemas en la atención”.

–¿Cómo evalúa la situación actual, en el mundo, en el orden de la enfermedad mental y sus instituciones?

–Hoy la idea de que la atención a las enfermedades mentales no puede centrarse en hospitales psiquiátricos no pertenece ya a una minoría innovadora, sino que forma parte del pensamiento de la salud pública en muchísimos países; es parte del discurso aceptado por la salud pública. Hace treinta años, la OMS no tenía una actitud tan clara y tajante. A partir de su Informe de 2001, la OMS dice claramente: manicomios, nunca más.

–¿Cuál es el modelo que, en cambio, hoy reconoce la OMS?

–La salud mental no se hace en manicomios, sino con fuerte inversión en salud mental comunitaria y en atención primaria, y poniendo en primer lugar los derechos ciudadanos de los pacientes. Hace treinta años había “esquizofrénicos argentinos”, o de cualquier nacionalidad; hoy hay argentinos que tienen esquizofrenia. No estoy jugando con las palabras, sino refiriéndome al hecho de que cualquier persona, cualquiera sea el tipo de discapacidad que pueda sufrir, es primero un ciudadano. Primero, tiene derechos y, después, una discapacidad.

–¿Cómo este cambio de paradigma se expresa en distintos países?

–Este discurso, tan aceptado, no se implementa en todo el mundo. Hay mucha heterogeneidad. No me voy a centrar en Europa, donde, desde las décadas de 1970 y 1980, primero Italia y España, después Inglaterra, Escocia, Irlanda, Portugal y otros países encararon la desinstitucionalización. También países en vías de desarrollo avanzaron mucho, y en algunos casos no se limitaron a tomar modelos de otros países, sino que los construyeron a partir de su propia realidad. Un caso es el de Brasil, que hace quince o veinte años tenía una población manicomial enorme y con un aspecto particularmente dramático, que era la presencia de manicomios privados, sin supervisión del Estado.

–¿“Manicomios privados”? ¿Se refiere a clínicas de internación psiquiátrica, como las hay en la Argentina?

–Clínicas donde el Estado pagaba una cuota diaria por cada paciente: el Ministerio de Salud de Brasil empezó por evaluar la calidad de esos lugares; si no era buena, cortaba los fondos. En todo caso, la naturaleza misma de estas instituciones las lleva a defender el sistema manicomial. Dentro del sistema público, es más fácil movilizar los fondos, que pueden trasladarse desde la cama psiquiátrica hacia la comunidad. Al dueño del lugar privado de internación nunca le conviene que vayan recursos a la comunidad, porque su interés es mantener un alto número de pacientes para garantizar su interés económico.

–¿Cómo fue la reforma de la salud mental en Brasil?

–Brasil, en quince años, bajó en forma impresionante la cantidad de camas en manicomios. Al mismo tiempo, la cantidad de centros de atención psicosocial (CAPS) subió desde 80 a más de mil: la baja en la población manicomial fue correlativa con el aumento en los recursos de salud mental comunitaria financiada por el sector público. Brasil en esto mostró un liderazgo en América latina y, diría también, en el mundo.

–¿Qué más configuró el modelo brasileño?

–Una característica específica de Brasil es la involucración de los usuarios de los servicios. He visto reuniones organizadas por el Ministerio de Salud, en Brasilia, con presencia de centenares de usuarios que llegaban en buses financiados por el Estado. Los usuarios no sólo participaban en las discusiones, sino también en las votaciones: era una democratización del proceso de reforma. Y esa reunión fue hace varios años, cuando el partido que gobernaba era otro: la lucha antimanicomial en Brasil se sostuvo con distintos gobiernos, más conservadores o más progresistas. Esto es un factor muy importante.

–¿Qué otro país ofrece enseñanzas?

–Chile, donde hubo una notable disminución de camas psiquiátricas, con gran fortalecimiento de la red comunitaria. Una característica propia de este país ha sido la gran inversión y desarrollo de la atención primaria de la salud en general. Uno de sus aspectos es que los profesionales que hacen atención primaria están muy entrenados para manejar problemas de salud mental. Otra característica importante es la coherencia institucional. En la Argentina, advierto una fuerte fragmentación en la salud: están la Nación, las provincias, los municipios, los gremios, las organizaciones. Aunque esto pueda implicar una mayor vivacidad social, así el consenso debe buscarse entre muchos más actores. En Chile, en cambio, el Ministerio de Salud nacional toma decisiones, define reformas y las financia.

–¿Qué más observa sobre la salud mental en la Argentina?

–Mi grado de conocimiento de la Argentina es modesto, mientras que tengo trayectoria de trabajo en Chile y en Brasil, desde la OMS y la OPS. Puedo decir, sí, que en la Argentina hay un exceso de camas psiquiátricas, y una necesidad de invertir más recursos humanos en salud mental comunitaria, como de agregar camas en hospitales generales para internación de episodios agudos. También encuentro que el nudo más complicado es el área metropolitana. Sin embargo, hay experiencias en provincias argentinas que lograron reconocimiento internacional. La ley de desmanicomialización de Río Negro es una normativa de referencia, citada en diversos documentos. Es cierto que este proceso es más difícil en los grandes conglomerados urbanos.

–¿Cómo es, concretamente, la red de atención comunitaria que recomienda la OMS?

–Es algo más complejo que tener una sala de salud mental ambulatoria en la comunidad. Tampoco es sólo un conjunto de casas de medio camino, hogares protegidos, cooperativas de personas con discapacidad. También es más que la relación de trabajo con los servicios de atención primaria que actúan en el área, pero tampoco es sólo eso. No hay que reducirla a una cuestión de ingeniería institucional: casas, casitas, camas, no son más que los contenedores. La vida de una persona no se reduce a tener una casa y una cama; tampoco la de una persona con discapacidad mental. La salud mental comunitaria es un mundo de relaciones por las que a una persona vulnerable se le brindan oportunidades de aumentar su intercambio afectivo y material con el entorno social.

–¿Por ejemplo?

–Alguien puede creer que hace psiquiatría comunitaria si cierra un hospital psiquiátrico de 500 camas y las distribuye en diez lugares de 50, pero eso no es más que repartir la lógica y la cultura del manicomio. En cambio, pensemos en cada una de esas 50 personas: quizá tres de ellas no necesitan mucha asistencia y pueden ir a un departamento, con una trabajadora social que los visite una vez por semana; otros ocho necesitan atención más intensa, en la casa habrá un enfermero y el médico pasará una vez por día; otros pueden volver a su casa, la familia los acepta, pero mantenemos visitas domiciliarias para que los familiares se sientan respaldados; otros van a consultorios para hacer psicoterapia o recibir medicación; otros participan en una cooperativa que vende su producción en el mercado. Se trata de reconocer las diferencias, las individualidades. El manicomio es la negación de las individualidades. Se trata de que la comunidad se enriquezca en la interacción con sus grupos vulnerables.

–¿Cómo es este enriquecimiento de la comunidad?

–La rehabilitación no consiste en enseñarles a los enfermos mentales cómo ser más normales. La rehabilitación no es enseñarle a un grupo cómo parecerse a otro grupo, sino un proceso en el que dos grupos aprenden que hay reglas distintas. Uno puede pensar como discapacitada a la persona que no conoce las reglas para sentarse a la mesa educadamente: rehabilitar es inventar una mesa donde se acepten reglas distintas. Los que no pertenecen al grupo vulnerable se enriquecen cuando empiezan a pensar que ese chico con retraso mental es muy dulce y con eso aporta a la escuela; que ese loco que nos daba miedo resulta ser un tipo simpático, con el que podemos vincularnos. Esta interacción con la diversidad enriquece a todos.

–¿Cuál es el principal resultado de la participación de usuarios de salud mental?

–Bueno, ¿cuál es el aporte de los usuarios de automóviles? Decir cuándo el auto no funciona bien. No es cierto que los profesionales de la salud mental sepamos siempre qué es lo que necesitan las personas. Es mejor que el mensaje no sea: “Tú eres el paciente y debes producir síntomas, delirios, alucinaciones, y mostrármelos; por lo demás debes quedarte callado, yo te daré las respuestas”. Si entramos en otra relación, donde esa persona seguirá produciendo síntomas pero también otras cosas, entonces yo también podré entender más: su contexto familiar, sus miedos, qué es lo que puede tolerar, qué cosas puedo proponerle y qué cosas no. Hace unos días, en una mesa de trabajo en Chile, participó una señora mapuche que tenía cierto grado de retraso mental; en su intervención habló muy despacio, se notaba que tenía dificultades. Pero después pidió la palabra por segunda vez: “...además, quiero agregar que el psiquiatra de mi centro de salud tendría que escucharme más: él no me escucha”, dijo.

08/09

Mafia de los remedios: echaron a un funcionario bonaerense

Se trata de Alberto Costa, encargado del control de las droguerías en la Provincia. Fue luego de que el juez Oyarbide revelara que aparece en "diálogos muy complicados" con Néstor Lorenzo, sospechoso de adulterar medicamentos.
 

El ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, echó ayer al subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, involucrado en una causa donde se investiga la venta de medicamentos gratuitos provistos por el estado y el robo y adulteración de remedios.

La decisión fue adoptada después de la revelación del juez federal Norberto Oyarbide sobre escuchas telefónicas, donde "Beto" Costa aparece "en diálogos muy complicados" con el empresario farmacéutico Néstor Osvaldo Lorenzo, imputado por su presunta conexión con la mafia de medicamentos.

Si bien los intervenciones telefónicas que la SIDE grabó durante casi un año están bajo secreto de sumario, una fuente judicial dijo que en la charla se aludiría a una negociación vinculada con el supuesto pago de un soborno. Costa aceptó que habló con Lorenzo pero dijo sobre "cuestiones personales".

Aunque Zin asegura que hace una semana ya estaba decidido el alejamiento del funcionario -por cuestiones de "gestión"-, la declaración de Oyarbide precipitó la salida. Daniel Scioli se enteró del episodio en Junín durante un encuentro con intendentes de la Coalición Cívica. Antes que el escándalo rebotara en la Gobernación, instruyó para la resolución "rápida" de la dimisión de Costa.

Al mediodía, Zin también agotaba esfuerzos para aclarar que el ministerio no tenía "vínculo comercial con la empresa San Javier", de Lorenzo. La sospecha está en los recovecos administrativos de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, dependiente de la subsecretaría, que habilita y fiscaliza a los laboratorios, entre ellos los de Lorenzo.

Según Oyarbide, "la prueba está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de conexión de importantes figuras dedicadas abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV". Oyarbide explicó, además, que en el allanamiento en la casa de Lorenzo encontró "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de Cristina Kirchner, en 2007.

Lorenzo y el subsecretario despedido comenzaron a tener contacto regular hace años, cuando Lorenzo era gerenciador del Centro Oncológico de Excelencia (COE) de Gonnet, en la Plata. Desde 2005 Costa estaba al frente de la subsecretaría. Fue nombrado en la gestión de Ismael Passaglia, continuó con Claudio Mate, y en la administración Zin.

-¿Por qué echó al subsecretario Costa?, preguntó Clarín a Zin.

-La semana pasada le había anticipado la necesidad de la renuncia por cuestiones de gestión. Tenía algunos programas estancados".

-¿Entonces su salida fue por cuestiones administrativas?

-"No. La declaración del juez terminó acelerando los tiempos.

-¿Scioli aprobó el pedido de renuncia?.

-Yo comuniqué la decisión al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien impuso del tema al gobernador. La determinación fue apoyada y también el nombre de la remplazante (Silvia Caballero).

-¿En ningún momento tuvieron evidencias de la vinculación de Costas con la investigación del juez Oyarbide?

-Todo esto me sorprendió, aunque debo aclarar que hace unos días Graciela Ocaña me había advertido de las escuchas donde se involucraba al subsecretario. Ella conoce muy bien los manejos de medicamentos.

-¿Entonces cuál era la relación de Costas con Lorenzo?

-Hablé con Costa y me dijo que sí había tenido conversaciones con Lorenzo, pero que fueron de índole completamente personal.

Allanan el Ministerio de Salud

Por pedido del asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, el juez Andrés Gallardo realizó un allanamiento en la sede del Ministerio de Salud. La medida surge por un amparo para los adictos de pasta base en una villa.

A las 11.25 de este lunes dos funcionarias de la justicia porteña iniciaron un allanamiento en el Ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus. Por pedido del asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, el juez Andrés Gallardo ordenó la requisa en las oficinas del Gobierno en busca de todas las actuaciones relacionadas al plan de asistencia a los adictos a la pasta base que habitan en la villa 21-24 de Barracas.

El allanamiento se produjo por la falta del ministro Lemus a una citación del juez Gallardo la semana pasada. En el marco del amparo por los adictos al paco se solicitó al funcionario que se presentará con todas las actuaciones referidas al plan de trabajo en la villa que bordea al Riachuelo. En ese momento Lemus derivó el tema en un subsecretario. El asesor Tutelar no conforme con las pruebas aportadas solicitó la medida de allanar, la cual se produce en estos momentos, a manos de la secretaria del juzgado Nº 2 Cecilia González de los Santos y por la asesoría la secretaria Norma Sas.

A fines de agosto los miembros de la justicia llegaron hasta la villa de Barracas para monitorear el cumplimiento del plan piloto de asistencia a los adictos, que involucra al Ministerio de Desarrollo Social y la Consejo del Niño, Niña y Adolescente. En la barriada, por declaración de la misma directora del Centro de Salud Nº 35, es que los funcionarios judiciales comprobaron las deficiencias de la cartera sanitaria.

El plan para paqueros pobres incluye a 41 chicos. 18 están internados por su propia voluntad, y 6 con internaciones coactivas (por medida judicial).

Por recientes estudios se sabe que el paco es una dosis que pesa sólo entre 0,01 y 0,03 gramos. Está compuesta por distintas sustancias como el alcaloide de cocaína, la cafeína, el bicarbonato de sodio y anfetaminas. Genera una estimulación rápida, pero efímera. Y se descartó que fuese un residuo de la elaboración del clorhidrato de cocaína, como se pensaba hasta ahora, según el cómite de expertos que asesora al Gobierno Nacional.

Conferencia por los derechos amenazados 

Integrantes del Consejo de los Derechos del Niño de la Ciudad, legisladores y trabajadores llevaron a cabo una conferencia de prensa en la legislatura porteña para denunciar la severa situación que atraviesa la niñez.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Bajo la consigna de que en la Ciudad de Buenos Aires los niños y adolescentes tienen sus derechos amenazados organizaciones no gubernamentales, integrantes del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, la Junta Interna de ATE-CTA, la delegación gremial de SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires), y varios legisladores realizaron una conferencia de prensa para denunciar esta situación.

En la misma, que dio inicio a las 17 en el Salón J.D.Perón de la Legislatura porteña, trabajadores del área de la niñez y adolescencia del gobierno de la Ciudad presentaron un documento que alerta acerca de la grave situación en la que se encuentran los servicios que deben atender a este sector de la sociedad y denunciaron la violación sistemática de las leyes vigentes de la Protección Integral por parte del actual gobierno de Mauricio Macri.

Entre quienes asistieron a la conferencia estuvieron Nora Shulman, asesora tutelar de la Ciudad de Buenos Aires; la diputada nacional Liliana Parada; Rodolfo Arrechea, Secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Capital; José Machain, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad; la titular del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia) María José Lubertino; los legisladores Patricia Walsh, Laura García Muñón (Proyecto Sur), Diana Maffia y Facundo Di Filippo (de la Coalición Cívica), Gabriela Alegre y Eduardo Epszteyn (Diálogo por la Ciudad) y Juan Cabandié (FPV), entre otros.

En el documento leído durante el encuentro se remarcó que este es resultado de una serie de asambleas llevadas adelante por los trabajadores del Consejo. Allí se denuncia entre otros puntos el incumplimiento de la Ley 114 (de Protección de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad) y de la Ley de Salud mental, además de retrocesos que se vienen reflejando desde el pasado mes de diciembre de 2008 en la implementación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho en el documento se afirma que el actual Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, privilegia la institucionalización de los niños pobres desentendiéndose de sus responsabilidades. Asimismo indicaron el marcado desprecio por los trabajadores de la infancia, reflejado principalmente en los bajos salarios que perciben y las precarias condiciones de contratación existentes, además de las condiciones indignas en las que llevan a cabo sus tareas.

Por todo esto, los trabajadores manifestaron que entre algunas de las medidas que tomarán para hacer frente a esta situación se encuentra el inicio de un cese general de actividades y declararán un estado de alerta y movilización.

Por su parte, la legisladora Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) indicó que se citó para el próximo miércoles a Jesica Malegarie, de la Comisión Mujer, Infancia y Juventud de la Ciudad, para que ofrezca explicaciones acerca de estos temas.

A su vez, la diputada nacional electa de Proyecto Sur Elena Parada señaló que “las políticas de este gobierno no son públicas. Toman decisiones sin líneas argumentativas para defenderse”, y agregó que acompañan a los trabajadores en todas las reivindicaciones que reclaman y compartió que el miércoles próximo se inaugurará una mesa en la que se tratara el tema de la infancia y la juventud negada. “No vamos a dejar que el tema se salga de agenda”, finalizó Parada.

09/09

Paro de residentes en hospitales públicos porteños

Se movilizaron hacia las oficinas de Macri para reclamar el pago de haberes. No cobran desde junio. Guardias y profesionales de planta trabajan con normalidad.

Los residentes y concurrentes de los hospitales públicos de la Ciudad realizan un paro en reclamo del pago de haberes. La medida de fuerza incluye una movilización desde el Congreso hacia la Jefatura de Gobierno porteño con el objetivo de que sus reclamos sean atendidos por las autoridades.

Quienes realizan el paro son profesionales de la salud recibidos que están realizando postgrados en hospitales públicos de la Ciudad. “Trabajamos mientras nos formamos, es una doble función”, explicó a Criticadigital Federico Kaski, de la Asociación de Profesionales en Formación.

“Hay 3 mil residentes y concurrentes trabajando, en junio ingresaron 700 y no están cobrando. Al firmar un contrato de exclusividad con el gobierno porteño no tienen posibilidad de trabajar en otro lado”, contó Kaski.

La primera movilización se realizó hace dos semanas y la promesa de los funcionarios del ministerio de Salud de la Ciudad y de la Dirección de Capacitación fue que empezarían a cobrar a partir de septiembre. Pero eso no ocurrió y no volvieron a tener noticias, aseguraron a este medio desde la Asociación, que reúne a médicos, enfermeros, psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales, bioquímicos, odontólogos, y otras especialidades relacionadas a la salud.

“El reclamo más urgente es el económico, pero el reclamos de fondo que venimos realizando es sobre el debilitamiento del sistema de salud, la falta de insumos en los hospitales y que los concurrentes realizan las mismas tareas que los residentes pero no cobran”, señaló.

Durante este miércoles la atención a los pacientes está cubierta: las guardias funcionan y los profesionales de planta realizan sus tareas con normalidad.

La "Súper", la caja negra de la política, el sindicalismo y la salud

Es el organismo que debe controlar la distribución de fondos de las obras sociales.
Las diversas causas judiciales en las que se investigan las ramificaciones de la mafia de los medicamentos ¿que incluye la financiación espuria de las campañas políticas¿ tienen en el centro de la escena a la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que reemplazó a la antigua ANSSAL en el control y distribución de los fondos de las obras sociales pero que no pudo deshacerse de su oscura sombra.  Ayer, la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, sugirió al juez Norberto Oyarbide que, junto a Néstor Lorenzo, debería investigar a Néstor Vázquez, a quien diversas fuentes sindicales sindican como su socio y amigo.

Vázquez es el actual director del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA. Pero se consolidó como un hombre fuerte de la ANSSAL en los 90, de la mano de Luis Barrionuevo y José Luis Lingeri, hasta llegar a secretario general de la "Super" con el kirchnerismo, bajo el mando de Héctor Capaccioli. Desde allí habría armado buena parte de los negocios que hoy investiga la Justicia.

Según asegura Ocaña, las droguería San Javier, de Lorenzo, e Intermedicina, vinculada a Vázquez, habrían sido las dos beneficiarias del fideicomiso solicitado por la Asociación Bancaria para la provisión de medicamentos de alto costo. Muchos de esos remedios resultaron adulterados.

La "Súper" es el nudo gordiano donde se cruzan las relaciones entre la política, el sindicalismo y la parte más tenebrosa del negocio medicinal. Por eso, Ocaña se había obstinado en poner la lupa sobre ese organismo. Pidió la salida de Capaccioli (lo que le valió una pelea con Alberto Fernández) y encontró un aliado inesperado en Juan Rinaldi, un abogado cercano a Hugo Moyano que saltó el cerco.

Pero las presiones del moyanismo terminaron doblegando a la hormiguita y, tras su renuncia, Cristina Kirchner decidió hace un mes el reemplazo de Rinaldi por Ricardo Bellagio, un contador con 26 años en el organismo que fue presentado como un "técnico" que pondría en orden la casa. La decisión del nuevo titular de convocar a ONGs de prestigio como Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJ para auditar la Súper pareció ir en ese sentido.

Pero hacia la interna sindical, la designación de Bellagio se interpretó como un intento de buscar un equilibrio entre el moyanismo, los "gordos" y los "independientes" en la puja por los fondos para sus obras sociales. Y el regreso como asesor de José Bustos, el ex gerente de asuntos jurídicos de Capaccioli que había sido desplazado por Ocaña, es observado por algunos como una vuelta al pasado.

11/09

Crecen los juicios por mala praxis

Hay más demandas pero pocas prosperan

Hace unos 20 años, que un paciente demandara a su médico por impericia, imprudencia o negligencia era una situación impensada. Pero en las últimas dos décadas los juicios por mala praxis médica empezaron a multiplicarse y en el último año crecieron entre un 15% y un 22% aunque pocos prosperan: sólo un 8% termina en condena. Abogados y médicos consultados por Clarín dicen que hay un aumento de reclamos genuinos que se debe a que el médico dejó de ser un "semidios" para ser uno más en la cartilla, a que los pacientes están más informados y a que los médicos trabajan bajo tanta presión que están más propensos a cometer errores. Pero por otro lado, el aumento también se debe a una "industria del juicio": abogados que se adentran en aventuras jurídicas y les prometen hacerse millonarios si demandan a sus médicos.

Según la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), los juicios por mala praxis aumentaron un 22% en el último año. En la Asociación de Médicos Municipales (AMM) –tiene asegurados por mala praxis a 35.000 médicos del país–, coinciden en que las demandas crecieron pero cerca de un 15% (620 en 2007 y casi 100 más en 2008).

"El aumento de las demandas se debe a que los pacientes están más informados acerca de su derecho a la salud pero también a que la relación médico-paciente se ha despersonalizado. El médico de cabecera o el médico de barrio que atendía a toda la familia dejó de existir y hoy se elige por cartilla", opina LuisVono, abogado experto en mala praxis médica. "Además, como están obligados a trabajar en distintos lugares y por más horas, tienen menos posibilidad de capacitarse y el nivel de formación profesional dista de ser el de antes".

El neurocirujano Horacio Dillon, organizador del XII Congreso argentino de Salud que este mes tratará el tema, agrega: "Muchos médicos se encuentran frente a un dilema ético: cuidar al paciente o al sistema de salud que les paga. No tenemos una actitud corporativa: hay reclamos genuinos y nadie puede defender al médico imprudente o negligente, pero hay otros que no tienen sustento y esos originaron una verdadera industria del juicio".

Vito Heras, abogado especializado en daños, opina: "Cuando no les hacen un estudio para ahorrar o tienen que esperar un mes para que los atienda el médico de cabecera y otro mes para que los vea el especialista, la responsabilidad no es del médico sino del sistema de salud. Es cierto que existen abogados que los engañan pero también hubo un cambio cultural y muchos pacientes no se quieren dejar pasar por encima".

En traumatología y en obstetricia, las demandas crecieron casi un 20%. Jorge Gilardi, obstetra y presidente de la AMM dice: "En general no hay error médico y la prueba es que muy pocos juicios terminan en condena. Lo que suele haber son las consecuencias de un acto quirúrgico o médico, que son complicaciones que están escritas. Lo que pasa es que cuando todo sale bien es gracias a Dios y cuando algo sale mal es por culpa del médico.

En Estados Unidos hay lugares en donde ya no quedan obstetras y eso se está trasladando. Como corren grandes riesgos y están mal rentados, empiezan a sentir el síndrome del burn out (la sensación de estar quemado) y cada vez arriesgan menos". Dillon, agrega: "Es como un chofer: si trabaja bajo presión es más fácil equivocarse".

Y es de esa presión que nace la medicina defensiva. Dice Dillon: "Consiste en hacer cosas de más, como pedir al paciente muchos estudios por temor, o cosas de menos, como elegir la intervención quirúrgica menos complicada para correr menos riesgo". Así, cuando los reclamos son legítimos gana el derecho del paciente. Si se dejan seducir por los cantos de sirena, pierde el sistema de salud.

Allanan el Policlínico Bancario por la investigación de medicamentos falsos

Oyarbide ordenó el ingreso al hospital de La Bancaria; el juez federal aseguró hoy que "el cerco se cierra cada vez más" para el dirigente sindical Zanola; el fiscal solicitó que también se indague a Capaccioli, recaudador de la campaña presidencial de 2007

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento del Policlínico Bancario, el centro de salud de la obra social del sindicato de los bancarios, liderado por Juan José Zanola.
Zanola, será citado "en muy pocas horas" a declarar ante la Justicia federal para "dar explicaciones" sobre su presunto vínculo con la llamada "mafia de los medicamentos", confirmó hoy el juez federal. Además, se evalúa citar su esposa, Paula Aballay, quien supuestamente maneja las contrataciones del Policlínico con las droguerías.
"El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en muy pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones al tribunal", dijo Oyarbide.
El magistrado remarcó que en su juzgado escuchó "testimonios de personas que recibieron tratamientos oncológicos en el Policlínico Bancario y han explicado, de modo coincidiente, el desparpajo que existía en esa institución".
"Pasaban por la farmacia a buscar los remedios, en la planta principal del Policlínico Bancario, y los mandaban a la oficina de la Droguería San Javier, que estaba adentro mismo del Políclino Bancario", sostuvo. El juez vaticinó que la investigación continúa "cada vez peor y cada vez va más para arriba".
Zanola quedó envuelto en la causa cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier, en manos del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, imputado en la causa. Incluso el juez Oyarbide admitió que "podría llegar a haber" alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria (OSBA) y el triple crimen de General Rodríguez.
"Si Ustedes recuerdan la camioneta de Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y al requisarse resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos", sostuvo ayer, en su ya habitual encuentro con periodistas al salir de su casa.
En tanto, en el juzgado federal número cinco aguardan a Marcela Izquierdo, viuda de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. La mujer viene diciendo que su marido conocía a Zanola y que la farmacia en que trabajaba aquel tenía como principal cliente a la OSBA. Izquierdo dijo, en alusión a Zanola, que "no sé por qué niega este hombre que los conocía" a Ferrón y a los otros dos asesinados, Sebastián Forza y Leopoldo Bina.

Aportes a la campaña. Además, la Justicia analiza citar a declarar a Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia. El fiscal de la causa, Luis Comparatore, le solicitó ayer a Oyarbide que "se investigue la evaluación patrimonial de las personas involucradas en el sumario, en particular aquellas que se desempeñaron como funcionarios públicos".

Plan de prevención contra el dengue en las villas de la Ciudad

En el marco del plan de prevención contra el dengue ya anunciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), comenzó a capacitar al personal de las villas sobre esta enfermedad.

La UGIS, encargada de brindar servicios en las villas, emprendió una ronda de charlas para ilustrar sobre el dengue al personal que realiza tareas de saneamiento y limpieza en los barrios. El propósito es doble. Por un lado, que los trabajadores puedan informar a los vecinos acerca de cómo prevenir la enfermedad. Por otro, detectar focos de peligro e incentivar a modificar ciertas prácticas como la conservación de cacharros y otros recipientes con agua, que funcionan como depósitos de larvas.

Los trabajadores sociales de la UGIS, instruidos por el Instituto Luis Pasteur, se presentaron ayer en la villa 1.11.14 donde enseñaron a los empleados de la Unidad de qué se trata esta enfermedad, como se contagia y los síntomas frecuentes, entre otras cuestiones. “Lo primordial es que nuestros trabajadores sepan cómo encarar el tratamiento de este tema con los vecinos, dijo Federico Angelini, titular de la Unidad, porque la fumigación diaria que hacemos es para combatir el mosquito adulto. Para evitar la proliferación de las larvas dependemos de los recaudos de la geste.” Angelini, que también participó de la charla, explicó que este es el trabajo más difícil porque “implica cambiar hábitos muy arraigados.”

El equipo de la UGIS ya pasó por las villas 3 y 21-24 y esta semana finalizará con la visita a las villas 15 y 20. Estas charlas se complementan con una campaña que se realizará este fin de semana en todas las villas de la Ciudad, coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Económico (a través de la UGIS), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.

14/09

Salud retiró los DIU gratuitos

Detectó fallas en 40.000 unidades Cervix-T 380 que habían sido entregadas por el Plan Remediar. Vencen el próximo año.

El hecho que disparó el alerta se inició la semana pasada, cuando los responsables del programa de salud reproductiva de Mendoza, detectaron “cambios en la coloración de los dispositivos pertenecientes a uno de los lotes”.

Cuarenta mil dispositivos intrauterinos que habían sido adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación debieron ser retirados de los hospitales públicos porque podrían estar contaminados.

Se trata de los DIU marca Cervix-T 380, entregados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a los centros de salud beneficiarios del Plan Remediar, que provee gratuitamente de medicamentos a todas las provincias.

La decisión adoptada esta semana por la cartera sanitaria nacional fue comunicada a los ministerios provinciales a través de una circular –a la que accedió en exclusiva Crítica de la Argentina– por la cual se les ordena que “no los utilicen hasta tanto se compruebe que no contienen sustancias tóxicas”.

Un informe reservado del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectó fallas en las muestras enviadas para su análisis, “que no cumplen con los requisitos de esterilización” pues “se halló presencia de gérmenes y bacterias”.

Las autoridades sugieren que “se les realice a las mujeres que ya tienen colocado el DIU controles ginecológicos para prevenir cualquier posible infección”. Para los especialistas, la situación es “de suma gravedad” porque no se pueden descartar “consecuencias en la salud de las pacientes”.

Mafia de los medicamentos: intervienen OSBA y citarán a Zanola como imputado

El jefe de Gabinete anunció que el oncólogo Pedro Ferrara quedará al frente de la obra social bancaria. El juez Oyarbide, que investiga una red de falsificación y venta de remedios truchos, dijo que el titular del gremio bancario está "altamente comprometido".
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció la intervención de la obra social de los trabajadores bancarios (OSBA). Esa medida había sido reclamada el viernes por el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga la llamada mafia de los medicamentos. El magistrado había anticipado esta mañana que citará a declarar al gremialista Juan José Zanola y a su mujer Paula Aballay.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que Cristina Fernández firmará hoy el decreto que faculta la intervención de OSBA.

"Tuvimos una reunión con el ministro de Salud y con la Presidenta sobre el oficio que nos envió Oyarbide en el marco de una causa de medicamentos adulterados", explicó. En ese escrito, continuó el jefe de Gabinete, el magistrado había pedido la intervención de la obra social bancaria "a los fines de proteger la salud de los afiliados".

Tras analizar el reclamo de Oyarbide, detalló Fernández, "la señora Presidenta ha decidido firmar hoy el decreto que interviene la obra social" y "nombró como interventor a Pedro Ferrara". 

Ferrara, quien fue descripto por el funcionario como "un prestigioso oncólogo platense", comenzará a desempeñarse como interventor mañana, tras la publicación del decreto que lo faculta en el Boletín Oficial.

Horas antes de la intervención de la obra social, Oyarbide había adelantado que citará a declarar a Zanola y a su pareja en calidad de imputados. "Zanola está altamente comprometido" en la causa por la mafia de los remedios, dijo.

En este sentido, el juez señaló que el gremialista quedó vinculado a la investigación "en base al material reunido" por medio de escuchas telefónicas y allanamientos.

El magistrado también adelantó que citará al ex subsecretario bonaerense de Salud Alberto Costa, separado de su cargo a raíz de la investigación, y al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo.

En la puerta de su casa, Oyarbide aseguró que "de ser necesario" también citará a declarar al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y a su par bonaerense, Claudio Zin, aunque no aclaró si como imputados o testigos.

El viernes, el magistrado le pidió al jefe de Gabinete que informe a la presidenta Cristina Kirchner de los "acontecimientos" registrados en la investigación ya que -según dijo- son "de una gravedad inusitada y comprometen la salud pública".

Ese día, por orden del juez, se allanó el policlínico bancario, en el barrio de Caballito, y se encontraron remedios oncológicos vencidos y otros sin fecha de vencimiento, según revelaron fuentes de la investigación. Además,  se detectó una oficina de la droguería San Javier -perteneciente a Lorenzo- que funcionaba dentro mismo del policlínico.

15/09

Retiran 40.000 DIU en mal estado

El Ministerio de Salud detectó que los dispositivos anticonceptivos podrían estar contaminados

Un nuevo episodio involucra partidas de medicamentos, en este caso un dispositivo intrauterino (DIU) en mal estado, y los canales de distribución oficial de remedios.

El ministro de Salud, Juan Manzur, confirmó ayer que tuvieron que retirarse de hospitales públicos de todo el país 40.000 DIU Cervix-T 380 "en mal estado", que se habían entregado como parte del Plan Remediar a través del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsables.

"Siguiendo la indicación de la Anmat [Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías], se retiró un lote de este tipo de medicamentos que no cumplía con toda la normativa y reglamentación", sostuvo Manzur en una conferencia de prensa que brindó ayer en la Casa Rosada. El titular de la cartera sanitaria recordó que la partida data de 2005 y añadió que "a instancias de la Anmat, [el hecho] también va a ser investigado".

El ministro agregó: "Hemos girado ya a todas las provincias y a los lugares donde se ha distribuido este medicamento [la orden] para ser retirado y saber si hubo alguna complicación".

Los responsables del programa en Mendoza detectaron que algunos de los DIU presentaban una coloración diferente y un envase dañado. De ahí se remitieron las muestras al Ministerio de Salud, que, a su vez, las envió al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), donde se constató que los dispositivos habían estado en contacto con el medio ambiente y, como consecuencia, con bacterias.

Consultado acerca de cuántas personas habrían recibido un DIU eventualmente en mal estado, el viceministro de Salud, Máximo Diosque, señaló: "No se sabe porque no es la única marca que se compró, pero podemos asegurar que no hay reportes de efectos adversos".
Manzur habló sobre esta cuestión luego del anuncio oficial de intervención de la obra social de los bancarios por la investigación del juez Norberto Oyarbide sobre medicamentos adulterados (como se informa en la sección Política).

Las autoridades sanitarias recomendaron a las mujeres que hubiesen recibido este tipo de dispositivos anticonceptivos que recurran a cualquier centro u hospital público para que sean controladas, aunque aclararon que es muy improbable que surjan complicaciones.

"No es un motivo para alarmarse, porque si no aparecieron efectos adversos en los primeros días de la aplicación del dispositivo ya no es necesario tomar recaudos", dijo a LA NACION Diosque. Y añadió: "Es importante aclarar también que la protección que brinda el dispositivo es la misma y no hay por qué preocuparse en ese sentido".

16/09

Medicamentos: investigan a otras siete obras sociales

Tambien le compraban a las droguerías San Javier y Multifarma. Vea cuáles son.

A la espera de que se defina la recusación del juez federal Norberto Oyarbide para luego llamar a indagatoria al sindicalista Juan Zanola, el Gobierno advirtió que, además de la Bancaria, habría al menos otras siete obras sociales que operaban con las droguerías San Javier y Multifarma, sospechadas de suministrar medicamentos adulterados para tratamientos oncológicos, hemofílicos y contra el sida.

Así lo aseguró el Superintendente de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, quien no quiso revelar los nombres de esos entes sanitarios bajo sospecha que trabajarían con la droguería del empresario Néstor Lorenzo para no generar "pánico" en sus afiliados, pero el diario La Nación adelantó que entre ellas se cuentan la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, del Personal de la Actividad del Turf, de Agentes de Lotería y Afines, del Personal Gráfico, de Empleados Municipales de Avellaneda y de Aeronavegantes.

En los últimos días, en el marco de una causa paralela, la Fiscalía de Pompeya secuestró gran cantidad de documentación en un allanamiento que hizo en la sede de la obra social del Personal de la Industria Química y Petroquímica, ubicada en México al 1400 de esta capital.
En tanto, Zanola clamó inocencia, cargó contra el juez de la causa, enmarcó esta cuestión en la interna sindical y hasta especuló con que querrían sacarle a su gremio los terrenos del Policlínico Bancario para hacer un negocio inmobiliario.

Por su parte, Bellagio dijo que "he pedido un informe, hay otras obras sociales que son pocas, muy poquitas, que serían siete, que tenían como proveedor a estas droguerías", en referencia a San Javier y Multifarma. El funcionario -que habló por Radio Continental y TN aclaró-que a esas instituciones se les enviará "una auditoría para constatar" su actuación y aseguró que el Estado obligará a las obras sociales del país a que brinden información referida a los tratamientos que han dado desde el 1ro. de enero de 2006 a sus afiliados afectados de enfermedades oncológicas, de virus HIV o de hemofilia.
Irónica, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien denunció la llamada "mafia de los medicamentos", disparó frente a esas declaraciones: "Es importante que el doctor Bellagio se haya dado cuenta de esto, (de que la droguería de Lorenzo le vendía remedios a otras siete obras sociales, además de La Bancaria) fundamentalmente porque hace muchos años que (Bellagio) está en la Superintendencia", deslizó.

La ex ministra insistió en apuntar contra Lorenzo y Zanola, al considerar que sería "muy interesante" que el empresario le explicara a la Justicia "quién estaba garantizando los negocios en la obra social" bancaria -ahora intervenida- "después" de que ella se alejara de su cargo. "Sería muy interesante que Lorenzo nos dijera quién estaba garantizando, después de que yo me fuera, los negocios en la obra social", desafió Ocaña.

Por lo pronto, Lorenzo, el primero de los sospechosos en esta investigación, fue citado para declarar como testigo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, donde se investigan los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Mientras tanto, la causa judicial por la "mafia de los medicamentos" quedó virtualmente suspendida por estas horas hasta que se defina si Oyarbide sigue al frente del expediente. Se estima que Oyarbide, que estuvo en Salta en las últimas horas, rechazará la recusación que presentaron los abogados defensores de Zanola, a raíz de lo cual la definición estará en manos de la Cámara Federal, que deberá expedirse sobre si los argumentos de los letrados alcanzan para separar al magistrado de la pesquisa y designar a otro en su lugar.

Pero ayer Zanola salió a rechazar las acusaciones minimizó su vinculación con el dueño de la droguería San Javier y aseguró que no teme ir preso. "No tenemos ninguna responsabilidad con respecto a ningún medicamento adulterado. Yo soy inocente porque nunca puedo estar en una canallada de esa naturaleza -dijo Zanola-. No nací para perseguido, pero evidentemente acá hay toda una cantidad de fantasías, de cosas que son de gran perversidad porque afectan a familias, a nombres".

Salud se ocuparía de la atención de adictos a drogas

Aníbal Fernández se reunió ayer con el ministro Manzur para analizar las medidas

En la maratónica carrera del comité asesor en políticas públicas sobre drogas, convocado por el Gobierno para concretar los objetivos del plan nacional quinquenal en la materia, en consonancia con las exhortaciones que hiciera la Corte Suprema de Justicia a todos los poderes públicos con el reciente fallo Arriola, ayer fue el turno de la presentación del anteproyecto de tratamiento de la oferta y la demanda de estupefacientes.

En la reunión, según confiaron a LA NACION fuentes del comité, se decidió que el Ministerio de Salud se encargará de relevar los recursos existentes a nivel nacional, provincial y municipal, así como públicos y privados, para desarrollar una estructura que garantice la atención de calidad, efectiva e inmediata de las personas con problemas de adicciones.
Deberá, además, asegurar que las obras sociales y las prepagas den cobertura integral en materia de adicciones, como les impone la ley en vigor, y centralizar las historias clínicas y las prestaciones a pacientes para evitar fraudes e inadecuada asistencia sanitaria.

En segundo punto, al Ministerio de Desarrollo Social le competerá elaborar estrategias de prevención e inclusión, en cuanto a adicciones, especialmente con los sectores más vulnerables: niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y con problemas de abuso de sustancias duras y generadoras de violencia, como el paco.

Sobre este tema, las fuentes dijeron que la ministra Alicia Kirchner designó a la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela Paola Vessvessian, encargada de hacer operativa esa política, y ordenó la urgente convocatoria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: será mañana.

En concreto, el ministerio a cargo de Juan Manzur se encargará de diagramar la atención; el de Alicia Kirchner, la prevención.

Con respecto a la persecución penal, el comité propuso ayer la instrumentación de una política coordinada entre fuerzas federales y provinciales y distintas agencias gubernamentales para combatir el tráfico de estupefacientes y precursores químicos y, así, reducir la oferta de drogas.
El comité sugirió al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández -anfitrión del encuentro de ayer en la Casa Rosada- que se propusiera a las provincias, a través del Consejo de Seguridad Interior, que organicen la persecución penal de conformidad con el fallo de la Corte (que determinó que era inconstitucional criminalizar la tenencia de escasa cantidad de drogas para consumo personal y privado), al enfocarla en los casos graves y complejos de comercio, distribución y tráfico de estupefacientes y precursores, lavado de dinero, fraudes y la corrupción de la mafia de los medicamentos.

Saldo positivo

Al cierre de esta edición, la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del comité, dijo a LA NACION que la reunión de ayer en la Casa de Gobierno había sido positiva. "Se trata de un plan quinquenal, que no está limitado a la gestión de un gobierno en particular y que atiende a un concepto estratégico, estructural y universal de salud. Por eso, el Ministerio de Salud tendrá un rol protagónico. Hoy [por ayer] el ministro Manzur demostró solvencia, explicó que, sobre la base de un concepto sanitarista, se debía estructurar una atención general e inclusiva, con redes sanitarias primarias en los barrios, que releven los casos más graves y más urgentes para hacer la prevención. Además, sostuvo que toda persona es útil para esto; no sólo el médico, sino la enfermera, la madre, la abuela, alguien del barrio."

17/09

Por la libertad para decidir

En la apertura de un seminario sobre derechos sexuales y reproductivos, en el Senado, la ministra de la Corte Suprema sostuvo que “cada mujer tiene que decidir lo que a ella le conviene” frente a un embarazo. Cuestionó las posiciones de la Iglesia Católica.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay exhortó ayer a la sociedad argentina a abrir el debate por la despenalización del aborto para “admitir la libertad de la mujer para decidir”. “Ojalá que podamos dejar de crisparnos e insultarnos, que dejemos de lado el tabú, que podamos intercambiar ideas y puntos básicos para esta discusión y que reconozcamos que el aborto es algo que ocurre, que es parte de nuestra naturaleza humana”, abogó Argibay.

La jueza fue la principal oradora en la jornada inaugural de un seminario internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, cuyo tema principal es el problema del aborto en el país. Durante su exposición, Argibay hizo propio el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, reclamó. Y llamó a las mujeres y varones comprometidos con esta lucha a “juntarnos” para promover un cambio en la legislación. “Un embarazo no deseado puede ser tan trágico en un momento, en una familia, como un embarazo forzado”, argumentó.

El encuentro, organizado por la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba, tuvo lugar en el auditorio del Anexo del Senado. El recinto estaba colmadísimo. Muchos de los asistentes –la mayoría mujeres– debieron seguir la charla desde los pasillos. Entre las presentes había algunas legisladoras como las senadoras Marita Perceval, del Frente para la Victoria, y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. Con diferencias ideológicas en otros temas, en relación con el aborto Perceval y Estenssoro caminan la misma senda. Perceval lamentó dejar su banca en diciembre sin haber logrado debatir un proyecto que despenalizara el aborto.

El seminario comenzó con un emotivo homenaje a la abogada Dora Coledesky, fallecida recientemente a los 81 años, una pionera en el país en la lucha por el derecho al aborto. Argibay dio una charla magistral y se llevó en varios tramos de su disertación el aplauso cerrado de los asistentes, entre las que se contaban integrantes de distintas organizaciones de mujeres llegadas de diversos puntos del país, expertos internacionales, médicos e investigadores.

La ministra de la Corte recordó que decir públicamente su posición a favor de la legalización del aborto casi le cuesta el cargo. Dijo que tenía “un terrible entripado” por la imposibilidad “de debatir este tema en esta sociedad”. Y acusó a “algunos grupos” de buscar “empañar” la discusión “haciendo imposible el debate”. “No dejan discutir las ideas básicas. A mí me han gritado muchas veces asesina, abortista. Ese no es un argumento. Somos prolibertad de decidir. No somos abortistas. Abortistas son los que no quieren que nazca ningún bebé”, diferenció.

Argibay defendió el derecho a decidir de las mujeres frente a un embarazo no deseado. “La dignidad de la vida y la libertad es tomar una decisión estando informada y sabiendo las responsabilidades que eso implica. El tema es cómo hacemos para hablar de esto. La dignidad de las mujeres pasa también por la igualdad de oportunidades que se nos niega (al obligarnos a continuar con un embarazo que no se quiere)”, argumentó. La ministra consideró que “no es lo mismo la vida antes del nacimiento que después”. “Un feto no puede vivir sin la madre, no es independiente hasta que nace. Recién cuando nace puede ser considerado persona desde el punto de vista jurídico”, señaló.

También se pronunció a favor de modificar el Código Penal para clarificar el alcance del artículo 86 en relación con la no punibilidad del aborto en los casos de embarazos producto de una violación. “No tengo ninguna duda de que hay que cambiar el artículo que admite el aborto para casos de violación de una mujer idiota o demente, (para que abarque a) cualquier violación”, opinó. Argibay consideró que “un embarazo no deseado puede ser tan trágico en un momento, en una familia, como un embarazo forzado”.

La ministra coincidió con el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, que impulsan en el país más de doscientas ONG y cuyo reclamo quedó plasmado en un proyecto de ley que despenaliza el aborto dentro de las doce primeras semanas de gestación. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados con las firmas de más de una veintena de legisladores de distintas fuerzas políticas.

Argibay sostuvo que se debe garantizar la educación sexual en todas las escuelas y “sancionar” al que no cumpla con su dictado, un tiro por elevación al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, a cargo de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, quien recientemente se pronunció en contra de los contenidos básicos curriculares consensuados y aprobados por todas las provincias.

“La primera necesidad es la educación para poder tomar una decisión con conocimiento”, indicó. En segundo lugar, siguió, se debe garantizar el acceso a los anticonceptivos. “Las mujeres deben conocer los métodos”, reclamó. En ese sentido, cuestionó con dureza a la Iglesia Católica por oponerse al uso de anticonceptivos. “Con una pandemia de sida, esa posición es criminal”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Cada mujer tiene que decidir lo que a ella le conviene”, frente a un embarazo. Se llevó un largo y sostenido aplauso.

Denuncian despidos y persecución sindical en el Cemic

Según relató una empleada del centro médico, "se está creando un nuevo sindicato" y un enfermero ya fue despedido. Cortan el tránsito en Galván al 4100.

Los trabajadores del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (Cemic) denunciaron despidos y persecución sindical.

"Se está creando un nuevo sindicato que se separa del gremio de West Ocampo porque no representa a nadie, y responden con despidos y persecución”, expresó Liliana, una empleada del Cemic que prefirió no dar su apellido para evitar más consecuencias.

Según relató la trabajadoraa Criticadigital, al menos un enfermero de nombre Guillermo fue despedido en las últimas horas. Como plan de lucha para reclamar la reincorporación de su compañero y para evitar que se vuelva a repetir, este miércoles a las 13.30 cortan el tránsito sobre la calle Galván al 4100, donde está ubicado el centro médico.

Con el aval de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los empleados pugnan por separarse del ex gremio de Sanidad, ahora denominado Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) conducido por Carlos West Ocampo. Ayer a las 19 Eduardo Duhalde lo esperó a West Ocampo en la sede del centro porteño del Movimiento Productivo Argentino, junto a otros dirigentes anti-Moyanos, pero no apareció. Armando Cavallieri, tampoco estuvo en la cita.

El Cemic es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1958. Como entidad de bien público se dedica a la atención médica, a la investigación científica y a la docencia. Allí, el Instituto Universitario dicta las carreras de Medicina y Enfermería.

18/09

Desplazan a director del Ameghino, en medio de oposición de pacientes y profesionales

Buenos Aires, 18 de septiembre (Télam).-El gobierno porteño efectivizó el desplazamiento del director del hospital Arturo Ameghino, Rubén Slipak, lo que generó la oposición de los profesionales y pacientes de esa institución, centro de referencia en la atención de la salud mental.
Slipak fue defendido por los trabajadores y pacientes de la institución, mientras el titular de Salud Mental del gobierno porteño, Gregorio Alcaín, ponía en funciones ayer a la nueva directora, Celina Fabrykant, informó a Télam la titular de la Asociación de Profesionales de ese centro, Silvia Atzori.

La gestión de Slipak había sido respaldada a mediados del mes pasado con un abrazo simbólico y una manifestación en las puertas del Ameghino, cuando las autoridades le notificaron el despido.

"Entraron prácticamente pisando a las casi 200 personas que estábamos sentadas manifestando nuestra oposición a la medida", dijo Atzori, al hacer referencia al acto de asunción de Fabrykant.

Atzori afirmó que la flamante directora es "una persona puesta por concursos truchos, que incumple con la ley 448 de Salud Mental porque no está permitida la presentación de psicólogos y no fue un concurso abierto".

La titular de la Asociación de Profesionales señaló que "el conjunto de los trabajadores de la institución, pacientes y otras asociaciones profesionales nos oponemos a este avance en Salud Mental donde no hay planes, se desconocen las intenciones, no hay comunicación y van contra la ley 448".
En este sentido, adelantó que "vamos a seguir resistiendo porque la Asociación de Profesionales desconoce esta forma de designación".
Por su parte, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, expresó hoy a Télam que la situación en el Ameghino "es normal, se procedió al cambio de autoridades por un concurso realizado durante 2008".
El funcionario manifestó que "se hicieron las elecciones internas de los nuevos directores en cada hospital y se fue renovando aproximadamente el 50%, porque el resto fue ratificado por la misma elección".
Explicó que "el concurso abierto no se puede hacer todavía porque hay dos carreras funcionando, una es la de los hospitales de la Ciudad, y la otra de los ex nacionales, traspasados en el '93".
En este contexto, dijo que el gobierno envió un proyecto de unificación "para poder llamar a concursos, pero mientras tanto se hizo un decreto para ir adelantando con concursos internos, aunque los designados son interinos, como los que estaban".

Denuncian que se redujeron los controles

El Colegio de Farmacéuticos denuncia a los ex funcionarios nacionales Capaccioli y Rinaldi

Dos resoluciones de la Superintencia de Servicios de Salud (SSS), durante las administraciones de Héctor Capaccioli y Juan Rinaldi, abrieron nuevos interrogantes sobre los controles que se ejercen sobre la venta de medicamentos.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires denunció ayer que por medio de la resolución 94/06, firmada por Capaccioli, se suprimieron casi todos los atributos del farmacéutico en la venta y prescripción de medicamentos.

En 2006, la SSS redujo los requisitos para la inscripción de los farmacéuticos en un registro nacional de esa actividad y les restó competencias en el control del suministro de medicamentos que incluía, entre otras cosas, que los pacientes debían contar con la conformidad del médico y del farmacéutico para continuar con un tratamiento después de 30 días.

Todas estas reglas que apuntaban a regular el expendio de remedios emanaban, en realidad, de una resolución de la propia SSS, de 2005; es decir, un año antes de la modificación por parte de Capaccioli. "Se generaron condiciones propicias para el ingreso en el negocio de inescrupulosos", señaló la entidad farmacéutica.

Este año, el ex superintendente de Salud, Juan Rinaldi, fue más lejos al derogar mediante la resolución 43/09 las normas que obligaban a los farmacéuticos, farmacias y redes de prestadores a inscribirse en un registro nacional. "Se redujeron todos los controles", opinó el secretario general del Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos, Marcelo Peretta.

Esta entidad gremial había alertado que el 10% de los remedios que se venden en el país se negocian ilegalmente y que eso representa 1100 millones de pesos al año.

Lo llamativo es que ayer el ministro de Salud, Juan Manzur, de quien depende la SSS, recomendó a la población que adquiera los medicamentos sólo en las farmacias para evitar productos adulterados.

SOCIEDAD › DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS SOBRE ABORTO EN EL CONGRESO

“Es el momento de ampliar derechos”

En el marco de un seminario internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, una diputada saliente y otra electa discutieron la viabilidad del proyecto de despenalización. “El proyecto tiene un futuro”, se evaluó en la mesa.

En lo que resta de 2009, posiblemente no pueda tratarse en el ámbito legislativo la despenalización del aborto, pero nada señala como imposible que, tras el recambio de diciembre, el proyecto continúe su curso a principios de 2010. Ese fue el parecer común en el panel Estado de las iniciativas parlamentarias, que, al promediar la segunda jornada del seminario internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, reunió a la diputada a punto de cumplir su mandato Silvia Augsburger (PS) y su colega, a punto de comenzarlo, María Luisa Storani (UCR), quien además se comprometió a sostener una agenda de género durante sus cuatro años de bancada.

“El proyecto tiene un futuro y estado parlamentario tendrá por unos meses más”, barajó la abogada Silvia Julia, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al abrir la mesa.

“¿Cuántos pasos podemos dar?”, se preguntó Julia. “En el curso de estos últimos días reflexionaba que en momentos en que se están debatiendo cuestiones que tienen que ver con el derecho a la privacidad y en que la Corte ha sacado un fallo en relación con la tenencia de estupefacientes, se habla mucho y se fundamenta mucho en relación con el derecho a la privacidad. Y yo decía: ¿Por qué no es éste también un momento para que pensemos que uno de los argumentos principales que tenemos es el derecho a la privacidad: el derecho a la no intromisión del Estado, de las iglesias, de ningún sector fundamentalista en decisiones privadas y personales de las mujeres en relación con si quieren o no ser madres, asumir la maternidad?”, argumentó la abogada.

Es, sostuvo, en el contexto de un debate sobre derechos actualmente abierto que podría instalarse un debate franco y plural sobre el derecho al aborto. “¿Por qué los derechos de las mujeres, por qué el derecho al aborto, no puede entrar en esta misma lógica de profundización de la democracia, de revisión de las legislaciones que no sirven para la democracia si el 52 por ciento de las personas que viven en este país somos mujeres? Somos ciudadanas de primera clase, tenemos también derecho a ser incluidas y a que nuestros derechos sean incluidos en el debate de la profundización, de la ampliación de la democracia”.

“Todavía resta fortalecer el trabajo en las provincias con la Ley de educación sexual”, acotó Silvia Augsburger, quien procedió a realizar una evaluación contundente de lo que sucede cuando las demandas del movimiento de mujeres llegan al ámbito legislativo. “En estos cuatro años, contamos con los dedos de una mano las leyes que hemos conseguido: programa de educación sexual, ligadura tubaria, violencia y trata de mujeres. Una por año. En general, cada 8 de marzo hemos dado impulso a una iniciativa, y después ahí nos quedamos. El Parlamento no se ha apropiado de nuestra agenda, o nosotras no hemos logrado que se hiciera cargo de ella.” Desde el mismo panel, María Luisa Storani (UCR), pronta a asumir su banca, se comprometió a tomar la posta, a lo que se sumó Miguel Barrios (PS), electo por Santa Fe y sentado entre el público.

La migración de los porteños

En los tres meses de vigencia de la “libre opción” para abandonar la obra social de los empleados de la ciudad, hubo 35 mil consultas. Los afiliados llegan a 120 mil. Admiten que el trámite es lento y desalienta a los interesados.

Desde hace más de tres meses, los afiliados a la Obra Social del personal de la ciudad de Buenos Aires (Obsba) tienen la posibilidad de ejercer la “libre opción”, es decir, de tramitar su traspaso a alguna de las nueve obras sociales habilitadas para esa gestión. En ese lapso, hubo 35 mil consultas de afiliados, de los cuales unos 4000 iniciaron el trámite, según fuentes de la Obsba. La mayor cantidad de migraciones, hasta ahora se dio hacia la obra social de los médicos municipales y hacia Unión Personal, de los empleados estatales de Nación (UPCN).

La complejidad del trámite –puede demorar hasta hacerse efectivo el traspaso unos seis meses–, los límites de las opciones ofrecidas y las dudas respecto de la efectividad del sistema contribuyen a que no se haya producido un éxodo masivo de afiliados, como se preveía.

De acuerdo con la ley de “libre opción”, los 120 mil empleados porteños pueden optar sólo por las obras sociales que celebraron convenios con la Obsba: Osmédica (médicos), Osplad (docentes), Unión Personal (UPCN), Ospoce (Personal de organismos de control), Osadra (Arbitros deportivos), Ospep (Enseñanza privada), Osjera (Personal jerárquico) y Servesalud (Personal de Dirección). La ley no autoriza a participar en los convenios a las empresas de medicina prepaga. Los que no están habilitados para migrar son los jubilados de la obra social municipal.

Todas las inscriptas –menos una– deben admitir a empleados del gobierno de la ciudad, sea cual fuere el cargo que ocupen o el sueldo que perciban. La excepción es la obra social de los médicos, que sólo acepta afiliados de esa profesión. Otra concesión que obtuvo Osmédica es la afiliación automática de todos los residentes –hoy son 3000– y de todos los profesionales que se incorporen a la carrera hospitalaria a partir de la firma del convenio.

Para evitar la sangría de afiliados, la conducción de la Obsba, que comparten funcionarios del macrismo, por el Estado porteño, y el gremio de los municipales (Sutecba), apostó a mejorar las prestaciones, al menos en esta etapa. “Intentamos eliminar la burocracia, reduciendo al máximo los trámites de autorizaciones para las prestaciones”, explicó a Página/12 el vicepresidente de la Obsba, Carlos Regazzoni. Además, celebraron convenios con una red de sanatorios privados e incorporaron a un prestador de emergencias médicas.

Todos aclaran que no se trata de “desregulación”, sino de “libre opción”. ¿Cuál es la diferencia? Al no ser la Obsba una obra social nacional, sino que se encuadra entre las llamadas “provinciales”, no pudo entrar en el régimen de desregulación. Por eso necesitó de una ley especial, la 3021, que dispuso que sólo puede haber traspasos de afiliados a aquellas obras sociales que firmen convenios con la Obsba.

El trámite tiene varios pasos: primero el afiliado debe llamar a un 0800, donde le dan un turno para iniciar el trámite. En una entrevista personal le entregan el formulario que debe presentar en la obra social de destino. Si allí lo aceptan, debe volver a la Obsba con el formulario lleno. Allí, recién entonces comienza el trámite de desafectación. Y cuando se produce, se hace el informe al gobierno de la ciudad: el cambio se producirá a los tres meses de firmada la resolución. A partir de entonces, un 3 por ciento de los aportes del trabajador irá a la nueva obra social, mientras que otro 3 por ciento quedará en la Obsba, destinado a solventar las prestaciones a los jubilados.

Es que la obra social de los municipales porteños puede desprenderse de sus aportantes, pero debe seguir haciéndose cargo de la atención médica de los jubilados, tanto los actuales como los futuros, incluso los que se pasen a otra obra social. “Si un médico de un hospital porteño se pasa a Osmédica, cuando se jubile vuelve a Obsba, porque fue allí donde aportó hasta ahora y porque ahí va el 3 por ciento para la atención de los jubilados”, explicó a este diario Eduardo Munin, secretario de prensa de la Asociación de Médicos Municipales, el gremio que administra Osmédica.

Según Munin, son 1500 los médicos que ya iniciaron el trámite –sobre un total de 10.000–, aunque recién se aprobó el pase de 380. Como muchos de los médicos que hasta ahora aportaban a Obsba son afiliados además de empresas de medicina prepaga, Osmédica celebró convenios con algunas de ellas (OSDE, Swiss Medical, Femedica y Staff Médico) para que los afiliados puedan continuar con esa prestación con un menor desembolso de dinero: ahora les reconocerán el aporte social descontado de su sueldo.

En el caso de los maestros, apenas 250 han iniciado el trámite para pasar a Osplad. “Es un mecanismo lento, con varios pasos, que desalienta a los interesados”, dijo a Página/12 el presidente de la obra social, Daniel Peralta. En la ciudad ejercen 47.000 docentes, de los cuales 9000 ya pertenecen a la obra social de los maestros porque en su momento –cuando muchas instituciones nacionales pasaron a la ciudad– ejercieron la opción de quedarse.

La que compite con mayor tenacidad por el “mercado” de los trabajadores municipales es Unión Personal, la obra social de los afiliados a UPCN. “Para los que quieren un plan superador a UP, les ofrecemos Accord Salud, que tiene más prestaciones, sobre todo en hotelería”, explica una fuente de la obra social.

En esos casos, los afiliados deben hacer un aporte extra, como si se tratara de una prepaga.

Para contrarrestar estas tentaciones, la Obsba está a punto de firmar un convenio con OSDE. “La idea es que sea un plan superador para los que decidan quedarse y puedan aportar más”, afirma Regazzoni. La idea es evitar la migración de lo que se conoce como la “crema” de los aportantes, aquellos que tienen mejores sueldos y por ende contribuyen al financiamiento de la obra social.

El plazo para el traspaso se inició el 1º de junio y termina el 30 de noviembre. Después, los interesados deberán esperar una nueva apertura a mediados del año próximo. “Hay muchos afiliados que prefieren esperar, a ver cómo les va a los que se pasan”, reconocen en todas las entidades receptoras.

Concientización sobre la detección precoz del cáncer

Para incentivar la campaña del mes internacional de concientización del cáncer de mama, Fundación AVON  se ha unido a las más importantes fundaciones y ONGs que luchan contra el cáncer en la Argentina para llevar a cabo acciones en conjunto. El propósito de la alianza es fomentar la divulgación de información para concientizar a la población sobre la importancia de la detección precoz del cáncer.

En la mujer, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y por año se diagnostican entre 15.000 y 18.000 de casos en la Argentina, donde una de cada ocho mujeres se ve afectada por esta enfermedad, pero el dato a destacar es que 9 de cada 10 mujeres que lo detectaron en forma temprana, han logrado curarse.

Desde la Fundación, este año  se impulsa la  V Caminata AVON Alrededor del Mundo, que en sus ediciones anteriores ha reunido a más de 24.000 participantes.  En esta  edición de se suman el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y de instituciones como Fuca, Macma y Fundación Encuentro, entre otras. Asimismo, por 2º año consecutivo, Reebok será uno de los sponsors globales del evento.

El fin de la caminata es dar un mensaje de prevención y recaudar fondos para elMamógrafo Móvil AVON-LALCEC, que recorre los pueblos y ciudades más distantes del país, acercando a mujeres de bajos recursos, la posibilidad de realizarse una mamografía gratuita con la supervisión de médicos y especialistas.

Hasta el momento, el Móvil ha recorrido 157.100 kilómetros, realizando 92.819 mamografías gratuitas en más de 630 localidades del interior, logrando que más de 900 mujeres fueran diagnosticadas a tiempo y puestas bajo tratamiento.

El calendario comienza a fines de septiembre, e incluye las siguientes actividades abiertas a la comunidad:

- 26 de septiembre - 10.00 hs - Caminata AVON-LALCEC - Costanera Sur, Av. de los Italianos entre Macacha Gümes y Azucena Villaflor. La inscripción se realiza a través de la página web www.fundacionavon.org.ar o en los centros de inscripción habilitados hasta el 18 de septiembre.  Los primeros 7000 inscriptos recibirán una remera exclusiva de la Caminata y el evento no se suspende por lluvia.

- 28 de septiembre al 9 de octubre - Mamógrafo Avon -Lalcec POR LA CIUDAD.  Plaza San Martín (Calles: Crucero Gral. Belgrano y Juncal).  Los turnos para realizarse el estudio en forma gratuita, podrán solicitarse al 4832 4800 interno 106, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

- 1 de octubre - Dr. Reinaldo Chacón - FUCA - ¿ Qué sabe usted acerca del cáncer de mama?. Conferencia gratuita a la comunidad- Salón Dorado- Casa de la Cultura del gobierno de la Ciudad. Av. de Mayo 575 - 13.00 hs - Cupos limitados. Inscripción previa en info@fuca.org.ar

- 16 y 19 de octubre - FOE -  Entrega de obsequios a las pacientes internadas en los Hospitales Oncológicos

- 21 de octubre - MACMA - Charla de concientización sobre la detección precoz del cáncer de mama. Conferencia gratuita a la comunidad por mujeres que han padecido la enfermedad. Durante el mes de octubre también realizan la Campaña de mamografías gratuitas que donan distintos Centros de Imágenes.

- 21 de octubre - " Encuentro de victoriosas del Cáncer de Mama " - Auditorio FUCA- Crámer 1180 CABA

-10.00 hs - Envíe su testimonio. Inscripción previa en www.fuca.org.ar

- 28 de octubre - FOE - Jornada de Prevención, “Celebramos la vida” – Salón Atenea - Av. de Mayo 1375, 1º A - 16.30 hs – Además, durante todo octubre se realizarán ecografías mamarias y ginecológicas gratis, y  durante todos los días de atención se obsequiarán a las pacientes de la Fundación un presente que les recuerde que FOE no las deja sola en esta etapa que les toca vivir.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha comprometido su apoyo durante Octubre incluyendo la iluminación de una serie de monumentos ciudadanos en color rosa y la difusión de una agenda de prevención.

Las organizaciones que se aliaron para el “Mes de la Lucha Contra el Cáncer” son, en orden alfabético: el Hospital Roffo (www.institutoroffo.com.ar), La Fundación Cáncer (www.fuca.org.ar), la Fundación Avon (www.fundacionavon.org.ar), la Asociación civil Linfomas Argentina (www.linfomasargentina.org), la Fundación Oncológica Encuentro (www.fundacionencuentro.org.ar), la Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón (www.fundacionpcp.org), la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (www.lalcec.org.ar), el Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (www.macma.org.ar) y la Red Oncológica (www.redoncologica.com.ar) y Ketchum Argentina (www.ketchum.com.ar).

21/09

EDITORIAL

Descuido del sistema sanitario

Entre los problemas persistentes del sistema sanitario público se destacan la ausencia de un correcto mantenimiento de la infraestructura y la falta de incorporación de nuevo equipamiento. En una medida importante esto responde a carencias presupuestarias, pero la corrupción y la desidia agravan el estado de deterioro.

El Hospital de Clínicas dependiente de la UBA ejemplifica está situación, ya que carece de presupuesto para llevar adelante tareas de mantenimiento edilicias. Además, su crisis de desató a finales de la década de 1990 por una interna gremial en cuyo marco se habrían producido sabotajes y robos de equipos, a partir de disputas por el manejo de diversos servicios tercerizados.

Este cuadro derivo en la intervención dispuesta por la UBA en 2007 y entonces el Gobierno nacional prometió invertir más de cien millones de dólares para renovar totalmente la institución. Al presente no se ha difundido un plan de obras, pero el Rectorado anunció que el año próximo se concretarían.

Si bien se trataría de un paso necesario e importante, el mismo puede devenir insuficiente si se carece de un proyecto sanitario y académico adecuado, con reglas precisas y un compromiso claro para reconstruir la institución.

Y además, como se requiere en cada una de las piezas del sistema sanitario, es necesario un proyecto que contemple un mantenimiento permanente de la infraestructura, una actualización periódica de las herramientas tecnológicas y la disposición de personal suficiente y competente. .

La crisis del Hospital de Clínicas es una manifestación de las deficiencias del sistema sanitario, especialmente en materia de falta de mantenimiento y actualización tecnológica.

Multan a Macri por no presentarse

La jueza porteña Elena Liberatori dispuso multar al jefe de Gobierno por un total del 30% de su sueldo bruto correspondiente a este mes, luego de que Macri no compareciera, como había dispuesto el tribunal, a un reconocimiento judicial que debía hacerse el lunes pasado en el Hospital "Carolina Tobar García", ante denuncias de obras paradas que se presentaron en ese centro de atención neuropsiquiátrico de la Capital.

A pesar de las epidemias, Salud tendrá menos fondos

El Gobierno le quita 436 millones; pasado mañana paran hospitales

El dengue y la gripe A conmocionaron al país. En esos días de frenesí sanitario se aplaudía en despachos oficiales cada peso derivado de apuro a contener las epidemias. Pasada la urgencia y la inquietud social, y pese a que está latente la reaparición del dengue, los números vuelven a evidenciar las carencias de la salud pública, ya que el año próximo habrá menos dinero para atender cuestiones sanitarias.

Así lo expone el presupuesto recientemente enviado por la Casa Rosada al Congreso. El Ministerio de Salud tendrá un recorte de fondos del 7,1 por ciento en relación con este año. De 6101 millones de pesos disponibles en 2009 se pasará a 5665 millones en 2010. Caerá más, incluso, en la comparación del gasto general del Estado, pues del 2,5% en la asignación del presupuesto de 2009 pasará al 2,1% el año próximo, es decir, 16% menos.
"Es evidente que la salud no es una prioridad para el Gobierno. Esta es la caída presupuestaria más pronunciada en años", comentó Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, entidad que hará un paro de 24 horas pasado mañana en todos los hospitales para reclamar mayores recursos para el área sanitaria.

Los dirigentes gremiales, no obstante, tendrán asegurado el crecimiento de sus subsidios para las obras sociales. Una quinta parte de los fondos del Ministerio de Salud serán derivados a los gremios mediante los aportes a las obras sociales, hoy investigados por la Justicia y con serios interrogantes sobre su utilización con otros fines. En el presupuesto figura, entonces, que la Administración de Programas Especiales (APE) destinará a los sindicatos 1056 millones de pesos, algo más de los 963 previstos en 2009.

En el mensaje al Congreso, el Ministerio de Economía detalla necesidades de atención a la Salud y establece pautas de mejoras a alcanzar en el reparto de remedios, vacunas y tratamientos. Sin embargo, esa expectativa positiva choca con las cifras: 5665 millones de pesos para la Salud en 2010 contra los 6101 de 2009.

En el Ministerio de Salud, estaban sorprendidos por el recorte del presupuesto. Más porque el área estuvo en el foco de la atención pública -y de las críticas- por la falta de recursos para atender las epidemias de dengue y de gripe A. Dos enfermedades que demandarán nuevamente especial cuidado el año próximo. Pero habrá menos dinero que antes. Más pérdida de potencial económico si se toma en cuenta la inflación -incluso la oficial- y el aumento en los salarios estatales.

Prioridades

"El gobierno privilegia una ley de medios o darle fútbol al pueblo, pan y circo, antes que la salud de la población. El año próximo, no sólo vamos a sufrir epidemias de dengue y de gripe A, sino el rebrote de otras enfermedades emergentes. El problema es que acá el dinero no llega al paciente. El gasto en salud no es eficiente. Más del 30 por ciento se va en corrupción", dijo Edgardo Trivisono, médico sanitarista, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud fue uno de los dos que sufrieron recortes. El otro perjudicado fue el de Interior, con una disminución asignada de gastos del 18 por ciento.

"Con la epidemia de gripe A, se mostró que el sistema no tiene respuestas a una emergencia por falta de insumos y personal. El presupuesto ya no alcanzaba para las campañas básicas, así que sorprende el recorte", comentó Claudio Santa María, director del Instituto Superior de Ciencias de la Salud.

En las planillas presupuestarias, también figura una fuerte disminución en gastos de inversión en investigación: de los 249 millones de pesos de este año a 123 millones otorgados para 2010. Justo para un año en el que la presidenta Cristina Kirchner anunció el inicio de la investigación para el desarrollo local de una vacuna contra la gripe A. Parece ahora difícil de cumplir esa promesa.

Es aun más dura la caída del gasto en Salud si se toma en cuenta que en plena epidemia de gripe A, con escuelas y comercios cerrados por los contagios, además de hospitales colapsados, falta de respiradores y carencia de antivirales, la Casa Rosada anunció la reasignación de fondos por 1000 millones de pesos para enfrentar la emergencia.

Si llegara de nuevo el momento de obtener fondos de otras áreas para ayudar a los hospitales, habrá una que estará a salvo de recortes: el fútbol. Sucede que el artículo 30 de la ley de presupuesto establece que los recursos destinados al contrato con la AFA son de afectación específica y no podrán ser tocados.

Claves

• Menos recursos . El presupuesto de 2010 para el Ministerio de Salud será de 5665 millones de pesos, cifra que representa una caída del 7,1 por ciento con relación al gasto aprobado para este año.

• Sindicalistas, contentos . Pese al recorte de fondos, el Ministerio de Salud deberá destinar más dinero para la Administración de Programas Especiales (APE), que otorga subsidios a las obras sociales. En 2010 se dará a los gremios 1056 millones de pesos, 93 millones de pesos más que este año.

• Más recortes . El área de investigación y compra de bienes del Ministerio de Salud recibirá el año próximo 123 millones de pesos, en lugar de los 249 millones de pesos asignados en 2009.

• Huelga . La Federación Sindical de Profesionales de la Salud realizará pasado mañana un paro para reclamar por la disminución del presupuesto.

22/09

El Gobierno se financia con $1.630 millones del PAMI

La Letra del Tesoro fue emitida directamente por el Ministerio de Economía y será suscripta por la obra social de los jubilados.

El Ministerio de Economía dispuso este martes la emisión de una Letra del Tesoro por 1.630 millones de pesos que será suscripta directamente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

En los últimos tiempos, el Gobierno usó esta maniobra financiera, ya que tiene cerrados los mercados voluntarios y Venezuela, otro financista habitual, oferta intereses mucho más altos. Así, los K suma fondos gracias a los superávits de algunas dependencias públicas.

Con fecha de la semana pasada, la resolución conjunta231/2009y 61/2009 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas fue publicada este martes en el Boletín Oficial y establece un período de pago de 180 días. Esta Letra vence el 16 de marzo de 2010 y los intereses se calcularán sobre la base de los días efectivamente transcurridos, devengando la tasa fijada en función de la nominal anual de corte de la licitación de Lebac a tasa fija efectuada por el Banco Central, a un plazo similar a un semestre en la fecha previa más cercana a la fecha de suscripción de la Letra.

La amortización será íntegra al vencimiento y el emisor podrá cancelar anticipadamente en forma total o parcial la Letra del Tesoro, a partir de los 90 días de su fecha de emisión.

23/09

Pararán hoy los médicos de 700 centros sanitarios de 18 provincias

En la provincia de Buenos Aires también harán paro enfermeros y administrativos.

Los médicos de hospitales públicos y salas sanitarias de 18 provincias argentinas realizarán hoy un paro de 24 horas en reclamo de la reapertura de las discusiones salariales en esos distritos y de una mayor inversión en salud pública. De acuerdo a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA), el paro se hará sentir fuerte en 200 hospitales (los de las mayores ciudades del país) y 500 centros de atención primaria de la salud.

La medida de fuerza afectará a los centros sanitarios de todas las provincias en las que tiene afiliados FESPROSA. Las excepciones son Formosa, Misiones, Santa Cruz, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba hoy los hospitales funcionarán con normalidad, pero porque en esa provincia los médicos pararon ayer (ver "Cede el...").

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires salieron anoche a asegurar que se garantizarán las guardias mínimas en los hospitales bonaerenses. En la provincia además de los médicos pararán las enfermeras, el personal de maestranza y administrativo afiliado a ATE.

En las otras 17 provincias harán paro sólo los profesionales de la salud, es decir médicos, bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, odontólogos y trabajadores sociales.

Por disposiciones legales, "pero también por convicción", según dijo Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA, el personal profesional atenderá hoy, aunque esté de paro, a los internados y en las guardias de emergencias. Lo que se suspenderán hoy -y deberán ser reprogramadas- son las atenciones con turnos, las cirugías y los estudios.
Los reclamos de los profesionales de la salud son cuatro:

"Mayor inversión en salud pública para garantizar el derecho de todos los habitantes del país a recibir la atención adecuada".

"El pase a planta de los profesionales que están en negro".

"El traspaso de nuevo al estado del hospital de Niños de Salta, que se encuentra gerenciado por una empresa".

"La reapertura de la discusión salarial en todas las provincias".

"En muchas provincias, como Santiago del Estero, Jujuy, Entre Ríos y Tierra del Fuego, este año directamente no hubo aumentos salariales", explicó el gremialista Yabkowski. Y agregó: "En otras sí. En la provincia de Buenos Aires fue del 11 por ciento y en Santa Fe del 15, el máximo en todo el país".

Lo que reclama la Federación es que se reabra la negociación salarial en el segundo semestre de este año. Los médicos también demandan que el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, los reciba. "Pedimos la convocatoria a un ámbito nacional de diálogo social que por encima de los límites jurisdiccionales siente las bases de un piso de derechos para todos trabajadores profesionales", dijo el presidente de FESPROSA.

Lo que pretenden es que a nivel nacional se fije un piso salarial, al igual que lo que sucede con los docentes.

Trabajo con menores en las villas

El trabajo en las villas de la ciudad se centrará en la visita, puerta a puerta, a las familias con chicos y adolescentes, tanto para prevenir que dejen la escuela como para evitar que se transformen en alguno más de los cientos que duermen en las calles de la ciudad.
Así lo afirmó María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social porteña. "Estamos trabajando, con personal del ministerio, con cada familia. Creemos que la política es prevenir", dijo.
Respecto de las urbanizaciones previstas por el gobierno, indicó que se avanza en las villas chicas o medianas con las obras que realiza la Corporación del Sur. Tal es el caso de Los Piletones, la villa 3, la 17, la 19 y la 20. En todos esos asentamientos, también se ha censado la población, al igual que en la villa 31 y 31 bis.

-¿Avanza la urbanización de la villa 31 y 31 bis?

-La mesa de delegados y funcionarios gubernamentales sigue funcionando. Creo que tiene grandes posibilidades de urbanizarse a pesar de su fragmentación política.

-Pero ¿la Justicia no reconoce el censo que se realizó?

-Sería un gran avance que se tomara el censo como válido e incluso que después se den días para que quienes creen que quedaron afuera se anoten. Fue un censo impecable que realizó el área de Estadísticas, nosotros sólo colaboramos. Es fundamental que haya elecciones de delegados para que el Estado tenga una contraparte representativa y se pueda avanzar en un plan.

Según datos del censo que realizó el gobierno porteño en el asentamiento, el 50,6 por ciento de las 26.270 personas que viven en esa zona de Retiro nacieron en otros países.
El grupo más numeroso es el conformado por los ciudadanos paraguayos, que representan el 23,9% de los habitantes; seguidos por ciudadanos bolivianos, el 16,6%, y peruanos, el 9,8%. El resto de los habitantes nacieron en la ciudad de Buenos Aires, el 29,6%; en la provincia de Buenos Aires, 4,6%, y en otros distritos, el 14,7 por ciento.

Argibay volvió a pedir un debate por el aborto

En un mes hubo 204 consultas de mujeres

La jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay volvió ayer a exhortar a los legisladores a que traten los proyectos de despenalización del aborto, al advertir que se trata de un problema que afecta, en especial, a "mujeres jóvenes, pobres e ignorantes", sin acceso a educación ni a métodos anticonceptivos.

"No defiendo el aborto, no soy abortista ni ando persiguiendo a las mujeres embarazadas para que aborten", subrayó la jueza en declaraciones radiales. Y calificó de "tragedia" el alto número de muertes que arrojan las complicaciones por interrupciones de embarazos entre las mujeres más desposeídas.

Argibay subrayó que los riesgos para la salud en abortos no son los mismos para los sectores medios y altos, con recursos económicos y educativos, y dijo no entender cómo todavía este tema sigue siendo "tabú". La magistrada insistió en pedirle al Congreso que discuta los proyectos relacionados con la problemática y se quejó de la "cantidad de influencia terrible" que rodea el tema.

Las declaraciones de Argibay sobrevinieron un día después de que la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto diera a conocer, en la Legislatura porteña, un balance sobre los primeros 30 días de operatoria de una línea telefónica (011-156-664-7070) de asesoramiento sobre abortos mediante la droga misotropol para el tratamiento de úlceras.

La línea Aborto: más Información menos Riesgos recibió en un mes 345 llamadas de mujeres de entre 13 y 47 años, de las cuales 204 buscaron interiorizarse sobre procedimientos abortivos mediante esa droga, que en el país se vende bajo receta archivada con el nombre de Oxaprost o Blokiumprost.
El 11 por ciento de las llamadas correspondieron a menores de edad y el 92% de las mujeres estuvo acompañado al momento de la llamada. En el 23% de los casos, por sus parejas. El balance mostró que en el 82% de los casos los embarazos fueron producto de la negativa del varón a usar preservativo.

En diálogo con LA NACION, Gabriela Díaz Villa, una de las propulsoras de la línea telefónica, contó que en más del 90% de los casos las mujeres dijeron sentirse "intimidadas" por conocer experiencias de violencia, amenazas o denuncias sufridas por otras mujeres que recurrieron al sistema de salud para consultar cómo interrumpir un embarazo.

"Violencia médica"

"A partir de las llamadas, también notamos que muchas mujeres recibieron información falsa por parte de sus propios médicos sobre los riesgos del misotropol: desde advertencias sobre que su uso podría provocarles el estallido del útero hasta padecer derrames cerebrales o sufrir severas hemorragias", afirmó Villa, que englobó ese tipo de información en lo que parangonó como

"violencia médica u obstétrica".

Luciana Sánchez, miembro de la misma organización feminista, aclaró que la iniciativa no recomienda ni prescribe métodos anticonceptivos y tampoco compromete a la mujer a tomar una decisión: "Sólo se limita a brindar la información que elaboró la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del misotropol como método abortivo en las primeras 12 semanas de gestación, junto con el protocolo de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLOG), que también aprueba su uso", señaló a LA NACION.

Más de la mitad de las consultas telefónicas ?el 53%? correspondió a mujeres que residen en Buenos Aires o en el conurbano, y su duración promedio fue de 30 minutos. Sólo en el 8 % de los casos la mujer se hallaba sola.

ESCUELA DE SALUD INEBA

Cursos para asistir a gente con demencia
La Escuela de Salud Ineba dictará este mes el curso "Cuidados del Paciente con demencias o deterioro cognitivo. Estrategias de abordaje en la vida cotidiana", orientado a asistentes gerontológicos, enfermeros y acompañantes terapéuticos. Las clases se dictan los martes, de 19 a 22, en Guardia Vieja 4435. Para mayores informes: 4867-7759, de lunes a jueves, de 18.30 a 21, o por mail ainfo.escuela@ineba.net

Se realizó una jornada sobre células madre en el sistema de salud porteño

Durante el cónclave celebrado en la Legislatura se afirmó que "el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires deberá promover la investigación de células madres".

La diputada María Eugenia Rodríguez Araya, organizadora de la Jornada sobre Células Madre en el sistema de Salud de la Capital Federal, expresó que "los resultados y aplicaciones generan expectativas individuales y colectivas en nuestra sociedad, esto demanda al Estado, la función de ser el regulador y organizador de la vida social, y es él, quien debe brindar los conocimientos y medios suficientes para que ningún ciudadano quede excluido de los beneficios que aporta la ciencia".

Citando la Constitución de la Ciudad en su Artículo 20, la diputada manifestó que “se garantiza el derecho a la salud integral, que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente”.

La legisladora del PRO continuó diciendo que “creí necesario la elaboración de un proyecto de ley, el cual ha sido presentado el 23 de julio de este año, en el que entre otras obligaciones, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá promover la investigación continua y permanente acerca de técnicas de extracción, separación, cultivo, administración y control de células madres”.

“Es nuestro deber como dirigentes de esta Ciudad elaborar aquellas herramientas que permitan el progreso de las ciencia, apoyando el trabajo de nuestros investigadores, y garantizar así, la salud de nuestros conciudadanos, asegurándoles los beneficios del bien común. El Estado debe asumir la responsabilidad de fiscalizar a los efectores de salud, y garantizar a todas las personas, los beneficios del sistema público de salud.”, finalizó su exposición la diputada Rodríguez Araya en la apertura de las Jornadas en donde participaron dirigentes políticos, académicos, doctores y científicos.